La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) se presentó en el expediente $LIBRA, asumió la acción penal en reemplazo del fiscal Eduardo Taiano y pidió reabrir la causa, tras los sobreseimientos de Javier Milei, Karina Milei y otros imputados, según informó Irina Hauser el 31 de octubre de 2026.
En un escrito de 15 páginas, el organismo que dirige el fiscal Sergio Rodríguez sostuvo que los sobreseimientos fueron “prematuros”. Entre los sobreseídos figuran también Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, el estadounidense Hayden Davis y el exasesor de la Comisión de Valores Sergio Morales. “No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario”, planteó la PIA, que señaló peritajes inconclusos de los celulares y de la ruta del dinero, chats borrados, pruebas mal valoradas y un apartamiento cuestionable de los damnificados.
El pedido de intervención y la cronología
La intervención de la PIA había sido solicitada el martes último por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que actúan como “amicus curiae” en la causa. Pidieron que el organismo asumiera la función acusadora que Taiano había abandonado, ya que la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal prevé que así lo haga cuando un fiscal deja de investigar en pleno trámite.
Taiano presentó el jueves 22 de octubre por la mañana un dictamen en el que proponía los sobreseimientos, aunque quedaban pendientes medidas que él mismo había ordenado. El juez Marcelo Martínez de Giorgi los dispuso y cerró la causa al día siguiente, pasado el mediodía, y horas después se fue de vacaciones. Por eso, las apelaciones de las querellas llegaron al juez Daniel Rafecas, que lo subroga por dos semanas, y también recibió el planteo de la PIA.
Ese mismo jueves, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propuso a Milei nombrar a Rafecas en la Cámara de Casación Nacional, cargo para el que concursó, y entregó un proyecto para enviar su pliego al Senado.
El juzgado debe responder a los reclamos de los querellantes y al planteo de la PIA, que presentó una apelación en subsidio por si rechazan que asuma la acción penal. Según la crónica, esto abrirá una nueva instancia de discusión en el expediente. La nota indica que los antecedentes de la Corte Suprema y de Casación Federal favorecen la incorporación de la Procuraduría, que participó en los inicios del caso y no continuó porque Taiano no la convocó como auxiliar. La PIA asumió la acción en otros expedientes, como Skanska.
La tesis de la ausencia de engaño
La PIA cuestiona el argumento de los sobreseimientos según el cual no hubo estafa, porque no existió engaño que indujera a error a quienes compraron $LIBRA: el mercado de criptomonedas implica riesgos conocidos por el inversor y carece de regulaciones. La nota consigna que hubo más de 40.000 damnificados y que 74 billeteras con información privilegiada se habrían quedado con más de 200 millones de dólares.
Para la Procuraduría, ese enfoque “omite ponderar en su totalidad las condiciones de emisión del token” y no considera los roles de todas las personas involucradas, entre ellas el Presidente. Según el escrito, el caso investiga si el token se generó para inducir a invertir usando como señuelo la promoción del Presidente, para luego retirar el dinero recaudado. Entre las cuestiones pendientes, el organismo menciona cómo difundió Milei un contrato que aparentemente no era de acceso público. El posteo de Milei fue el 14 de febrero de 2025 a las 19.01: llamaba a comprar $LIBRA y lo presentaba como una inversión para fondear pequeñas empresas argentinas, algo que no ocurrió.
Rodríguez sostuvo que la regulación incipiente o ausente de las monedas virtuales no es una “carta blanca de indemnidad” para sus promotores ni desampara a los inversores frente a maniobras defraudatorias. Consideró inadmisible decretar que no hubo delitos en una etapa tan inicial de la investigación, y menos aún dejando al margen a las víctimas. Recordó que las querellas, aunque apartadas, conservan ese carácter porque la Sala II de Casación no se expidió sobre ellas. Además, planteó que corresponde sumar a los delitos señalados (estafa, incumplimiento de deberes, cohecho y tráfico de influencias) los delitos contra el orden económico, que incluyen la manipulación del mercado.
La ruta de los fondos
Rodríguez sostuvo que el expediente requiere profundizar el análisis de la prueba ya obtenida. Indicó que la trazabilidad de movimientos sospechosos quedó inconclusa porque la Procuración no compró la licencia del software necesario y solo pudo usarlo durante el período de prueba. La PIA advirtió que, más allá de un estudio adicional de la Policía Federal, no consta que se hayan explorado alternativas para completar esas medidas.
La Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) habían detectado transferencias millonarias desde cuentas vinculadas a Davis, creador de $LIBRA, en fechas coincidentes con su encuentro con Milei en la Casa Rosada, quince días antes del lanzamiento del token y en días posteriores. Los intermediarios fueron el jubilado Orlando Mellino, que recibió algo más de un millón de dólares el 30 de enero de 2025, y el financista Camilo Rodríguez Blanco, que recibió 4 millones el 4 de febrero. Ese día Novelli abrió dos cajas de seguridad en el Banco de Galicia, que tras el lanzamiento y el colapso del activo fueron vaciadas por su madre y su hermana.
Según el texto, Rodríguez Blanco y Mellino interactuaban con cuentas ligadas a Novelli. El primero tenía contacto directo con él y le conseguía efectivo para cambiar cripto; en una comunicación quedó claro que era para pagarle “a Karina”, con quien y con el Presidente tenía un vínculo previo al Gobierno. Parte de esa trazabilidad fue reconstruida por la Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados, pero no fue escuchada en tribunales. La SIFRAI y la DGRADB informaron que podían ser fondos ligados a funcionarios públicos, aunque había que rastrearlos.
Taiano había pedido a Estados Unidos información sobre operaciones en plataformas alojadas en ese país. La respuesta fue que los elementos enviados eran insuficientes “para mostrar la conexión entre las personas investigadas, los delitos denunciados y los registros requeridos”. Según la nota, la fiscalía argentina nunca modificó los datos enviados para obtener una respuesta completa.
Cuestionamientos a la valoración de las maniobras de los imputados
La PIA objeta que el juez y el fiscal interpretaron a favor de los imputados hechos que podrían ser entorpecimientos de la investigación:
- La madre y la hermana de Novelli, Alicia Rafele y Pía Novelli, llenaron y vaciaron sus cajas de seguridad en fechas clave. Como estaban vacías cuando las allanaron, tres semanas después del escándalo, el sobreseimiento concluyó que no había nada que achacarles.
- El celular de Morales, incautado en los mismos procedimientos, casi no tenía contenido ni historial de WhatsApp, y habría sido cambiado. Esto no se interpretó como un intento de burlar la investigación.
- Novelli había eliminado conversaciones con el contacto “Karina Milei RRPP”, pero no se le asignó la trascendencia de un posible borrado de pruebas.
El celular de Novelli y los contratos
La PIA señala elementos relevantes en el dispositivo de Novelli que fueron objeto de peritajes de “acotado alcance”. Uno es un presunto acuerdo hallado en el bloc de notas, “discutido con H”, que sería Davis, con tres pagos: 1,5 millones de dólares de adelanto, 1,5 millones por un tuit de Milei y 2 millones con la firma del contrato con Milei y su hermana. El otro es un archivo con una “carta de intención de Kelsier, representada por Hayden Davis”, dirigida al Presidente, en la que se ofrecía asesoramiento ad honorem en blockchain y criptomonedas. Se descartó su análisis porque no tenía firmas, y no se tomaron medidas adicionales ni se profundizó el estudio de celulares. Tampoco se consideró un pago registrado por la hermana de Novelli relacionado con ese presunto contrato.
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) extrajo y analizó el contenido de celulares y notebooks, de donde surgieron documentos, conversaciones y llamados que no fueron valorados. Según el celular de Novelli, él estaba en Dallas con Davis y Terrones Godoy cuando se lanzó el token y habló ocho veces con Milei en los momentos críticos, además de comunicarse con Karina Milei, Demián Reidel y Santiago Caputo. Nada de eso se analizó, según la nota.
El juzgado restó valor al peritaje de la DATIP porque su resultado se filtró a los medios y se rompió la cadena de custodia. La nota señala que el peritaje había sido ocultado a las querellas y que, cuando la periodista Natalia Volosin publicó el primer documento, ya estaba en manos de la fiscalía. Rodríguez afirmó que el sobreseimiento no valoró datos de los informes de la DATIP y puso en duda la cadena de custodia “en base a afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente”.
Otros datos no considerados
La PIA también cuestionó que no se analizaran en contexto las reuniones autorizadas por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei en 2024, en particular las protagonizadas por Novelli y Morales. Para el organismo, constituyen indicios que, valorados en conjunto, refuerzan la hipótesis delictiva. Sostuvo además que los informes de la Secretaría General y las opiniones de la Oficina Anticorrupción (OA) tienen “valor relativo” en esta instancia, porque la investigación apunta a determinar si existió un consenso de voluntades para obtener un beneficio patrimonial indebido.
La OA había afirmado que el tuit de Milei se emitió fuera de su actividad oficial, desde su cuenta personal de X, y que no se usaron recursos públicos para el lanzamiento. La Secretaría Legal y Técnica excusó a Karina Milei argumentando que no participó en el Tech Forum, el evento donde se establecieron los vínculos con los promotores.
La PIA también objetó que se invocara el fallo del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York que cerró la demanda civil vinculada con Kelsier, la empresa de Davis, por tratarse de tribunales de otro país. Además, consideró una incongruencia haber desestimado posibles aportes de Nadia Beller, expareja del consultor Fernando Cerimedo, quien declaró como testigo solo en la causa sobre anomalías en la Agencia de Discapacidad (ANDIS) y no dijo nada sobre $LIBRA.
Rodríguez sostuvo que el cierre anticipado de una causa “exige un estado de certeza absoluta sobre la inexistencia de delito o la falta de responsabilidad del imputado”, basado en prueba inequívoca que despeje toda duda. Según la nota, para el fiscal ese estándar está lejos de cumplirse.
