Iván Jokanovich, exjefe regional de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en Rosario, aceptó el 20 de octubre una condena de un año y medio de prisión en juicio abreviado por encubrimiento agravado de personas ligadas a Los Monos, según informó Hernán Lascano el 4 de noviembre de 2026.
El juez federal Ricardo Vásquez homologó el acuerdo. La pena incluye tres años de inhabilitación especial y el decomiso de los bienes secuestrados en su casa de la calle Ituzaingó al 1000.
La condena y los bienes decomisados
Jokanovich tiene 54 años, es abogado penalista y, al momento de la condena, estaba preso en la cárcel federal de Ezeiza. Es dueño de un campo en las afueras de Rosario con un polígono de tiro usado por personal de fuerzas de seguridad, personas del ámbito judicial y penal, y empresarios. En una etapa estuvo a cargo en Rosario del ex Registro Nacional de Armas (Renar).
Entre los bienes decomisados hay cuatro armas de puño, una escopeta Benelli, decenas de cartuchos y municiones, y cerca de cinco millones de pesos en efectivo. El texto detalla una pistola Glock modelo 25, calibre 380, con un cargador; dos revólveres Bisonte calibre 22 LR; un revólver Taurus modelo Trompia calibre 22 LR; y manuales de inteligencia.
El hecho investigado
Según el acuerdo de juicio abreviado, promovido por el fiscal federal Federico Reynares Solari y aceptado por el imputado, Jokanovich pasó información al exfuncionario policial provincial Juan José Raffo, que le permitió eludir medidas de investigación y evitar la detención dispuesta en el expediente por el crimen de Nelson Gabriel Aquiles Saravia, uno de los líderes de la barra brava de Newell’s. El texto indica que hizo el mismo aporte con el entonces fiscal Mariano Ríos.
Raffo, expolicía del área de Inteligencia, había sido condenado en 2018 como miembro de Los Monos y estaba en libertad en 2023. Según la nota, Jokanovich avisó al fiscal Ríos que Raffo se movía en un auto a su nombre, y también se lo advirtió al propio Raffo. Fiscales provinciales captaron a Raffo viajando de Rosario a Ezeiza en un Chevrolet Cruze para tomar un vuelo a Miami en diciembre de 2022, presuntamente para ir al Mundial de Qatar. Estuvo prófugo dos años hasta ser localizado y detenido.
El delito es encubrimiento agravado, que según el acuerdo consistió en “prestar asistencia a personas investigadas para facilitar que eludieran las pesquisas”. Es agravado porque accedió a esa información reservada como jefe de la SIDE en Rosario.
La investigación
A fines de 2022, fiscales de la Procuración del Narcotráfico (Procunar) investigaban a una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en San Lorenzo y Granadero Baigorria, cuyos organizadores eran Ariel Máximo “Guille” Cantero, Leandro Vinardi y Marcos Jeremías Mac Caddon, todos de Los Monos. Vinardi tenía un vínculo especial con Raffo.
Procunar consideró de extrema gravedad que Jokanovich entregara información reservada a Ríos y se reuniera con él sin autorización. Para ese contacto debía contar con el aval expreso del director general o subdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia. Determinó además que borró de su celular información sobre su relación con Raffo y con Ríos.
En enero de 2023, los fiscales ordenaron a Gendarmería interceptarlo y requisarlo sin detenerlo. Ocurrió la noche del 6 de ese mes: le secuestraron el celular y lo dejaron ir. Ese mes fue detenido por primera vez e invocó su condición de jefe de la SIDE ante los gendarmes.
El proceso judicial
Jokanovich resistió con todos los recursos legales a su alcance. En 2023 pidió quedar eximido de ser indagado por ser empleado de la SIDE. Finalmente fue llamado a indagatoria junto con otros 14 implicados, entre ellos Vinardi y Guillermo “Chupa” Sosa, barra brava de Newell’s condenado por un homicidio. Fue procesado y apeló. La Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento y Casación lo validó por unanimidad.
Su identidad era confidencial por las normas de la SIDE y dejó de serlo en junio del año pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal la divulgó al confirmar el procesamiento.
El entonces juez federal Marcelo Bailaque le concedió la libertad. Los fiscales Matías Scilabra y Diego Iglesias objetaron que no dictara la prisión preventiva pese a procesarlo, y señalaron que tenía medios para eludir o entorpecer la acción judicial.
