El Ejecutivo provincial rechazó formalmente la operación del petrolero VS Promise en la capital fueguina, renovando sus críticas hacia la intervención nacional de la terminal marítima y reclamando su restitución.
El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresó su más enérgico rechazo ante la presencia del buque petrolero VS Promise, de bandera británica, operando en el Puerto de Ushuaia. Desde la gestión encabezada por el gobernador Gustavo Melella aprovecharon la situación para cuestionar duramente la decisión del Gobierno nacional de intervenir la terminal marítima, una medida que actualmente se encuentra judicializada a la espera de un fallo de la Corte Suprema.
A través de diversas entrevistas, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, calificó el episodio como un «hecho inédito». El funcionario detalló que la embarcación ya partió con presunto destino a los Estados Unidos, pero enmarcó el suceso dentro de un contexto geopolítico que considera alarmante para la región. Al respecto, recordó el paso previo del buque de guerra británico HMS Medway por el Mar Argentino, la instalación de un radar de capitales ingleses y la inminente exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas por parte de la empresa israelí Navitas.
En un tono marcadamente crítico hacia la Casa Rosada, Dachary apuntó directamente contra la figura presidencial y sus afinidades internacionales: “Nosotros sabíamos desde un principio que si el país había elegido a un Presidente que su ídola era Margaret Thatcher, esto no iba a terminar bien”.
Contradicciones y reclamos oficiales
Mediante un extenso comunicado institucional, el gobierno fueguino tildó de «inadmisible» que una embarcación perteneciente a la potencia que ocupa de forma ilegítima las Islas Malvinas opere libremente en la capital provincial. El texto oficial subraya lo que consideran una grave contradicción por parte de la administración nacional: señalan que el Gobierno de Javier Milei justificó la sustracción de la administración del puerto invocando su «carácter de activo estratégico» para defender la soberanía y, paradójicamente, ahora autoriza operaciones incompatibles con esa misma premisa.
Frente a este escenario, las autoridades fueguinas exigieron al Ejecutivo nacional que informe de manera inmediata y pública los criterios políticos, estratégicos y administrativos bajo los cuales se autorizó este amarre. Finalmente, reiteraron su demanda de cesar la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y exigieron la restitución definitiva de la administración portuaria a la provincia, advirtiendo que continuarán defendiendo por todas las vías institucionales sus recursos e intereses estratégicos en el Atlántico Sur.
