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Recusaron al camarista Guillermo Yacobucci en la causa $LIBRA

El damnificado Juan Patricio Marchetto pidió apartar al juez de Casación por la designación de su hijo en un cargo jerárquico del Ministerio de Justicia. El tribunal debe definir si reincorpora a los querellantes.

Un damnificado en la causa judicial por el caso $LIBRA, Juan Patricio Marchetto, presentó este lunes un pedido de recusación contra el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Guillermo Yacobucci. Según el escrito presentado ante el máximo tribunal penal con el patrocinio de los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois, la solicitud se fundamenta en la designación de Ignacio Martín Yacobucci, hijo del magistrado, al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo dentro del Ministerio de Justicia de la Nación, cartera encabezada por Juan Bautista Mahiques.

La presentación ocurre en una instancia determinante del expediente que involucra al presidente Javier Milei, en el cual el juez de primera instancia Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de los 11 imputados el pasado 26 de octubre. Guillermo Yacobucci integra la Sala II de la Cámara de Casación junto a los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, cuerpo que debe resolver si reincorpora a los damnificados como querellantes tras haber habilitado su recurso de queja el 4 de noviembre, votación en la que Yacobucci quedó en minoría.

De acuerdo con los argumentos expuestos por Marchetto en el escrito difundido por El Destape, la causal de recusación es sobreviniente y se basa en la disposición 439/2026, publicada en el Boletín Oficial el 29 de septiembre de 2026, mediante la cual se nombró al hijo del camarista bajo la dependencia directa del ministro de Justicia. El pretenso querellante invocó los incisos 4 y 12 del artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, sosteniendo que el cargo jerárquico fue otorgado por el Poder Ejecutivo que encabeza el principal imputado en la causa y que su continuidad depende de autoridades políticas vinculadas al proceso. Asimismo, señaló que en el sobreseimiento dictado en primera instancia se valoró como prueba la conclusión de la Oficina Anticorrupción, organismo que también depende del Ministerio de Justicia y que había determinado en junio de 2025 que el mandatario no infringió la Ley de Ética Pública.

Este planteo se suma a la recusación presentada la semana pasada por la defensa del trader Mauricio Novelli contra la camarista Ángela Ledesma, a quien cuestionó por integrar el Comité Consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), entidad admitida en el expediente en calidad de amicus curiae. Frente a ambas solicitudes, la Sala II deberá definir si rechaza in limine los pedidos y mantiene su integración actual, o si convoca por sorteo a otros integrantes de la Cámara de Casación —entre quienes figura Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia— para resolver junto a Alejandro Slokar la conformación definitiva del tribunal.

La resolución sobre los apartamientos resulta central para el futuro de la investigación penal. En caso de que la Cámara de Casación disponga la reincorporación de las víctimas como querellantes, estas quedarán habilitadas para impulsar la acción penal, solicitar medidas de prueba y apelar las resoluciones judiciales, suplendo así el desistimiento del fiscal Eduardo Taiano. Esta vía tramita en paralelo al planteo formulado en primera instancia por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, organismo que también reclamó asumir la acusación para evitar el cierre definitivo del expediente.

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