La reforma que el oficialismo intentará aprobar el 6 de agosto no solo habilitaría la compra masiva de tierras por parte de extranjeros, sino que también les daría luz verde para adueñarse de zonas ribereñas de ríos estratégicos como el Paraná. Según un informe de la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, las grandes beneficiarias del negocio serían las mismas corporaciones que ya controlan el comercio, los puertos y la logística de la Vía Navegable Troncal, entregada por este gobierno a un consorcio belga con el respaldo de la embajada estadounidense.
La advertencia es contundente: de levantarse las restricciones de la ley de 2011, se aceleraría un proceso de extranjerización de los campos y de los ríos en una de las zonas más productivas del país. «Las mismas corporaciones que hoy poseen participación absoluta en el comercio, los puertos y la logística de la Hidrovía son las principales beneficiarias de una eventual derogación», sostuvo la Coalición Federal. El documento precisa que esas empresas ya controlan no solo el transporte y las terminales portuarias, sino también miles de hectáreas de campo y sus recursos hídricos, por lo que la nueva ley vendría a consolidar un modelo que margina a los productores y a las agroindustrias nacionales.
El proyecto que impulsa el gobierno de Milei, que ya sufrió una postergación después del triunfo mundialista contra Inglaterra —con la selección reivindicando la soberanía argentina sobre las Malvinas—, elimina toda restricción a la compra de tierras por parte de extranjeros. Puntualmente, deroga el artículo 10 de la norma vigente, que prohíbe adquirir áreas «que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes». En concreto, se liberarían los 1.635 kilómetros de la Vía Navegable Troncal, tramo de la Hidrovía Paraguay-Paraná que está bajo jurisdicción argentina y que, recientemente, fue concesionada por 25 años a un consorcio multinacional encabezado por la belga Jan De Nul.
Para entender la magnitud del peligro, el Observatorio de Tierras ya registra un alto nivel de extranjerización de zonas ribereñas por compras realizadas antes de 2011. De los veinte departamentos que recorre el Paraná en seis provincias, nueve superan el límite del 15 por ciento establecido en aquella ley. Campana es el caso más escandaloso: más de la mitad de sus tierras rurales ya están en manos extranjeras. Le siguen Puerto Iguazú, con el 39,95 por ciento; Ituzaingó y Berón de Estrada, en Corrientes, con 33,9 y 32,72 por ciento; Zárate, con 24,8 por ciento; y varios departamentos misioneros que también están por encima del tope legal. La eliminación de ese límite, lejos de ser una modernización, es una llave maestra para que las mismas multinacionales que hoy dominan el comercio exterior terminen de adueñarse del territorio.