Mientras el Gobierno impulsa una reforma regresiva a la Ley Nacional de Salud Mental y desmantela la red de salud mental comunitaria, el nuevo programa de detección temprana en escuelas delega en los docentes responsabilidades que exceden ampliamente sus recursos y condiciones laborales, en un contexto de récord histórico de suicidios en Argentina.
Mientras el Poder Ejecutivo impulsa un proyecto de reforma a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, el Gobierno nacional acaba de lanzar la «Estrategia Federal en Adolescencia» (también denominada Programa de Bienestar Emocional en Escuelas de Argentina), una iniciativa diseñada específicamente para la detección temprana de señales de malestar psíquico y desarrollo emocional en jóvenes de entre 13 y 17 años dentro del ámbito escolar.
El interrogante que surge es si es tarea de las escuelas el diagnóstico temprano mientras se desmantela el sistema de salud pública, o si se asiste a una peligrosa delegación que transforma las aulas en dispositivos de sospecha y patologización de las infancias, reforzando la medicalización en lugar de los lazos comunitarios.
El fracaso de los programas sin presupuesto
El Ministerio de Capital Humano sostiene el Programa de Prevención y Cuidados en el Ámbito Educativo desde el año 2022, sin que hasta el momento se registren indicadores claros de efectividad en su implementación. Por el contrario, los índices de malestar psíquico en las aulas no han dejado de agudizarse. Probablemente, esta falta de éxito radique en que sus lineamientos definen objetivos en torno a un «modelo educativo centrado en la persona», una formulación que tiende a individualizar el malestar y a desvincularlo de su trama sociohistórica, como si la subjetividad de los jóvenes pudiera gestionarse por fuera de la red comunitaria de su época.
La Organización Mundial de la Salud ubica al suicidio como una de las principales causas de muerte entre los 15 y 29 años, una realidad que en Argentina muestra su faceta más crítica tras registrarse un récord histórico de 5.209 casos consumados durante 2025. Abordar un padecimiento psíquico de tal magnitud —que consolidó al suicidio como la primera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 34 años— requiere superar toda explicación unicausal.
Repensando los aportes teóricos de Silvia Bleichmar en torno al «malestar sobrante», es clave analizar cómo el desmantelamiento de los lazos comunitarios, la desocupación, la precarización laboral crónica y la asfixia económica operan como un plus de violencia sobre el psiquismo. Los procesos actuales de marginación planificada dinamitan los equilibrios psíquicos al erosionar la posibilidad misma de anticipar un futuro. Así, el malestar deviene «sobrante» porque implica un sufrimiento evitable, engendrado por un sistema excluyente. Si bien todo niño, niña o adolescente tiene derecho a expresar miedos privados, este plus de padecimiento emerge en una cultura que empuja al sobreesfuerzo sin ofrecer recompensas; una coyuntura donde los discursos sociales y el Estado dejan de proveer anclajes de sentido y los lugares de pertenencia necesarios para que los sujetos en desarrollo puedan inscribirse en un proyecto identificatorio.
La deriva securitarista
Pero ante el fracaso para contener la crisis subjetiva, la respuesta estatal se desplazó hacia el aparato de seguridad. El Estado, a la par que abandona su rol como garante de derechos, selló un convenio entre Salud y Seguridad para capacitar a efectivos policiales en la detección de «riesgo» psíquico. Si bien es cierto que los agentes policiales hoy no logran diferenciar una urgencia subjetiva de un estado delictivo —lo que vuelve necesaria la capacitación—, el problema radica en el enfoque y sus efectos. Un abordaje que sustituye la intervención sanitaria por la gestión de la peligrosidad no solo refuerza estereotipos estigmatizantes con una alta probabilidad de criminalizar el padecimiento, sino que, además, evidencia una deriva securitarista: desprovisto de anclaje territorial y preventivo, el abordaje de la salud mental pasa a ser un problema de control poblacional y vigilancia del orden público.
La reforma que agrava el escenario
En materia normativa, la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la Ley de Prevención del Suicidio lograron plasmar en su articulado consensos éticos fundamentales. Sin embargo, el andamiaje institucional ha evidenciado deficiencias históricas para materializar ese horizonte. Esto se verifica en presupuestos como el de la Ciudad de Buenos Aires, que destina el 75,6% de sus recursos de salud mental a sostener hospitales monovalentes, mientras asfixia los programas de externación. Hoy el sistema público cuenta con equipos interdisciplinarios, pero ante el vaciamiento de instituciones de referencia como el Hospital Laura Bonaparte y la ausencia de directrices consistentes de política pública, estos equipos operan en un territorio desarticulado y sin recursos.
En ese marco, el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar la ley vigente agrava este escenario, interviniendo sobre la concepción misma de sujeto, de sufrimiento y de derechos. Al proponer la reintroducción de diagnósticos cerrados según la Clasificación Internacional de Enfermedades y flexibilizar las internaciones involuntarias por exclusiva indicación médica —prescindiendo de la evaluación situacional de los equipos interdisciplinarios, cuyo punto fue uno de los principales logros de la ley—, la iniciativa restituye una matriz tutelar. Se reduce el padecimiento a un mero trastorno orgánico individual, borrando la complejidad socio-histórica que lo produce, para reubicar al encierro asilar como respuesta hegemónica frente a la urgencia.
A esta avanzada legal se suma la manía oficial de lanzar programas sin asignación presupuestaria, como el Plan Nacional de Autismo (Resolución 1115/2026), cuya letra explicita que se implementará «sin erogación». Diseñar políticas en el vacío financiero vacía los derechos y enciende alarmas: en un contexto de crecientes trabas burocráticas en las juntas médicas, se sospecha que esta nueva pesquisa funcione como un filtro para restringir el acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD), operando como un mecanismo de ajuste encubierto que desampara a las familias.
La escuela no puede operar en soledad
Es precisamente en este escenario de desposesión donde la escuela es señalada como la encargada de absorber la demanda de contención. El trabajo de cuidado es constitutivo del acto de educar, pero la política oficial pretende delegar en las instituciones educativas responsabilidades que exceden ampliamente sus recursos. Se exige a los equipos escolares intervenir ante el riesgo vital mientras sus propias condiciones de trabajo son precarizadas: la eliminación del FONID y la fragmentación impuesta por el pluriempleo producen un agotamiento crónico que fractura la posibilidad material de sostener el vínculo pedagógico en el tiempo. A la par, irrumpen en las aulas los programas de «educación socioemocional», cuya racionalidad —en perfecta sintonía con la reforma regresiva de la ley— exige al estudiante gestionar sus afectos ante la marginación como si se tratara de adquirir meras habilidades intrapersonales. La angustia se deshistoriza, culpabilizando al individuo por no saber autorregularse frente a un entorno expulsivo.
La escuela no puede operar en soledad. El horizonte de intervención del sistema educativo frente al sufrimiento no consiste en funcionar como un apéndice de derivación sintomática o un filtro de sospecha clínica. Su lugar es alojar, construir puentes y tramar redes territoriales, inscribiéndose en la necesaria articulación intersectorial del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Para ello, es indispensable que tanto los centros de salud como otras agencias estatales estén presentes, financiadas y coordinadas. Si bien los padecimientos graves exigen abordajes específicos que escapan a la tarea pedagógica, la respuesta del Estado no se resuelve con protocolos formales de derivación desprovistos de sustento comunitario. La urgencia política actual exige reconstruir la intersectorialidad: ese tejido social e institucional indispensable para amarrar a la vida a quienes las políticas de exclusión insisten en abandonar.
Carolina Dome es investigadora y docente en UBA. Magíster en psicología educacional.
