El Gobierno nacional retuvo la distribución de $784.290 millones correspondientes al impuesto a los combustibles líquidos entre enero y julio de 2026, recursos que, de acuerdo con un ejercicio de coparticipación, habrían destinado $36.989 millones a la provincia de Entre Ríos.
El Ministerio de Economía decidió no ejecutar el reparto de los recursos equivalentes al 35,44% del impuesto a los combustibles líquidos durante los primeros siete meses de 2026. Según un ejercicio realizado por la consultora Galois, a cargo de Rodolfo Correa Becker, el monto total retenido asciende a $784.290 millones. Estos fondos, que por ley tienen destinos específicos vinculados a infraestructura y transporte público, fueron en cambio derivados a inversiones financieras por parte del Gobierno nacional.
La cuenta parte de una recaudación acumulada del impuesto a los combustibles líquidos de $3.839.125 millones entre enero y julio de 2026. Luego de descontar el 1,9% correspondiente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el 35,44% de esa masa equivale a $1.334.735 millones. De ese total, las 24 jurisdicciones del país habrían recibido en conjunto $784.290 millones si se aplicaran los coeficientes de coparticipación federal, mientras que el resto correspondería al componente nacional del esquema de reparto.
El 35,44% utilizado en el ejercicio no es un porcentaje arbitrario. Surge de la suma de tres destinos específicos que establece la normativa vigente para el impuesto: el 4,31% destinado al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, el 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y el 2,55% para la compensación al transporte público. El resto del tributo se distribuye entre el Tesoro Nacional, el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), las provincias y el Sistema Único de Seguridad Social.
El ejercicio realizado por Galois busca dimensionar, de manera acotada, el reclamo que los gobernadores no lograron convertir en ley durante 2025. Según explicó Correa Becker, el cálculo no reproduce exactamente el proyecto de ley impulsado por los mandatarios provinciales el año pasado, ya que aquella iniciativa contemplaba una masa mayor de recursos y un criterio de reparto diferente. Sin embargo, permite ilustrar el impacto de la decisión del Ejecutivo de retener estos fondos en lugar de transferirlos a las provincias para el mantenimiento de rutas y obras de infraestructura.
En el detalle del reparto elaborado por la consultora, la provincia de Buenos Aires encabeza la lista con $166.359 millones que habría recibido en concepto de coparticipación de estos recursos. Le siguen Santa Fe, con $67.704 millones, y Córdoba, con $67.266 millones. Detrás de estas tres jurisdicciones se ubican Chaco, con $37.792 millones; Entre Ríos, con $36.989 millones; Tucumán, con $36.041 millones; Mendoza, con $31.590 millones; y Santiago del Estero, con $31.298 millones.
En el siguiente escalón aparecen Salta ($29.037 millones), Corrientes ($28.161 millones), Formosa ($27.578 millones), San Juan ($25.608 millones) y Misiones ($25.024 millones). En un grupo posterior se ubican Jujuy ($21.522 millones), Catamarca ($20.866 millones), Río Negro ($19.115 millones), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($18.686 millones), San Luis ($17.291 millones) y La Rioja ($15.686 millones). Cierran el listado La Pampa ($14.227 millones), Neuquén ($13.148 millones), Chubut y Santa Cruz ($11.981 millones cada una), y Tierra del Fuego ($9.343 millones).
El debate en torno a estos fondos se reabrió a raíz de un informe del diario La Nación, que puso el foco en el componente vial del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, conocido como SisVial. Según ese informe, al cierre de mayo de 2026 más de $1 billón de esos recursos estaban colocados en inversiones financieras. Se trata de fondos administrados por el Ministerio de Economía, y el vocero de la Casa Rosada, Adrián Ravier, admitió que se computan para alcanzar el equilibrio fiscal.
La particularidad de esta controversia radica en que, mientras el Gobierno nacional utiliza recursos asociados a la infraestructura vial para inversiones financieras, los gobernadores reclaman por el deterioro de las rutas nacionales y la necesidad de que el Estado retome las inversiones en mantenimiento y nuevas obras. El conflicto refleja la tensión entre la política de ajuste fiscal impulsada por el Ejecutivo y las demandas de las provincias por mayores transferencias para atender sus necesidades de infraestructura.
El antecedente inmediato de esta disputa se remonta a 2025, cuando los gobernadores impulsaron un proyecto de ley para eliminar los distintos fondos fiduciarios y asignaciones específicas del impuesto a los combustibles. La iniciativa proponía elevar al 57,02% la participación provincial en el tributo, estableciendo que el 25% de esa porción se distribuyera en partes iguales entre todas las jurisdicciones y el 75% restante mediante los coeficientes de la Ley 23.548 de coparticipación federal. El proyecto obtuvo media sanción en el Senado con 56 votos a favor y uno en contra, pero en la Cámara de Diputados alcanzó 126 votos, tres menos de los 129 necesarios para lograr la mayoría absoluta que el presidente de la Cámara, Martín Menem, consideró requerida por tratarse de una reforma del régimen de coparticipación. Aquel revés legislativo dejó sin efecto la posibilidad de modificar el esquema de distribución de estos recursos.
Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene su postura de retener los fondos del impuesto a los combustibles para sostener el equilibrio de las cuentas públicas. Desde el Ministerio de Economía no han realizado declaraciones oficiales sobre el ejercicio de Galois ni sobre los montos específicos que cada provincia dejó de percibir. Sin embargo, la administración de los recursos fiduciarios y su colocación en inversiones financieras continuará siendo un punto de fricción entre el Ejecutivo y los gobernadores, en un contexto de restricción fiscal y crecientes demandas por inversión en infraestructura.
