El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull prorrogó por 90 días las medidas de protección para una decena de policías de la División 911 que denunciaron el cobro irregular de adicionales no realizados entre 2023 y 2025, una maniobra que habría perjudicado al erario público provincial.
El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull dispuso el jueves 6 de agosto prorrogar las medidas de protección inhibitorias que había ordenado el 8 de mayo en el marco de la investigación por el presunto delito de Fraude a la Administración Pública. La causa investiga las responsabilidades de autoridades de la División 911 de la Policía de Entre Ríos en una supuesta maniobra de cobro de adicionales que eran realizados por personal en servicio pero se liquidaban a otros efectivos que estaban de franco.
Las medidas de protección alcanzan a una decena de policías que denunciaron la supuesta maniobra y se extienden por 90 días, con vencimiento el 6 de noviembre de 2026. Los hechos bajo sospecha habrían ocurrido en la División Videovigilancia y 911 de la Policía de Entre Ríos entre 2023 y 2025. Fuentes judiciales indicaron que la investigación es un desprendimiento de otra causa que investiga el cobro indebido de adicionales y que comprende a funcionarios de la División Adicional de la Dirección General de Operaciones y Seguridad de la fuerza.
La resolución de la Fiscalía ordenó a Claudio Omar González, actual jefe de la Policía de Entre Ríos, «abstenerse de ordenar, promover o ejecutar actos administrativos que impliquen alteraciones en las condiciones de revista, traslados de destino, cambios de turno, pérdida de adicionales o medidas disciplinarias respecto de los denunciantes y testigos protegidos que carezcan de sustento técnico y legal suficiente». También deberá garantizar que los denunciantes y sus familias no sufran hostigamiento, vigilancia o intromisiones en el ámbito laboral o personal.
La medida incluye una advertencia explícita: el incumplimiento de lo dispuesto podrá configurar el delito de desobediencia judicial previsto en el artículo 239 del Código Penal. Asimismo, se dispuso que la Oficina de Gestión de Audiencias comunique la resolución a las partes e involucrados, y que se notifique al Ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
La modalidad denunciada consiste en que, entre 2023 y 2025, funcionarios policiales que cumplían funciones en la División 911 recibían en su cuenta sueldo del Nuevo Banco de Entre Ríos pagos en concepto de servicios adicionales que no habían prestado. Dichos servicios habían sido realizados por otros funcionarios de la División. Una vez que la División Adicionales liquidaba el monto en forma mensual, los efectivos que figuraban en la nómina debían extraer el dinero en efectivo y entregarlo personalmente a sus superiores en el despacho de la Sección Patrulla, ubicado en la intersección de avenidas Ramírez y Gualeguaychú de Paraná.
La maniobra se habría ejecutado bajo la excusa de destinar los fondos a cubrir gastos de alimentación diaria del personal y reparación de patrullas. Para dar apariencia de legalidad al procedimiento, las autoridades del 911 informaban falsamente a la División Adicionales, en forma mensual, la nómina del personal que no había prestado el servicio de guardia o turno para que se les depositara el dinero. Con su accionar, según la acusación, causaron un perjuicio al erario público provincial.
Los patrocinantes de los denunciantes, los abogados Rubén Pagliotto y José Pastori, valoraron la decisión del fiscal. Pagliotto destacó que Ramírez Montrull «criteriosa y oportunamente» renovó por 90 días más las medidas restrictivas a favor de los policías que denunciaron el affaire de los servicios adicionales. Consideró que la medida es «muy justa e irreprochable», ya que la Policía de Entre Ríos es un organismo jerárquico y verticalista, y los denunciantes de sus superiores corren el riesgo de que tomen represalias contra quienes se animaron a denunciarlos por la sustracción de millonarias sumas de fondos públicos.
Pagliotto opinó que «este es un caso de enorme gravedad institucional, puesto que quienes delinquen son paradojalmente quienes se encuentran investidos de poder estatal suficiente para perseguir el delito y a sus autores». Agregó que «lo peor de esta miserable saga es que el actual titular del Ministerio de Seguridad asumió esa cartera con pleno y cabal conocimiento de este mecanismo corrupto de exacción ilegal de fondos públicos y nada hizo en dos años y medio de gestión». Finalmente expresó que la difusión pública de estos hechos es posible gracias a «un grupo de abnegados funcionarios y funcionarias policiales que con valentía y una encomiable ética republicana se animaron a denunciar en la justicia este abominable hecho delictivo».
La investigación continúa su curso en sede judicial mientras las medidas de protección buscan resguardar la integridad de los denunciantes en un contexto de tensión interna dentro de la fuerza de seguridad provincial. El Ministerio de Seguridad y Justicia aún no emitió declaraciones oficiales sobre la prórroga dispuesta por la Fiscalía ni sobre el avance de la causa.
