Con los números ajustados para alcanzar el quórum, los bloques críticos sostienen la sesión de este miércoles. El oficialismo negocia contrarreloj con gobernadores aliados para intentar desactivar la convocatoria.
Pese a las recientes maniobras del oficialismo para habilitar cronogramas de trabajo en comisiones, la oposición en la Cámara de Diputados ratificó su intención de sesionar este miércoles 9 de septiembre. El objetivo principal de los bloques críticos no es aprobar una ley de forma inmediata, sino votar un emplazamiento que obligue a las comisiones respectivas a emitir un dictamen con plazos concretos sobre dos temáticas consideradas de urgencia: el creciente endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.
Según los sondeos legislativos, la oposición —integrada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la Izquierda y sectores federales— araña los 129 legisladores estrictamente necesarios para habilitar el debate. Para desarticular esta embestida, los emisarios políticos de la Casa Rosada, como el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, intensificaron las negociaciones telefónicas con gobernadores dialoguistas. El Gobierno apunta a mandatarios como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén) para que sus diputados retiren el respaldo al quórum.
El reclamo de las provincias y la estrategia opositora
El conflicto por las prestaciones de discapacidad preocupa especialmente a los líderes provinciales. Los gobernadores advierten que los pacientes expulsados por los recortes en la cobertura nacional terminan recurriendo a los hospitales e institutos locales, saturando un sistema de salud provincial ya colapsado.
Por otro lado, de cara al debate sobre la morosidad crediticia, la estrategia de los sectores más pragmáticos de la oposición será priorizar proyectos que no generen costo fiscal. Con esta maniobra buscan evitar que el Gobierno encuadre la discusión bajo el rótulo de «degenerados fiscales» y desvíe el foco de la crisis económica de los hogares.
Por su parte, la estrategia de La Libertad Avanza consiste en dilatar la discusión para que coincida con el inminente tratamiento del Presupuesto 2027. Además, el Ejecutivo defiende un proyecto propio en el Senado que propone endurecer el acceso a las pensiones por discapacidad, retornando al estricto criterio de «invalidez laboral» y modificando el esquema de pagos del nomenclador nacional.
