El presidente del Gobierno español disolvió el Parlamento y fijó comicios para el 29 de noviembre tras el rechazo a sus decretos de vivienda. La medida busca frenar el avance conservador y reconfigurar mayorías.
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, resolvió poner fin a las especulaciones políticas y anunció formalmente la disolución de las Cortes Generales, convocando a elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre. La determinación institucional, comunicada previamente a la Corona tras un intenso debate interno durante el fin de semana, se produjo como respuesta directa al bloqueo parlamentario del pasado viernes. En aquella sesión, una alianza coyuntural conformada por el Partido Popular (PP), la fuerza de extrema derecha Vox y el espacio independentista catalán Junts rechazó por mayoría los dos reales decretos leyes sobre vivienda con los que la administración central intentaba encauzar el creciente malestar social y las masivas movilizaciones ciudadanas.
Lejos de tratarse de una simple formalidad institucional, la convocatoria marca el inicio de una contienda electoral crucial que busca polarizar el escenario político. Con la mirada puesta en el contexto internacional y tras el reciente revés electoral de la izquierda en Brasil, Sánchez estructuró su discurso en torno a un dilema ideológico fundamental: frenar la ola reaccionaria o consolidar un modelo basado en la justicia social, los derechos ciudadanos y la transición ecológica. No obstante, el Ejecutivo no planea retroceder en su agenda legislativa inmediata. Este martes, el Consejo de Ministros aprobará una versión reformulada del paquete de medidas de vivienda. Al encontrarse disuelto el pleno del Congreso, la convalidación dependerá exclusivamente de la Diputación Permanente, donde el oficialismo y sus aliados parlamentarios habituales (Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos) retienen una ajustada mayoría de 35 votos frente a los 34 del bloque opositor.
Desde la conducción del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la narrativa partidaria rápidamente respaldó la decisión presidencial, alertando a la ciudadanía sobre los peligros de una eventual alianza gubernamental entre el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y el espacio encabezado por Santiago Abascal, espacio al que calificaron formalmente como la «coalición de los buitres, el retroceso y el miedo». Para contrarrestar las críticas, los voceros oficialistas confían en respaldar su campaña en los principales indicadores económicos alcanzados durante la actual gestión. Entre ellos destacan el récord histórico de 23 millones de afiliados a la Seguridad Social, un ritmo de crecimiento económico superior al promedio de la eurozona y una suba del 66% en el Salario Mínimo Interprofesional desde la asunción socialista en 2018.
En el flanco opositor, aunque las principales encuestas otorgan una ventaja considerable a la suma de escaños de la derecha, los dirigentes conservadores mantienen cautela recordando la inesperada resistencia progresista ocurrida en los comicios de 2023. El líder de Vox, Santiago Abascal, rechazó el triunfalismo de los sondeos y convocó a su base electoral a movilizarse de forma presencial. En su pronunciamiento público, el dirigente ultraconservador reinstaló dudas sobre la fiabilidad del voto por correo y el censo de residentes en el exterior (CERA), al tiempo que vinculó el llamado a las urnas con los recientes incidentes migratorios en Ceuta y lanzó descalificaciones directas hacia el mandatario español.
Por último, el espacio situado a la izquierda del socialismo enfrenta una verdadera carrera contra el reloj para definir su articulación interna. Con la publicación oficial de la disolución parlamentaria en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los partidos disponen únicamente hasta el 16 de octubre para inscribir formalmente coaliciones electorales ante la Junta Electoral Central. Esta premura legal acelera las negociaciones entre Sumar y Podemos. Mientras los sectores alineados con la vicepresidenta buscan consolidar la plataforma del Frente Amplio junto a Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes, la cúpula de Podemos, representada por Irene Montero, condiciona cualquier entendimiento unitario a la celebración obligatoria de elecciones primarias abiertas en un plazo perentorio de diez días.