Una coalición de entidades civiles, colegios de abogados, cámaras empresarias y juristas lanzó la campaña nacional “Por una justicia independiente” para exigir al Consejo de la Magistratura de la Nación mayor transparencia, predictibilidad e igualdad en los concursos del Poder Judicial, según informó La Nación el 3 de noviembre de 2026.
El reclamo central
Los impulsores piden modificar el reglamento de selección para reducir la incidencia de las evaluaciones discrecionales. En concreto, solicitan “limitar a un tope de 20 puntos la incidencia de la entrevista en el resultado, en línea con lo propuesto por la Corte Suprema”. Según el documento presentado, achicar ese margen de decisión es “el primer paso para garantizar la independencia judicial”, condición que definen como base institucional para promover la inversión, el crecimiento y el empleo.
La campaña promueve reformas inmediatas en el sistema de evaluación, con el propósito de garantizar un procedimiento basado en el mérito objetivo.
El proyecto en el Consejo
Los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaron en marzo un proyecto para limitar el peso de las entrevistas personales en el puntaje del concurso. Según el texto, la iniciativa sigue trabada dentro del Consejo de la Magistratura.
El diario señala que la discrecionalidad en la evaluación de las entrevistas permitió que candidatos con baja calificación en los exámenes escritos y en los antecedentes quedaran en posiciones expectantes para integrar las ternas de las que luego surgen los aspirantes propuestos por el Poder Ejecutivo.
La campaña y su diagnóstico
La iniciativa se difunde bajo la consigna #MasMeritoMasJusticia y se impulsa mediante una petición pública en la plataforma Change.org. En un comunicado, los promotores sostienen que, aunque la Constitución exige idoneidad, independencia y eficacia en la designación de jueces, hoy “se usan criterios distintos para decidir quién llega a la entrevista personal”, que termina definida por criterios discrecionales, y “el mérito del concurso queda sin efecto”. Remarcan además la obligación legal del órgano evaluador de respetar estrictamente el orden de mérito surgido de los exámenes y antecedentes académicos.
Quiénes la respaldan
Entre las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito judicial figuran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Red de Acción Política (RAP), el Club Político Argentino, Poder Ciudadano, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
Del sector privado se sumaron el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).
Entre los juristas y constitucionalistas adherentes están Roberto Gargarella, Daniel Sabsay, María Angélica Gelli, Juan Carlos Cassagne y Antonio María Hernández.
También adhirieron personalidades públicas y dirigentes políticos, entre ellos Rogelio Frigerio, Esteban Bullrich, Hernán Lacunza, Ernesto Sanz, Ramón Lanús, Luciano Laspina, Juan Manuel López, Nicolás Massot, Gabriela Michetti, Liliana Negre de Alonso, Graciela Ocaña, Adrián Pérez, Omar Perotti, Federico Pinedo, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, María Eugenia Talerico, Martín Yeza, Soledad Acuña, Oscar Aguad, Eduardo Amadeo, Marcela Campagnoli, Susana Decibe, Facundo del Gaiso, Rodrigo de Loredo, Mónica Fein y Emmanuel Ferrario.
