Docentes, no docentes y los 13 decanos de la UBA realizan este martes una jornada de clases públicas, atención gratuita de salud y una feria científica frente al Ministerio de Economía para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el acatamiento de los fallos de la Corte Suprema y la Justicia Federal.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) traslada las aulas a las puertas del poder para poner al descubierto el desacato deliberado del Poder Ejecutivo nacional frente a las leyes vigentes y las cautelares judiciales. Desde las siete de la mañana de este martes y hasta la medianoche, los 13 decanos de las facultades, junto a docentes y estudiantes, llevan adelante una maratónica jornada de clases públicas en la Plaza de Mayo y frente al Palacio de Hacienda.
La protesta no se limita al dictado académico: la comunidad universitaria montará consultorios al aire libre para brindar atención gratuita a la ciudadanía en especialidades como odontología, clínica médica, óptica, veterinaria, además de orientación psicológica y patrocinio jurídico, visibilizando la función social irremplazable del presupuesto educativo.La explanada frente al Ministerio de Economía también se transformará en una feria científica y tecnológica interactiva, donde se presentará un auto de carreras diseñado e íntegramente construido en los talleres de la UBA, junto a proyectos de investigación aplicada de frontera.
El desacato del Poder Ejecutivo
El trasfondo del conflicto expone la arbitrariedad con la que la gestión libertaria administra el Estado. Luego de que el Gobierno intentara neutralizar la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) mediante el decreto 759/2025 exigiendo presuntas «fuentes de financiamiento», el Consejo Interuniversitario Nacional activó la vía judicial.La embestida oficial sufrió un revés letal cuando la Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que ordena recomponer de manera inmediata los salarios docentes y no docentes rezagados, así como los fondos destinados a las becas estudiantiles.El fallo fue suscripto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisible el recurso presentado por el Gobierno y dejaron firme la obligación del Ejecutivo de aplicar los artículos 5 y 6 de la norma.
Pese al aval del máximo tribunal y a los compromisos de recomposición del 24,33% firmados a mitad de año, la Casa Rosada insiste en desconocer los mandatos de la ley y de la Carta Magna. El acuerdo paritario alcanzado el 10 de junio estableció una actualización de la masa salarial del 24,33%, distribuida en un 21,33% en junio sobre los básicos de mayo y un 3% adicional en octubre sobre los básicos de septiembre.Sin embargo, el juez federal Cormick rechazó el pedido del Gobierno para levantar la cautelar y consideró que el Ejecutivo no logró demostrar que esos acuerdos hayan resuelto el deterioro de los ingresos ni la pérdida salarial que originó el conflicto.
El fallo que desmonta el «déficit cero»
La desobediencia oficial quedó aún más acorralada tras el fallo dictado a principios de mes por el juez federal Cormick, quien intimó al Ejecutivo a ejecutar sin más dilaciones las partidas previstas para gastos de funcionamiento, salarios, investigación y becas universitarias. La resolución judicial echó por tierra la narrativa del «déficit cero» al precisar de forma contundente que el impacto fiscal de la Ley de Financiamiento representa un marginal 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).La negativa a girar los fondos confirma que el ajuste contra las casas de altos estudios responde a una decisión estrictamente dogmática y de asfixia política, antes que a una restricción macroeconómica real.
La paritaria y el plan de lucha
La demostración de fuerza en Plaza de Mayo se produce en una fecha límite, al vencerse el cuarto intermedio de las paritarias con la Subsecretaría de Políticas Universitarias para saldar la brecha respecto a la inflación acumulada. La próxima reunión paritaria está convocada para el 17 de septiembre.Desde gremios como Aduba advirtieron que, si la administración de Javier Milei insiste en pisar los salarios e ignorar las sentencias judiciales, el plan de lucha escalará de forma inevitable.
La secretaria general de la CONADU, Clara Chevalier, justificó la medida: «Llevamos dos años y medio de ataque continuo a la universidad pública y más de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El gobierno nacional debe saber que si en esa fecha no presenta una oferta consultable, la voz de la docencia de las universidades se va a hacer escuchar».
La jornada de clases públicas representa la antesala directa de la quinta Marcha Federal Universitaria proyectada para la primera semana de octubre, donde la comunidad académica volverá a movilizarse masivamente en defensa de la educación pública frente al vaciamiento libertario.