Quince inversores llevaron al escritor a la Justicia penal argumentando la pérdida casi total de sus aportes en dólares. La fiscal Mónica Cuñarro investigará los términos y condiciones de Orsai Audiovisuales.
El escritor y creador de contenidos Hernán Casciari se encuentra en el centro de una tormenta mediática y judicial tras ser formalmente denunciado por estafa. La presentación judicial apunta directamente contra la gestión financiera de su ambicioso proyecto «Orsai Audiovisuales», un esquema de financiamiento colectivo donde miles de seguidores invirtieron fondos en dólares con la promesa de convertirse en productores cinematográficos. La causa ya ingresó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°34, a cargo de la magistrada Laura Bruniard, quien delegó la instrucción del complejo expediente en la experimentada fiscal Mónica Cuñarro, una funcionaria con un vasto currículum en la resolución de megaestafas financieras.
El detonante de la acción legal fue impulsado por un grupo de 15 presuntos damnificados, representados por el abogado Ariel Gil Ces, quienes optaron por la vía penal tras constatar pérdidas casi totales de su capital. Según los duros testimonios aportados en la denuncia, los retornos económicos fueron irrisorios. Una de las víctimas declaró haber recuperado apenas 28 dólares de una inversión inicial de 1.000, mientras que otra afirmó haber recibido solo 47 dólares luego de aportar 2.600 a los proyectos impulsados por el autor mercedino. Los demandantes basan su acusación en la enorme discrepancia existente entre las altisonantes promesas mediáticas realizadas por Casciari, quien aseguraba que los «socios inversores» recibirían cuantiosas ganancias, y la realidad contractual plasmada en la letra chica de los acuerdos.
Precisamente, el foco de la investigación se centrará ahora en los «términos y condiciones» estipulados por Orsai Audiovisuales, documentos que, según los denunciantes, resultaban inaccesibles, fugaces u omitidos al momento de realizar las transferencias de dinero. Mientras que en sus giras y entrevistas Casciari hablaba de negocios seguros, la firma uruguaya asociada al proyecto (Fuentirol) solo mencionaba un «reparto proporcional» sin garantizar dividendos. La denuncia detalla una preocupante falta de transparencia, señalando la ausencia de presupuestos desglosados, rendiciones económicas incompletas y modificaciones de gastos sin la debida justificación ni consulta a los aportantes.
Ante la viralización del escándalo, Casciari ensayó un breve descargo público argumentando que este revés financiero fue simplemente un negocio que «le salió mal», desmarcándose de cualquier intención dolosa. En términos estrictamente jurídicos, la Fiscalía deberá determinar si este fracaso comercial constituye efectivamente el delito de estafa o si, dadas las irregularidades denunciadas en el manejo de los fondos ajenos, podría encuadrarse bajo la figura de administración fraudulenta. Mientras la Justicia avanza con las primeras medidas de prueba para rastrear el destino final del dinero, el portal de financiamiento de Orsai Audiovisuales fue dado de baja, dejando un manto de incertidumbre sobre los miles de inversores que confiaron en la palabra del escritor.
