El juez federal Leandro Ríos indagó a los sospechosos capturados en el norte entrerriano con un cargamento millonario de droga. Los imputados optaron por el silencio y aguardan la resolución procesal alojados en Paraná.
El Juzgado Federal Nº 1 de Paraná, a cargo del magistrado Leandro Ríos, avanzó en las últimas horas con las instancias indagatorias a los cinco individuos que resultaron detenidos la semana pasada tras un cinematográfico operativo antinarcóticos. El procedimiento, que concluyó con el secuestro de un voluminoso cargamento de aproximadamente 20 kilogramos de cocaína de máxima pureza, tuvo lugar en el estratégico puesto caminero de Paso Telégrafo, ubicado sobre la Ruta Nacional 12, en jurisdicción del Departamento La Paz.
El megaoperativo de seguridad, que se había mantenido bajo un estricto e infranqueable hermetismo investigativo hasta las primeras horas de este lunes, se materializó el pasado jueves en horas del mediodía. En ese neurálgico punto limítrofe, que conecta el norte de la provincia de Entre Ríos con la vecina jurisdicción de Corrientes, los efectivos pertenecientes a la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos se encontraban realizando un control vehicular de rutina cuando advirtieron severas anomalías e irregularidades en la documentación y en la estructura física de dos automóviles que transitaban por el corredor vial.
Ante las marcadas sospechas y el estado de nerviosismo de los ocupantes, los uniformados procedieron a profundizar la requisa de ambos rodados. Fue en esa minuciosa inspección física donde las fuerzas provinciales lograron hallar los estupefacientes, los cuales se encontraban cuidadosamente ocultos en compartimentos especialmente acondicionados para intentar evadir los controles tecnológicos y cinotécnicos. Tras el pesaje oficial, se confirmó el secuestro de los 20 kilos de droga, asestando un golpe millonario a las estructuras del narcotráfico regional. De inmediato, se dispuso la incautación de la totalidad de la sustancia ilegal, el secuestro preventivo de los dos vehículos involucrados y la aprehensión de los cinco sujetos que viajaban en ellos. Todo apunta a que uno de los autos funcionaba como «puntero», circulando por delante para alertar sobre posibles controles policiales, una modalidad clásica en estas redes criminales.
Tras permanecer bajo custodia policial primaria, los cinco imputados fueron trasladados hacia la capital entrerriana para comparecer el viernes en la audiencia de indagatoria. Según trascendió desde las oficinas judiciales vinculadas al caso, los acusados hicieron uso de su derecho constitucional y optaron por abstenerse de prestar declaración ante el juez federal. Esta estrategia de silencio resulta habitual en las etapas iniciales de los procesos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737, mientras los abogados defensores analizan los elementos probatorios acumulados en el expediente.
Frente a la negativa a declarar y la gravedad del delito federal que se investiga, la Justicia ordenó que los cinco detenidos queden inmediatamente alojados bajo prisión preventiva en las instalaciones de la Unidad Penal Nº 1 de la ciudad de Paraná. Allí permanecerán recluidos mientras el magistrado interviniente cuenta con el plazo legal para analizar las pruebas, evaluar los grados de participación y resolver sus respectivas situaciones procesales mediante un auto de procesamiento.
Paralelamente, el hermetismo inicial del caso encontró su justificación en el despliegue de nuevas medidas judiciales. A raíz del hallazgo, la Justicia ordenó una serie de allanamientos y tareas investigativas simultáneas en diversas ciudades. El objetivo central de estos procedimientos conexos es desarticular por completo la organización, identificar a los financistas y rastrear los destinos finales donde la sustancia incautada pretendía ser comercializada.
