El referente del Órgano de Revisión en Entre Ríos cuestionó los cambios con media sanción en la Ley 26.657. Sostuvo que el problema de fondo es presupuestario y alertó sobre el déficit de profesionales e insumos.
El secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental en Entre Ríos, Martín Cabrera, expresó sus objeciones respecto a la reforma de la Ley 26.657 que cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En declaraciones brindadas al programa radial Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, el funcionario aseveró que las modificaciones propuestas no resolverán la crisis de atención en el sector, debido a que la problemática de fondo responde a un déficit histórico de recursos presupuestarios y no a deficiencias en el marco normativo vigente desde el año 2010.
Cabrera advirtió que ampliar los criterios de internación sin dotar de mayor presupuesto al sistema de salud puede empeorar las condiciones actuales de atención. Según explicó, la falta de inversión afecta el fortalecimiento de la red asistencial en hospitales generales y centros de salud comunitarios, así como las condiciones de trabajo del personal sanitario. Respecto a la dinámica hospitalaria provincial, el funcionario reveló que, según los relevamientos del organismo en las guardias, la decisión de internar a un paciente hoy en día se encuentra condicionada por la disponibilidad de camas, lo que obliga a priorizar los casos según la gravedad frente a la saturación del recurso.
Durante la entrevista, Cabrera rechazó las versiones que indican que la legislación actual prohíbe las internaciones involuntarias. En ese sentido, precisó que durante el año pasado se registraron aproximadamente 1.900 internaciones por salud mental en la provincia —sumando los sectores público y privado—, de las cuales 1.600 fueron de carácter involuntario. Asimismo, aclaró que la ley vigente desde 2010 ya contempla la atención de las adicciones y consumos problemáticos dentro de los abordajes de la salud mental, desmintiendo que se trate de una novedad introducida por el proyecto de reforma.
En cuanto a la modificación del criterio para disponer una internación involuntaria, el proyecto sustituye la figura de “riesgo cierto e inminente” por la de “riesgo grave”. El funcionario explicó que la norma actual exige constatar un juicio de probabilidad con indicadores concretos de daño breve y seguro, mientras que la nueva definición de “riesgo grave” resulta más indefinida y podría propiciar abusos, sin garantizar por ello la existencia de las camas, insumos, medicación o personal capacitado requeridos.
Respecto a la infraestructura entrerriana, Cabrera detalló que la provincia cuenta con cuatro hospitales monovalentes situados en Rosario del Tala, Diamante, Federal y Paraná. A su vez, los hospitales generales cabecera de departamento concretan internaciones, destacándose en la capital provincial el Hospital Escuela de Salud Mental, el San Martín y el Hospital de Niños San Roque para menores de 15 años. En este último segmento, alertó sobre un incremento considerable en las internaciones. También citó casos en localidades más pequeñas, como Viale, Santa Elena y el Hospital Salaberry de Victoria, que registró 95 internaciones el año pasado.
Finalmente, Cabrera relacionó el aumento de descompensaciones e internaciones con el recorte en el plan Remediar, que redujo su cobertura de 180 a seis medicamentos, dificultando los tratamientos ambulatorios y profundizando el fenómeno de la “puerta giratoria”. A ello se le suma la falta de infraestructura de apoyo comunitario para la reinserción social de los pacientes y la escasez de profesionales en la provincia: según datos del Ministerio de Salud, el sistema público entrerriano cuenta actualmente con solo 39 médicos psiquiatras.
