El juez federal Leonardo Ríos procesó con prisión preventiva al comisario y abogado Daniel Alejandro Rosatelli como coautor de transporte de estupefacientes agravado, falsificación documental, lesiones graves y amenazas coactivas, por su presunta participación en el traslado de 1.345 kilos de marihuana secuestrados en La Paz en febrero de 2026.
El juez Federal N° 1 de Paraná, Leonardo Ríos, procesó con prisión preventiva al comisario de la Policía de Entre Ríos y abogado Daniel Alejandro Rosatelli como coautor de transporte de estupefacientes agravado, falsificación documental, lesiones graves y amenazas coactivas. A pesar de que la causa no registra escuchas telefónicas donde el jefe policial hable de drogas, el juez reconstruyó la maniobra a través de una red de pruebas indiciarias que lo ubican como el cerebro detrás de la logística.
Durante la investigación desarrollada tras la interceptación de una camioneta Citroën Jumper con 1.345,51 kilogramos de marihuana (1.716 “panes”) en la zona rural de La Paz en febrero de 2026, los peritajes sobre las líneas telefónicas no detectaron ninguna conversación donde Rosatelli mencionara marihuana, cargamentos ni contactos directos con los transportistas materiales. Sin embargo, para la justicia federal, la vinculación de Rosatelli con la organización criminal no descansa en escuchas directas, sino en la reconstrucción del circuito logístico y en dos hechos clave: la adquisición opaca del vehículo utilizado para el traslado y la brutal paliza a un intermediario para evitar que la camioneta fuera secuestrada por la policía.
La compra de la camioneta
El primer hito que incrimina a Rosatelli es la compra de la camioneta Citroën Jumper (dominio original PME 392) realizada el 4 de noviembre de 2025. Aunque las negociaciones presenciales las ejecutó su colaborador Martín Pelizzari, los registros de las cámaras de seguridad públicas y privadas captaron a Rosatelli inspeccionando personalmente la unidad en la vía pública.
Según detalla el fallo judicial, Rosatelli utilizó su rango de comisario para posibilitar que la camioneta fuera ingresada y verificada sin turno previo en la Planta Verificadora de la Policía de Entre Ríos, logrando que se registrara “sin novedades” pese a que registraba una prohibición de circular y pedido de secuestro vigente por estafa.
Después, según el juez, montó una ingeniería financiera para ocultar su identidad en el pago de aproximadamente 15 millones de pesos. Se fragmentó intencionalmente entregando dólares en efectivo, cheques sin fondos y transferencias ejecutadas por Claudio David Luna, un intermediario calificado como insolvente por los informes patrimoniales. El juez remarcó que Luna no actuaba de forma autónoma, sino por indicación directa de Rosatelli, quien era el único con la capacidad económica compatible para financiar la operación.
Tras la compra, dice Ríos, al vehículo se le sustituyó la chapa patente por la de otra camioneta de idénticas características (dominio GIJ 496), creando un “auto mellizo” apto para circular de forma clandestina.
La paliza en la sede de una ONG
En varios tramos del procesamiento de 141 páginas, el juez Ríos detalla relatos de personas que estuvieron en la sede de ONG Suma de Voluntades la tarde de la paliza a Sixto Ramón Maciel a manos de Rosatelli. El elemento de prueba que otorga sentido retrospectivo a toda la maniobra ocurrió el 12 de noviembre de 2025. Ese día, a las 16, el vendedor original del rodado (Jonatan Barbieri) radicó una denuncia por estafa en la Comisaría Segunda de Paraná ante el incumplimiento de los pagos prometidos.
Apenas una hora y media después de radicada la denuncia, Rosatelli se presentó repentinamente en la sede de la ONG “Suma de Voluntades” en calle Bavio, aisló en una oficina al intermediario de la venta, Sixto Ramón Maciel, colocó su arma reglamentaria sobre la mesa y golpeó violentamente la cabeza de Maciel contra la pared, causándole un traumatismo encéfalo-craneano con hemorragia subaracnoidea, edema cerebral y riesgo de vida.
En la página 21 del procesamiento, Maciel contó que había concurrido a la sede de Suma de Voluntades en calle Bavio 367 convocado por la encargada de la ONG con el pretexto de querer construir un merendero en la zona del volcadero de la ciudad, pero apareció el comisario. Mientras agredía a la víctima, el jefe policial le exigió: “si Barbieri no retira la denuncia de la camioneta le voy a meter un tiro”.
El juez federal destacó que la reacción inmediata y desmedidamente violenta de Rosatelli resulta inconciliable con la hipótesis de un tercero ajeno a la compraventa o de alguien con un interés circunstancial. La paliza y las amenazas coactivas tenían como objetivo neutralizar la denuncia por estafa, impidiendo que la policía secuestrara la camioneta y garantizando que el rodado permaneciera disponible para el transporte de la droga que se ejecutaría tres meses después.
El patrimonio millonario
A esto se le suma el análisis patrimonial dispuesto en la causa, el cual reveló que el comisario poseía ocho propiedades inmuebles registradas al 100%, un vehículo de alta gama y acreditaciones bancarias millonarias (superiores a los 53 millones de pesos en billeteras virtuales entre septiembre y marzo) que resultan desproporcionadas frente a sus ingresos formales como policía y abogado.
Con estos elementos, la justicia concluyó que Rosatelli ejerció un “dominio funcional del hecho”, proveyendo los medios materiales, logísticos y financieros para el acondicionamiento del vehículo y desplegando violencia directa para ocultar la maniobra y asegurar la impunidad del tráfico. Además de la detención, el juez le trabó un embargo a Rosatelli por 12.250.000 pesos. El juez también procesó a los otros cinco detenidos por participar del hecho. A todos les trabó embargos millonarios.