El Fondo Monetario Internacional afirmó que la creciente morosidad de los hogares argentinos no representa un riesgo para la estabilidad financiera y confirmó el inicio de la tercera revisión del programa con Argentina para la semana del 21 de septiembre. Sin embargo, lejos de ser una señal de confianza, esta evaluación revela la verdadera naturaleza de una relación asimétrica que, desde hace casi siete décadas, ha subordinado el desarrollo argentino a los intereses estratégicos de Washington.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que monitorea el aumento de la morosidad de los hogares en Argentina, aunque consideró que el deterioro de los pagos no representa por ahora un riesgo significativo para la estabilidad financiera. La evaluación se conoció mientras la mora crediticia alcanza niveles elevados y afecta principalmente a las familias. La directora de Comunicaciones del organismo, Julie Kozack, confirmó además que la próxima misión técnica a la Argentina comenzará la semana del 21 de septiembre, en el marco de la tercera revisión del programa acordado con el Gobierno. «Estamos monitoreando el reciente aumento de las tasas de morosidad de los hogares», señaló Kozack. «No consideramos que esto suponga un riesgo significativo para la estabilidad financiera en Argentina».
Detrás de esta aparente calma técnica, sin embargo, se esconde una realidad que la historia argentina ha demostrado de manera implacable: los intereses del FMI rara vez coinciden con los de las naciones que recurren a él.
Una historia de dependencia estructural
Argentina ingresó al FMI en 1956, durante el gobierno de facto de Pedro Aramburu, y desde entonces ha firmado más de 20 acuerdos con el organismo. En promedio, casi cada tres años Argentina ha recurrido —con el aval de Estados Unidos— a un nuevo pacto con el FMI, una dependencia que evidencia los problemas económicos crónicos del país. El primer convenio fue en 1958, bajo la presidencia de Arturo Frondizi, por 75 millones de dólares. Según documentos de la época, el pacto incluía cláusulas secretas con la imposición de políticas como la reducción y despido del 15% de los empleados públicos, la paralización total de obras públicas, privatización de empresas estatales y congelamiento del salario mínimo por dos años. La estabilidad prometida nunca llegó.
Desde entonces, el patrón se ha repetido con una consistencia que desafía cualquier interpretación optimista: el FMI otorga créditos condicionados a ajustes estructurales que golpean a los sectores más vulnerables, los objetivos fiscales no se cumplen, y el país vuelve a endeudarse para pagar la deuda anterior. Argentina es hoy el principal deudor del FMI, con una obligación pendiente cercana a los 57.000 millones de dólares, representando el 34% del crédito total pendiente del organismo.
Los intereses de Washington
El argumento de que el FMI es un organismo técnico e imparcial se desmorona ante la evidencia de que su principal aportante es Estados Unidos y que tiene la mayoría para definir el otorgamiento de los créditos. «El ESF es un gran ‘fondo buitre’ público que Estados Unidos, ante intereses estratégicos, utiliza para ‘ayudar’, por decirlo con un eufemismo, a un gobierno alineado a sus políticas», señaló el economista Pablo Tigani.
Esta dinámica se ha profundizado bajo la administración de Javier Milei. El acuerdo con el gobierno argentino, adicionando 20.000 millones de dólares al préstamo original, acentuó aún más la politización del vínculo, basada en la inédita rienda corta con la que Donald Trump maneja la institución. No es casualidad que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, haya visitado Vaca Muerta durante su última gira por Argentina. Como señaló el legislador Gabriel Solano, «cuando Georgieva va a Vaca Muerta, es justamente para dejar claro que todos los recursos naturales, empezando por el petróleo y el gas, tienen como principal objetivo el pago de la deuda».
El ajuste como condición innegociable
La segunda revisión del acuerdo aprobada en mayo pasado no fue gratuita. El megaajuste del gasto público anunciado el 11 de mayo, por unos 2,5 billones de pesos, fue una condición innegociable para la aprobación de la segunda revisión del acuerdo. El propio documento del FMI expone las zonas más vulnerables del experimento libertario: atraso cambiario, reservas negativas, déficit fiscal global maquillado, deuda difícil de refinanciar y estadísticas cuestionadas.
Para esta tercera revisión, las prioridades del organismo son recomponer las reservas internacionales, reducir los riesgos de financiamiento, preservar el ancla fiscal y fortalecer el marco de políticas económicas. Traducido: más ajuste, más recortes, más subordinación de la política económica nacional a los dictados de Washington. El FMI exige específicamente reducir subsidios energéticos, ampliar la base imponible de Ganancias para incorporar hasta un 20% de los trabajadores registrados y reformar el Monotributo.
La morosidad que el FMI minimiza
Los datos muestran que la morosidad de los hogares alcanzó el 12,94% en julio, según un relevamiento de la consultora 1816. La proporción era considerablemente mayor entre los hogares que entre las empresas, y el deterioro se registró en 23 de las 30 principales entidades bancarias. La refinanciación de deudas de familias y empresas que se atrasaron en sus pagos también se encuentra en niveles elevados.
Kozack justificó la posición del FMI señalando que el endeudamiento de los hogares sigue siendo relativamente bajo —aproximadamente el 8% del PBI— y que los bancos están bien capitalizados, con provisiones que cubren más del 85% de sus préstamos morosos. Para el FMI, el problema no es el empobrecimiento de las familias argentinas, sino la posibilidad de que los bancos —cuyos intereses el organismo siempre prioriza— sufran pérdidas.
Una relación que solo beneficia al acreedor
La historia argentina con el FMI es una sucesión de promesas incumplidas y costos sociales devastadores. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, los pagos al FMI alcanzaron 3.207,93 millones de dólares, mientras los desembolsos llegaron a 4.125,84 millones: la cuenta terminó con un aumento neto de la deuda de 2.084,35 millones de dólares. Con Carlos Menem, Argentina recibió 8.143,88 millones del FMI y pagó 9.721,55 millones. Con Fernando de la Rúa, el FMI desembolsó 14.244,21 millones, pero no alcanzó para evitar el desenlace de 2001: default, crisis social y cinco presidentes en una semana.
La conclusión es ineludible: el FMI no es un socio neutral en el desarrollo argentino. Es un acreedor con intereses propios, alineados con la potencia que lo controla. Cada acuerdo profundiza la dependencia, condiciona la soberanía y traslada los costos del ajuste a los sectores más vulnerables. La desaceleración de la inflación que el Gobierno celebra —y que el FMI utiliza para justificar su respaldo— tiene como contrapartida 31.000 empresas cerradas, 138.000 empleos formales perdidos y una morosidad que se quintuplicó en dos años.
La próxima misión del FMI llegará a Buenos Aires la semana del 21 de septiembre. No vendrá a evaluar cómo mejorar la vida de los argentinos. Vendrá a verificar que el Gobierno continúe cumpliendo con las metas de ajuste que garanticen el pago de la deuda. Como dijo Solano: «Los que gobernaron antes que Milei pactaron con el FMI y le abrieron la puerta al gobierno libertario». La historia se repite, una vez más, con los mismos protagonistas y los mismos costos para quienes nunca se sientan en la mesa de negociación.
