La investigación por el cargamento de 1.345 kilos de marihuana secuestrado en La Paz involucra al comisario Daniel Rosatelli en la compra de la camioneta utilizada para el transporte, con pruebas que incluyen documentación, videos y una consulta en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, mientras la defensa del comisario sostiene que se trata de una venganza por su denuncia sobre adicionales truchos.
La causa que tiene detenidos al abogado y comisario de la Policía Daniel Rosatelli y otras personas por un cargamento de marihuana se acerca al procesamiento con documentación, denuncias y videos entre las pruebas, mientras la defensa del comisario niega los cargos y apunta a una conspiración política-policial.
Hasta ahora, en cuanto al rol de Rosatelli, todo sigue girando en torno a la operación de compra de la camioneta Citroën Jumper. Dos domicilios y la consulta por el estado de dominio lo involucran en la compra de ese vehículo que tres meses después fue utilizado para el transporte de un cargamento de droga. Es decir, se lo señala por comprar el utilitario para ponerlo a disposición de esa operación narco, cuyo dueño se presume que es Esteban Siebenlist Bustos.
A diferencia de otras investigaciones por narcotráfico donde se sigue a los narcos hasta que son detenidos con un cargamento, en este caso fueron desandando el camino a partir del hallazgo de los 1345 kilos de marihuana el pasado 13 de febrero en La Paz. El altercado que surgió en torno a la compra de ese vehículo utilitario expuso a todos los involucrados: falta de pago, entrega de cheques falsos y denuncias.
Según la documentación judicial a la que accedió ANÁLISIS, todo comenzó a fines de octubre del año pasado. Jonathan Barbieri, expolicía con condenas, dice que tiene un amigo que le ofrece para que venda la camioneta. Le pregunta a un hombre de apellido Maciel, remisero y chofer de aplicación, quien lo pone en contacto con Martín Pelizzari, condenado por estafas. Se reúnen en la estación de servicios El Triángulo.
El martes 4 de noviembre a la mañana se reúnen Barbieri y Pelizzari en la Shell del Acceso Norte. Acuerdan la compraventa por 20 millones de pesos. Se dirigen a la Planta Verificadora para el trámite. De ahí la llevaron a un mecánico que la revisó y dio el visto bueno. Ya pasado el mediodía van a calle 25 de mayo, paran frente al Club Echagüe. Pelizzari le dice a Barbieri: «Esperame que tengo que ir a hablar con un conocido que es el que va a comprar la camioneta». Camina hacia calle Echagüe e Irigoyen. ¿Adónde se supone que fue? Al domicilio particular de Rosatelli, un departamento que fue allanado y donde fue detenido el comisario.
Pasan los minutos hasta que el intermediario llama al vendedor, y le ofrece 7 millones de pesos en ese momento, otros 2 millones el lunes siguiente, y además dos cheques. Trato hecho. Quedaron para reunirse a la tarde para la primera parte del pago en calle Corrientes y Nogoyá, donde hay una casona que fue allanada y es el domicilio que figura como estudio o domicilio legal de trabajo de Rosatelli y otra abogada.
Llega Barbieri en la Citroën Jumper, aparece Pelizzari y le entrega 2.400 dólares y dos cheques del banco Galicia por 3 millones de pesos cada uno. Además, le hizo dos transferencias de 1 millón cada una desde la cuenta de otro personaje de esta trama: Claudio David Luna. Total: 11 millones de pesos. A la diferencia se la entregaría el lunes 10 de noviembre. Barbieri le da la camioneta y la documentación y se va. Llegó el lunes y el comprador desapareció. El vendedor fue al banco, y le rechazaron los cheques por apócrifos. Entonces va a la comisaría segunda para hacer la denuncia.
En esta instancia habría videos del 911 que registraron a Rosatelli cuando se acerca a la camioneta, la observa y se retira, una prueba que la defensa niega tajantemente. El tercer dato que involucra al comisario en esta operación es la última consulta en el RNPA sobre los datos de la Citroën Jumper, que fue realizada a nombre de la abogada socia o con el mismo domicilio legal que Rosatelli.
El grupo de defensores de Rosatelli, Rubén Pagliotto, Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen, sostienen que la detención del comisario se debe a una venganza por la denuncia impulsada por el abogado sobre el desvío de fondos de adicionales del 911, causa que investiga el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull. Sostienen que lo único que surge en las escuchas telefónicas es lo referido a esa causa, y cuestionan como «ridículos y poco serios» los informes elaborados por la Policía en la investigación. Afirman que Rosatelli no tiene relación con los demás implicados y no conoce a Siebenlist Bustos, y que no hay ninguna prueba que lo involucre en narcotráfico.
Luego de las denuncias y los reclamos para que paguen el vehículo, sucede el episodio violento que terminó con una persona herida. Maciel afirmó que Rosatelli, de propia mano, lo golpeó y lo amenazó con la pistola reglamentaria en la cabeza, para que no molestaran con denuncias. Este hombre terminó desfigurado. Barbieri intentó denunciar el hecho en la comisaría segunda y no se la tomaron. Fue a la Policía Federal que sí la recibió, pero la remitió al Juzgado Federal y luego a la Fiscalía provincial, donde quedó cajoneada. Por esta situación, le secuestraron el celular a un oficial de la comisaría segunda para verificar si recibió alguna orden de un superior para no tomar la denuncia.
El 13 de febrero secuestran la camioneta en La Paz repleta de droga. Detienen a César Leonel Ramírez y el Juzgado Federal de Paraná lo procesa por el transporte de droga. Mientras tanto, el principal sospechoso de la operación del transporte del cargamento de marihuana sigue prófugo. Siebenlist Bustos no tenía causas por narcotráfico y su camioneta Toyota Hilux negra 4×4 era la que iba haciendo punta en el viaje narco aquel 13 de febrero.
La droga fue secuestrada en el Camino del Bollero, una calle de tierra paralela al acceso a la ciudad de La Paz. La persecución por parte de policías de la Brigada de Delitos Rurales había empezado mucho antes. Según reconstruyeron los investigadores, la droga provenía desde la vecina provincia de Corrientes, pero la pasaron a Entre Ríos cruzando el río Guaiquiraró en una pequeña embarcación. Alguien observó que la camioneta estaba siendo cargada y denunció el episodio a Delitos Rurales, pensando que se trataba de cazadores furtivos o de cuatreros. Cuando llega el móvil 1201 de esa Brigada, la Jumper y la Hilux se dan a la fuga y comienza una persecución de casi 70 kilómetros. Finalmente, los narcos decidieron abandonar la Jumper con la droga cerca del Jockey Club.
El miércoles 19 de agosto, durante los allanamientos, detuvieron a los hermanos Alan y José Favieri, a Luna y a Pelizzari, que ya estaba preso por una condena por estafas. En los próximos días saldrá el procesamiento del juez federal Leandro Ríos. Una de las pruebas claves que se espera es la pericia al celular de Rosatelli, un iPhone del que el comisario no quiso entregar la clave.