Un informe técnico solicitado por el fiscal Gerardo Pollicita reveló serias contradicciones en la evolución patrimonial del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su paso por la función pública. El análisis, elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal, será evaluado durante la feria judicial de invierno y se espera que, en los primeros días de agosto, Adorni sea llamado a declarar en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito.

Fuentes judiciales confirmaron a El Destape que el informe contiene «inconsistencias» en las declaraciones juradas que el exfuncionario presentó cada año. La fiscalía analizará ahora los movimientos internos, las devoluciones, los rescates de inversiones, los reintegros, los préstamos, las ventas de activos, las conversiones de moneda y las acreditaciones realizadas por terceros, entre otros puntos. El paso previo a un eventual pedido de indagatoria es que Pollicita realice un requerimiento de justificación patrimonial. Si la documentación no satisface a los investigadores, el fiscal solicitará la citación ante el juez Ariel Lijo.

Una fortuna imposible de justificar con un sueldo de 3,5 millones de pesos

De mínima, Adorni tiene que explicar 500 mil dólares que él mismo admitió haber tenido en negro. Antes de presentar su última declaración jurada, dijo en una entrevista televisiva que había invertido 200 mil dólares en criptomonedas en 2014 y que obtuvo ganancias por otros 300 mil, fondos que nunca había declarado porque «la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro». El exfuncionario se inscribió luego en el régimen de inocencia fiscal impulsado por el gobierno libertario para blanquear ese dinero, pero los informes solicitados a las plataformas Binance y Lemon indicarían que sus movimientos en criptoactivos no cierran con la explicación que dio públicamente.

La comparación de sus declaraciones juradas originales con la última, presentada días antes de dejar el cargo, muestra un salto de 25,6 millones de pesos en bienes, depósitos y dinero a 944,5 millones. Un patrimonio imposible de solventar con un sueldo que hasta febrero no superaba los 3,5 millones de pesos y que luego llegó a siete. Durante su gestión, Adorni incorporó un departamento en Caballito por 230 mil dólares —de los que solo pagó 30 mil al contado y el resto lo financiaron, sin interés, dos jubiladas que no lo conocían—, más refacciones por 65 mil dólares, y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, por 120 mil dólares, cubierta con un préstamo de dos mujeres policías. El contratista Matías Tabar declaró que solo en esa propiedad se invirtieron 245 mil dólares en efectivo para remodelaciones. A eso se suman gastos de alto nivel: ropa de cama y sommiers por 8 millones de pesos, monitores gamer y proyectores por más de 5 millones, adquiridos con tarjetas de crédito de sus propios empleados a quienes luego les devolvía el dinero en efectivo.

Viajes, lujo y un pedido de explicaciones inminente

La causa se originó a raíz de la publicación de una foto que reveló que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, viajó con él a Nueva York en marzo pasado. Luego se supo que el entonces vocero se había movido en avión privado a Punta del Este, con un costo de 9 mil dólares que habría pagado el conductor Marcelo Grandio, amigo del funcionario y contratista de la TV Pública. También pasó las fiestas de fin de año en Aruba, alojado en dos hoteles de lujo; se había escapado al Llao Llao con su familia; su esposa viajó a España con amigas, y disfrutaron dos fines de semana en un all inclusive en Gualeguaychú, entre otros destinos.

El análisis encomendado a la DAFI abarca siete puntos: desde la composición y evolución de los bienes, la identificación de todas las fuentes de ingresos, las entradas y salidas de fondos, hasta la elaboración de una ecuación patrimonial anual y acumulada que compare los ingresos lícitos con los gastos. Terminada la feria judicial de invierno, el fiscal correrá vista a Adorni para que justifique su situación económica. Si las explicaciones no convencen, el pedido de indagatoria será el paso siguiente, y será el juez Lijo quien defina si el exfuncionario deberá sentarse en el banquillo de Comodoro Py.