La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) convocaron a un paro de 48 horas para este miércoles 30 de septiembre y el jueves 1 de octubre, en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno provincial del 3,5%, mientras las universidades nacionales iniciaron una medida de fuerza de 72 horas.
La medida se resolvió luego del rechazo de los sindicatos a la propuesta salarial del Gobierno provincial, que contempla un incremento del 3,5%. Esa propuesta fue ratificada por el Gobierno el lunes pasado en el marco de la paritaria docente y finalmente rechazada por las organizaciones gremiales. La Provincia informó que el aumento será aplicado por decreto y que llevará el salario inicial docente a $910.000.
El paro de Agmer y AMET se desarrolla en el marco de un plan de lucha que el gremio definió la semana pasada, cuando su congreso reunido en Paraná rechazó por unanimidad la oferta del Ejecutivo por considerarla insuficiente. El sindicato exigió una nueva propuesta que «signifique una recomposición salarial por encima de la inflación tomando el mes de diciembre 2025 en adelante».
La decisión del Gobierno de aplicar el aumento por decreto generó un nuevo foco de conflicto. Desde Agmer advirtieron que la medida «no contempla el proceso inflacionario y profundiza la pérdida de poder adquisitivo» y ratificaron que mantendrán el plan de lucha hasta obtener una propuesta superadora.
Paro de 72 horas en las universidades
En las universidades nacionales también comenzó este miércoles una medida de fuerza que se extenderá por 72 horas. En Entre Ríos, adhieren la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), integrante de Conadu, y el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu), de Conadu Histórica.
La protesta se realiza en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial. Los gremios universitarios cuestionan la última propuesta paritaria del Gobierno nacional, que contempla un aumento del 3%, y reclaman la recomposición salarial establecida en la normativa.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales había anunciado la medida la semana pasada, condicionando su duración a la respuesta del Ejecutivo. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) había advertido que si el Gobierno no cumplía antes del martes 29 con el aumento del 33,4% que el gremio considera contemplado en la Ley 27.795, el paro se concretaría.
La intimación judicial y el conflicto por el financiamiento
El conflicto sumó esta semana un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, intimó al Gobierno a cumplir de manera total la medida cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. El magistrado otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de cinco días para acreditar el cumplimiento y advirtió sobre la posibilidad de aplicar multas por cada jornada de demora.
La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 y posteriormente confirmada, el 31 de marzo de 2026, por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La medida ordenó actualizar los salarios del personal de las universidades nacionales y los montos correspondientes a las becas estudiantiles. El caso llegó luego a la Corte Suprema de Justicia, que el 25 de junio rechazó el planteo del Ejecutivo contra la medida.
La Ley de Financiamiento Universitario había sido sancionada por el Congreso en 2025. El presidente Javier Milei la vetó, pero ambas cámaras insistieron posteriormente con la norma mediante las mayorías especiales requeridas. El Senado completó el trámite legislativo el 2 de octubre de 2025, con 58 votos afirmativos y siete negativos. El Gobierno promulgó la ley, aunque suspendió su ejecución al argumentar que el Congreso no había detallado las fuentes de financiamiento. Esa decisión llevó al Consejo Interuniversitario Nacional y a las universidades a recurrir a la Justicia, lo que derivó en la cautelar que continúa vigente.
La Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre
El Frente Sindical proyectó sostener las medidas de protesta hasta la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre. La movilización buscará visibilizar la falta de aplicación de la ley, la situación salarial de docentes y no docentes y las partidas contempladas para las casas de estudios en el proyecto de Presupuesto 2027.
La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, vinculó la continuidad del plan de lucha con la necesidad de reforzar la organización conjunta de la comunidad universitaria. «El plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo ‘colectivo’ está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer ‘lo colectivo'», sostuvo. «Porque sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el gobierno de Milei», añadió.
El contexto del conflicto docente en Entre Ríos
La paritaria docente en Entre Ríos acumula varios encuentros sin acuerdo. El Gobierno provincial ofreció un incremento remunerativo del 3,5% con los haberes de septiembre, del 1,5% con los haberes de noviembre y del 2% con los haberes de diciembre. Los gremios consideraron la propuesta insuficiente y reclamaron una recomposición que contemple la inflación acumulada.
El salario inicial docente con el aumento del 3,5% quedará en $910.000, según informó la Provincia. Desde Agmer advirtieron que ese monto sigue siendo insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido y ratificaron que mantendrán el plan de lucha hasta obtener una propuesta superadora.
La medida de fuerza de este miércoles y jueves afecta a todas las escuelas públicas de la provincia, mientras que las universidades nacionales con sede en Entre Ríos también paralizan sus actividades por 72 horas. La próxima semana, el conflicto podría profundizarse si el Gobierno no presenta una nueva oferta salarial.