El Estado entrerriano tomó posesión de los galpones de la imprenta Tep SRL en Paraná, además de vehículos y equipamiento informático. Los inmuebles y herramientas confiscados quedarán a disposición del Poder Ejecutivo provincial.
En el marco de la ejecución de la condena firme contra el exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exfuncionario Pedro Báez, la Justicia efectivizó este lunes el decomiso de los bienes vinculados a las causas por corrupción. El fiscal de Estado Adjunto, Martín Rettore, recibió formalmente las llaves de los inmuebles y el equipamiento de manos del abogado defensor Miguel Ángel Cullen.
El procedimiento se llevó a cabo en los galpones ubicados en calle Racedo 409 y 415 de la capital entrerriana, donde funcionaba la empresa Tep SRL. Además de los dos inmuebles conectados entre sí, el Estado provincial tomó posesión de una flota de vehículos compuesta por un camión Ford F4000D, una camioneta Citroën Berlingo y una motocicleta Zanella. En el interior de las instalaciones también se confiscó un plótter de impresión de grandes dimensiones y más de una docena de computadoras de escritorio.
Sobre el destino de los bienes recuperados, Rettore explicó que la Fiscalía actúa en nombre del Estado para poner todo a disposición del gobernador. Será el Poder Ejecutivo el encargado de evaluar el estado de los elementos y definir su mejor utilización. Como ejemplo, el funcionario adelantó que el plótter podría ser reasignado para los trabajos del Boletín Oficial de la provincia.
El origen de la confiscación
La medida ejecutada este lunes forma parte del punto XXII de la sentencia dictada el 7 de abril de 2022, al finalizar el histórico «megajuicio» que unificó cinco investigaciones por delitos contra la administración pública. En la denominada causa de las «imprentas», quedó demostrado que la empresa de Aguilera fue montada bajo el amparo del poder político de su cuñado, accediendo a créditos con tasas preferenciales y obteniendo millonarios contratos con el Estado que, en muchas ocasiones, se cobraron pero no se cumplieron. Además, se probó que la firma utilizaba agentes públicos remunerados por la provincia para realizar sus trabajos privados.
Por estos hechos, el Tribunal de Juicio condenó a Sergio Urribarri a 8 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, decisión que lo obligó a renunciar a su puesto como embajador en Israel. Por su parte, Aguilera y Báez recibieron penas de 6 años y medio de cárcel.