El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos respondió un pedido de acceso a la información pública con vacíos sobre compras de equipamiento y convenios de seguridad, mientras que el relevamiento de órdenes de compra muestra que dos proveedores concentran el 47% de las contrataciones entre 2024 y 2026.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos (Dirección Administrativa 906) respondió un pedido de acceso a la información pública presentado por ANÁLISIS en el marco de la Ley 11.191 sobre presupuesto, adquisiciones de equipamiento para la Fuerza, convenios de seguridad y contrataciones de bienes y servicios entre 2023 y lo transcurrido durante 2026. La respuesta, firmada por la contadora Maricel Hollmann, directora general del Servicio Administrativo Contable, admite vacíos de información sobre el año en que se creó la cartera y sobre las compras de armamento y tecnología para la Fuerza, mientras que el detalle de las órdenes de compra relevado por ANÁLISIS muestra una fuerte concentración de las contrataciones en un puñado de proveedores.
El Ministerio de Seguridad y Justicia existe desde enero de 2024, a partir de la Ley 11.135, luego de desprenderse del entonces Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación. Esa circunstancia administrativa es la que el propio organismo invoca para justificar que no tiene información precisa sobre el 2023: «Tenemos registros desde el año 2024 porque antes correspondía al Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación y desde la DA 906 no tenemos acceso al SIAF para visualizar los bienes adquiridos en ese periodo», señala la respuesta oficial.
El punto es especialmente sensible porque se refiere puntualmente a la nómina de adquisiciones de equipamiento para la Fuerza, es decir, desde automóviles hasta armamento y tecnología, financiadas con el Fondo Provincial de Seguridad (FO.PRO.SE) que crea la Ley 10.364. El Ministerio reconoce no tener registro de 2023 y afirma que ni siquiera la Policía de Entre Ríos pudo reconstruir esa información. «Se han consultado en la policía y no tienen manera de visualizar cuáles hayan sido los bienes entregados bajo esta modalidad», admite el documento.
Tampoco hay registro de compras bajo esa modalidad durante 2024. Recién para 2025 el Ministerio pudo acompañar un detalle concreto, que se limita a bienes informáticos entregados a la Policía de Entre Ríos y al Servicio Penitenciario: siete notebooks para la Jefatura de Policía por 1.325.895 pesos cada una, y un lote de CPU y monitores para el Servicio Penitenciario adquiridos a la firma Azteca SA. Es decir, en los hechos, dos de los tres años y medio que cubre el pedido de información quedan sin ningún control público sobre qué se compró con el Fondo de Seguridad. Para 2026, el informe indica que hay expedientes en trámite bajo esa modalidad, pero que los bienes todavía no fueron adquiridos.
El pedido de ANÁLISIS también indagó sobre los convenios de seguridad suscriptos con Nación y Fuerzas Federales, incluyendo el Plan Paraná y el Consejo de Seguridad Interior, con el detalle de compromisos asumidos por las partes y fondos comprometidos y percibidos. La respuesta del Ministerio se agotó en una sola línea: «No estoy en conocimiento que haya convenios en el Ministerio de Seguridad y Justicia». No se acompañó ningún anexo sobre el punto, pese a que ambos programas son mencionados expresamente en la categoría programática 29 del propio presupuesto ministerial, dedicada a la coordinación de políticas de seguridad vial y de prevención.
El Anexo I del informe, correspondiente a Rentas Generales del ejercicio 2023, muestra que el crédito originalmente asignado a las distintas dependencias que hoy integran el Ministerio de Seguridad y Justicia fue de 195.585.000 pesos, mientras que lo efectivamente devengado ascendió a 280.112.339,68 pesos: una sobre ejecución del 43%. El propio informe aclara que ese ejercicio corresponde a reparticiones que en 2023 dependían todavía del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, entre ellas la Secretaría de Justicia, el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, el Notariado, la Dirección de Derechos Humanos y el Consejo de la Magistratura.
El Anexo IV del informe detalla las órdenes de compra emitidas entre 2024 y junio de 2026, con proveedor, fecha, número de expediente, importe y estado. El relevamiento de esas 352 órdenes, por un total de 536.253.325 pesos, muestra una concentración llamativa: la razón social Novatti Carlos Marcelo y Felgueres Néstor Alberto S.H. encabeza el listado con 79 órdenes de compra por 134.928.251 pesos, equivalentes al 25% de todo lo contratado por el Ministerio en dos años y medio. En segundo lugar, aparece la firma Azteca Sociedad Anónima, con 33 órdenes por 117.516.009 pesos. Entre ambos proveedores concentran 251.744.260 pesos, casi el 47% del total contratado por el organismo en el período relevado.
El resto del podio lo completan Papelería El Cuyano S.R.L. (19 órdenes, 42.300.544 pesos), Golda Ernesto Natán -que opera bajo el nombre de fantasía «Nueva Ferretería Francisco Ramírez»- con apenas 3 órdenes por 36.701.191 pesos, entre ellas una compra directa de 33.489.749,70 pesos en abril de 2025, la segunda orden individual más alta de todo el relevamiento; e Ineco SRL, con 17 órdenes por 30.301.000 pesos. En conjunto, los cinco proveedores principales absorben el 67,5% de todo lo que el Ministerio de Seguridad y Justicia contrató en órdenes de compra durante 2024, 2025 y el primer semestre de 2026. Diez proveedores sobre un total de más de setenta que aparecen en el listado concentran el 79,3% de los 536.253.325 pesos adjudicados.
El informe aclara que la mayoría de esas adquisiciones se tramitó por cotejo de precios o solicitud de cotización, y no por licitación pública, y que las compras directas -que representan un régimen de excepción- no generan orden de compra, por lo que no están incluidas en ese universo. El detalle de compras directas que sí acompañó el Ministerio corresponde únicamente al año 2026, ya que según el propio organismo «desde el presente año se empezó a llevar el registro de esta manera»: es decir que no hay información sistematizada de compras directas para 2024 ni 2025.
El Anexo VII, con el listado de bienes patrimoniales adquiridos por inciso 4 (bienes de capital) para todo el Ministerio entre 2023 y 2026, permite reconstruir algunas de las compras de mayor valor unitario. La más alta corresponde a un drone DJI Mavic 3T adquirido en 2025 para la Dirección Provincial de Defensa Civil, por 21.283.744 pesos, a la firma Azteca SA. El mismo proveedor y el mismo expediente incluyen una notebook Dell por 3.637.000 pesos y un televisor Samsung de 55 pulgadas por 1.024.285 pesos, también para Defensa Civil. Otras adquisiciones destacadas incluyen una cámara fotográfica por 5.741.900 pesos, un grupo generador Inverter Honda por 3.300.000 pesos y un grupo electrógeno por 1.500.000 pesos, ambos para Defensa Civil, y un scanner Kodak Alaris por 5.799.630 pesos para el Registro de la Propiedad Inmueble de Victoria.
El Anexo VIII detalla la flota de vehículos oficiales del Ministerio para el período 2024-2026, adheridos además al programa YPF en Ruta para la carga de combustible. El listado incluye 28 unidades, entre ellas cuatro Chevrolet S10, tres Volkswagen Vento, dos Volkswagen Bora y dos Ford Ranger, asignados a áreas como Defensa Civil, Secretaría de Justicia, Secretaría Privada, Secretaría de Trabajo, Prensa y Asuntos Políticos.
