El gobierno bonaerense dictó la conciliación obligatoria y ordenó la reincorporación inmediata de 1.200 trabajadores despedidos por Granja Tres Arroyos en tres plantas de la provincia, en medio de una crisis que ya acumula más de 1.730 cesantías y una deuda de u$s350,9 millones.
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Walter Correa, dictó este viernes la conciliación obligatoria en el conflicto generado por los despidos en distintas plantas de Granja Tres Arroyos y Wade. La medida alcanza a 1.200 trabajadores y establece su reincorporación como condición para abrir una instancia de negociación entre las empresas y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA).
Los despidos afectan a 700 trabajadores de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de la planta de Pilar y 450 de la planta de Esteban Echeverría. En la planta WADE 2 —ex Cresta Roja— de El Jagüel, los despidos alcanzaron a cerca de 450 de los 500 operarios, lo que implicó el desmantelamiento de casi el 90% del personal.
La conciliación obligatoria regirá por 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga de cinco días. La próxima audiencia entre las partes quedó fijada para el próximo jueves 10 de septiembre en la sede de la cartera laboral bonaerense. Durante la audiencia también se acordó la donación de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores despedidos y un pago de dinero a cuenta que se efectivizará durante la próxima semana.
La magnitud de la crisis
Este viernes se conoció que el grupo GTA ya había realizado alrededor de 1.730 despidos entre las plantas de la compañía en Entre Ríos y Buenos Aires. En la planta La China, de Concepción del Uruguay, los despidos ascienden a unos 480 sobre una plantilla de alrededor de 930 trabajadores. El grupo emplea a 6.500 trabajadores en relación de dependencia en tres provincias.
La empresa argumentó los despidos en la disminución de las exportaciones, las consecuencias de la gripe aviar y una supuesta sobreoferta de pollo en el mercado interno. Sin embargo, el secretario general del STIA, Julio Chamorro, rechazó esos argumentos. «Ellos dicen que hubo una disminución en las ventas de exportación, eso es riesgo empresarial», señaló, y destacó que otros actores del sector también debieron atravesar las consecuencias de la gripe aviar. Chamorro cuestionó además el argumento de una sobreoferta doméstica: «No es real, el consumo de pollo sigue creciendo». Según su interpretación, el producto incluso se vio favorecido por la pérdida de poder adquisitivo y el menor consumo de carne vacuna.
Situación financiera y posible convocatoria de acreedores
La crisis de Granja Tres Arroyos se agravó en los últimos días con la paralización de su planta de Capitán Sarmiento, una de las instalaciones históricas de la compañía. La empresa comunicó al personal que las operaciones quedaban suspendidas «hasta nuevo aviso» a partir del 31 de agosto. El documento atribuyó la medida a «la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor».
La compañía enfrenta una deuda de u$s350,9 millones y múltiples ejecuciones judiciales. Un relevamiento de LA NACION detectó cinco expedientes contra la avícola y firmas vinculadas por reclamos que superan los $2.638 millones. El Banco Credicoop ha motorizado cuatro de las cinco demandas en distintos juzgados.
En ese contexto, fuentes cercanas a las empresas confirmaron que Granja Tres Arroyos y Wade se presentarían en convocatoria de acreedores en los próximos días. El escenario incorpora la posibilidad concreta de que ambas firmas queden bajo un proceso concursal. La empresa no respondió un pedido del sindicato STIA para que entregue la nómina completa de las personas desvinculadas.
