El abogado Gregorio Dalbon solicitó el arresto del ministro de Economía y del titular del BCRA. Los acusa de una millonaria pérdida en operaciones financieras con las reservas internacionales.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, enfrentan un nuevo y complejo frente judicial. En las últimas horas, el abogado Gregorio Dalbon presentó una ampliación de denuncia penal en la que solicitó formalmente la inmediata detención de ambos altos funcionarios del gobierno nacional. La severa medida privativa de la libertad también fue requerida para Juan Ernesto Curutchet, quien se desempeña como superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y es miembro activo del directorio del organismo monetario. La acusación central que motiva este pedido radica en la investigación sobre presuntas irregularidades y millonarias pérdidas en recientes operaciones financieras ejecutadas utilizando las reservas de oro del país.
El sustento principal de esta presentación judicial surge tras la publicación de un reciente informe elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN). Este organismo de control analizó y aprobó formalmente los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio del año 2025. Sin embargo, en dicho documento oficial, los auditores dejaron asentado un párrafo específico que encendió las alarmas: las controvertidas operaciones realizadas con derivados financieros, que tuvieron al oro como activo subyacente, arrojaron un impactante resultado negativo de 1,469 billones de pesos. Según la conversión del momento, esta enorme cifra equivale a una pérdida superior a los 1.023 millones de dólares, generando un importante egreso de divisas para el Estado. Cabe aclarar que el mismo informe de la AGN también registró una ganancia contable de 8,002 billones de pesos originada exclusivamente por las diferencias de cotización en la tenencia del metal precioso.
Dalbon sostiene en su escrito que es imperioso determinar con exactitud el grado de responsabilidad de cada funcionario. El foco está puesto en dilucidar quiénes fueron los encargados de idear, autorizar y ejecutar estas operaciones, y cuál fue la justificación económica real detrás de las mismas. El mecanismo bajo sospecha es una herramienta financiera conocida en el mercado como «collar». Esta estrategia combina la compra de una opción para establecer un piso de precio y la venta simultánea de otra opción para fijar un techo máximo. El riesgo latente de este esquema es que, si el precio del oro experimenta una suba sostenida por encima del límite máximo pactado, el Banco Central queda obligado a realizar millonarios pagos. El letrado exigió esclarecer urgentemente por qué el resultado negativo superó tan holgadamente las primas registradas.
Respecto a la drástica solicitud de detención, el denunciante argumentó que tanto Caputo como Bausili y Curutchet ostentan un enorme poder institucional, mantienen acceso irrestricto a documentación confidencial y ejercen autoridad directa sobre el personal que podría ser convocado a brindar testimonio. Por ende, Dalbon considera que existe un riesgo inminente de entorpecimiento de la investigación, ya sea mediante la ocultación o destrucción de pruebas vitales. En caso de que el juzgado interviniente rechace los arrestos, la querella solicitó medidas alternativas de rigor, tales como la estricta prohibición de salida del país, la restricción de comunicaciones entre los imputados y la obligación de comparecer periódicamente ante los tribunales.
Para avanzar con la instrucción, la denuncia requirió el secuestro de abundante documentación probatoria, incluyendo contratos firmados con entidades extranjeras, actas de directorio y comprobantes de egreso de divisas. Los presuntos delitos tipificados en la presentación abarcan la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. Resta ahora que la Justicia federal evalúe la viabilidad de los requerimientos de Dalbon y decida los próximos pasos procesales, aclarando que el pedido de detención no implica aún una orden judicial de arresto.