Los trabajadores administrativos y de servicios de las universidades nacionales llevarán adelante una medida de fuerza este jueves y viernes en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto.
Los trabajadores no docentes que cumplen funciones en el ámbito de las universidades nacionales llevarán a cabo un nuevo paro general de actividades por un plazo de 48 horas. Esta medida de fuerza, que fue formalmente convocada para desarrollarse durante los días jueves 27 y viernes 28 de agosto, tendrá un acatamiento y un alcance total a nivel nacional. La decisión de avanzar con esta protesta profundiza significativamente el actual conflicto que el sector educativo superior mantiene abierto con el Gobierno nacional. Los principales ejes del sostenido reclamo giran en torno a la urgente necesidad de una recomposición salarial y la exigencia por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
En lo que respecta al impacto territorial de esta disposición gremial en la provincia de Entre Ríos, la protesta alcanzará de manera directa a todos los trabajadores que forman parte de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Como consecuencia de esta masiva adhesión, se prevé que las diferentes actividades administrativas, las tareas de mantenimiento y los servicios generales que se encuentran fuertemente vinculados a las distintas unidades académicas e institucionales de la casa de altos estudios puedan verse severamente afectados durante el transcurso de ambas jornadas hábiles. Esta inminente medida de fuerza se suma directamente a la seguidilla de paros que ya protagonizó el sector universitario a lo largo de todo el mes de agosto.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) es la entidad que impulsa y sostiene firmemente este reclamo sectorial en todo el país. Desde la organización sindical exigen una urgente recomposición salarial que permita hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo, sumado al cumplimiento estricto de la legislación vigente. En este contexto, el conflicto se mantiene completamente abierto mientras las autoridades gremiales cuestionan que el Gobierno nacional no haya implementado de manera integral la normativa que ya fue debidamente aprobada por el Congreso de la Nación.
Reclamos integrales y próximos pasos
El pliego de exigencias elevado por los representantes de los trabajadores no se limita exclusivamente a la cuestión de los haberes mensuales. Los sindicatos del sector también plantean, con carácter de urgencia, la imperiosa necesidad de que el Estado garantice los recursos económicos indispensables para el normal funcionamiento de todas las universidades públicas del país, el sostenimiento de los programas de becas estudiantiles y la operatividad ininterrumpida de los hospitales universitarios. En paralelo a este tenso escenario de protestas continuas, la discusión paritaria formal permanece abierta y las autoridades del Gobierno nacional convocaron a los referentes gremiales a una nueva reunión de negociación pautada para el próximo 1° de septiembre.
Este nuevo cese de 48 horas se incorpora a un nutrido y conflictivo calendario de protestas que ya ha afectado de manera considerable el normal desenvolvimiento de las universidades nacionales durante todo el mes en curso. En la provincia de Entre Ríos, tanto los trabajadores docentes como los no docentes vienen participando activamente y de manera conjunta en las diversas medidas de fuerza, unificando sus voces para reclamar respuestas concretas frente a la agobiante situación salarial y al déficit en el financiamiento general de las instituciones.
De hecho, esta nueva disposición llega inmediatamente después de haberse concretado una semana completa de paro por parte del sector docente, volviendo a poner en el centro de la escena y en el primer plano del debate público el crítico funcionamiento operativo de las entidades estatales. Para el sector estudiantil, el impacto real de estas jornadas dependerá exclusivamente del nivel de adhesión que registre cada claustro en particular y de las actividades que se encontraban previamente previstas en cada unidad académica.
Finalmente, resulta importante destacar que el actual conflicto universitario ostenta, además de su vertiente económica, una innegable dimensión política y judicial. Los representantes gremiales sostienen de forma categórica que el Gobierno debe avanzar, sin mayores dilaciones, con la reglamentación y aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, así como también dar estricto cumplimiento a las diversas decisiones judiciales que se han emitido vinculadas a este sector. Frente a este panorama, la marcada falta de un acuerdo integral entre las partes mantiene latente y completamente abierta la posibilidad de que se convoquen nuevas y más profundas medidas de fuerza durante las próximas semanas.
