El Tribunal Oral Federal 5 rechazó el pedido de Eduardo Enrique Massera para viajar a Europa y fijó para el 23 de septiembre el inicio del juicio oral por el robo de bienes de detenidos-desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 rechazó el pedido de la defensa de Eduardo Enrique Massera para que el imputado pudiera viajar al continente europeo y fijó para el 23 de septiembre el inicio del juicio oral en el que estará acusado junto a otros represores de la ESMA por el robo de bienes de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar.
Massera hijo, de 75 años, es el hijo mayor de Emilio Eduardo Massera, comandante de la Armada durante los años más duros del gobierno de facto. Para la justicia argentina, sobre él pesa la sospecha de haber sido parte de la asociación ilícita que se apropió de los bienes de quienes eran secuestrados y desaparecían en el campo de concentración que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada.
El pedido de viaje rechazado
Días atrás, la defensa de Massera hijo presentó un pedido para que el imputado realizara el que podría ser su «último viaje» con su esposa por «ciertos territorios del continente europeo». Tenía previsto arrancar su itinerario por Madrid, seguir por el sur de Francia y terminar por Italia. En ningún momento, el defensor explicó cuándo saldría ni cuándo regresaría, ni informó dónde se hospedaría. El abogado apelaba a la compasión de los jueces al explicar que Massera hijo tenía una enfermedad que podría evolucionar negativamente, y señalaba que el viaje no sería costeado por él, sino por su pareja.
El fiscal Félix Crous se opuso al viaje. Recordó que sobre Massera pesaba una prohibición de salida del país y que no daba detalles esenciales. Además, solicitó a los integrantes del TOF 5 que actualizaran el embargo que pesa sobre sus bienes, que quedó desactualizado para alguien que planeaba pasar un mes en Europa: 500.000 pesos. Los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg coincidieron con el representante del Ministerio Público. Sobre el estado de salud de Massera, señalaron que no contaban con la opinión de peritos especialistas, ya que la única información en la causa es un certificado de una médica particular, y concordaron en que si su estado de salud era tan delicado, quizás un viaje fuera contraproducente.
La audiencia preliminar
El TOF 5 convocó a una audiencia preliminar para iniciar el juicio por el robo de bienes en la ESMA, que tendrá lugar el miércoles 16 de septiembre a las 10 de la mañana. Se celebrará de manera virtual y presencial. Una semana después, el 23 de septiembre, comenzará el juicio en los tribunales de Comodoro Py. El TOF 5 ya le pidió a la secretaría general de la Cámara Federal de Casación Penal que asigne una sala para llevar adelante las audiencias.
Los acusados
En el banquillo estarán célebres integrantes del grupo de tareas de la ESMA: Jorge Eduardo Acosta, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Miguel Donda, Jorge Carlos Radice, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González y Juan Antonio Azic. Todos, con excepción de Rolón y Azic —que están en sus casas—, están presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Azic fue denunciado días atrás por haber inventado un concubinato para seguir cobrando el retiro pese a que la Prefectura dispuso su baja.
El rol de Massera hijo en la asociación ilícita
A diferencia de sus consortes de causa, Massera hijo no era parte del plantel estable del campo de concentración que funcionaba en Avenida del Libertador al 8100. Pero, para la justicia, él integró la asociación ilícita que secuestraba y desapoderaba de sus bienes a sus víctimas desde 1977. Algunos sobrevivientes de la ESMA recuerdan haberlo visto en el campo de concentración. Alfredo Buzzalino lo situó en el sector por donde solía moverse Jorge Acosta. Juan Gasparini, por el contrario, recordó haberlo visto en el sótano —donde estaban las salas de tortura— o en la capucha —donde hacinaban a los secuestrados—. «Lo vi en una oportunidad y desconozco el motivo de la visita —declaró Gasparini—, aunque el comentario era que él venía por cuestiones relacionadas a la administración y el financiamiento de ese campo de concentración».
Marta Álvarez lo vio muchas más veces en Besares 2025. Era una propiedad robada que era usada como sede Chroma SA, una productora de contenidos audiovisuales que habían montado los represores de la ESMA y que hacían funcionar con mano de obra esclava. «Todo el tema legal de este negocio fue manejado por el hijo de Massera llamado Eduardo», declaró la sobreviviente ante la justicia. Massera hijo solía ir a Chroma acompañado por otro abogado, Rafael Ayerza, coinciden dos testimonios. En ocasiones, Marta Álvarez debía ir hasta Cerrito 1136, donde Massera padre había montado sus oficinas cuando se retiró de la Armada y mientras alimentaba sus pretensiones políticas. «Eduardo Massera tenía absoluto conocimiento de toda la situación, es decir, de que el inmueble de Besares había sido sustraído, de que los que trabajábamos en el lugar estábamos privados ilegalmente de nuestra libertad en ESMA», añadió Álvarez.
La sobreviviente Miriam Lewin también recuerda que Eduardo Enrique Massera estaba en las oficinas de Cerrito. Andaba todo el tiempo con Radice, que se había ganado el aprecio del Almirante Cero por su destreza con las finanzas y con las armas. «Eduardo Massera y Jorge Radice actuaban como una suerte de filtro de Emilio Massera. Ellos manejaban todas las actividades», declaró la periodista ante la justicia.
El entramado del robo de bienes
Cuando pidió su elevación a juicio, el fiscal Eduardo Taiano resaltó que Eduardo Massera había tenido una función clara: ayudar a culminar con el desapoderamiento de los terrenos de Chacras de Coria. El robo había comenzado el 10 de enero de 1977, cuando una patota de la ESMA irrumpió en el estudio que Conrado Higinio Gómez tenía en la avenida Santa Fe entre Callao y Rodríguez Peña en busca de los militantes de la estructura de finanzas de Montoneros. El entramado que se quedó con las propiedades situadas en Mendoza incluyó como eslabón final a Misa Chico SA, cuyo accionista mayoritario —del 90 por ciento— era Eduardo Massera. Para la fiscalía, estaba claro que uno de los principales objetivos de la asociación ilícita fue que los bienes de los desaparecidos pasaran a integrar el patrimonio de quien había sido el comandante de la Armada y principal responsable de los crímenes que se perpetraron en la ESMA.
El procesamiento de Radice y su hermana
En un tramo relacionado de la causa, el juez federal Ariel Lijo procesó al represor Jorge Carlos Radice y a su hermana Norma Berta Radice por haberse apoderado de los bienes de las personas que estaban secuestradas en la ESMA, haberlos incorporado a su patrimonio y después haber procurado alejarlos de su origen ilícito mediante el lavado de activos. Radice integró hasta fines de 1979 el grupo de tareas que operaba en la ESMA, el GT3.3.2. Cumplía tanto tareas administrativas como operativas. Dentro de las primeras, estaba apropiarse de cuanto tenían quienes caían en las garras de las patotas de la Armada. Para esas tareas, Radice pasaba a llamarse «Juan Héctor Ríos». Entre otras cosas, la patota de la ESMA se quedó con propiedades de personas secuestradas o desaparecidas, incluso con caballos de carrera, e hizo firmar poderes para hacer lo que sus integrantes quisieran con sus bienes. Radice jugó un rol preponderante al ser contador, al igual que su hermana menor. El plan del robo de bienes contempló dos fases: el desapoderamiento y el posterior lavado para disimular de dónde salían el dinero o las propiedades. Los Radice intervinieron en al menos nueve operaciones inmobiliarias desde finales de los años 70. Compraron dos unidades funcionales en Besares 2019 —que era una propiedad que había sido adquirida por un detenido-desaparecido—. En ese lugar funcionó Croma SA, una empresa que habían montado los represores de la ESMA para grabar comerciales y videos. Croma funcionaba gracias a la mano de obra esclava que proporcionaban quienes estaban detenidos ilegalmente en el centro clandestino. Los Radice también se quedaron con una propiedad ubicada en Warnes 350/52, que había pertenecido a Marcelo Hernández y quien, mientras estaba cautivo, debió firmar un poder general en favor de «Juan Héctor Ríos» —Radice—. Allí funcionó una de las inmobiliarias de la ESMA, al igual que en Jaramillo 3083/87, una propiedad que fue adquirida por el padre de los Radice en octubre de 1978. Los Radice tuvieron once autos durante el período, tres embarcaciones y cinco caballos de carrera —robados a Conrado Higinio Gómez—. Además, se valieron de un entramado societario con ramificaciones en distintos países.
La agenda del TOF
La agenda del TOF se aligeró tras la sentencia a Gonzalo «Chispa» Sánchez, prefecto que actuó en la ESMA y que debió ser extraditado desde Brasil para ser juzgado por los crímenes cometidos, entre los que se cuenta el secuestro, asesinato y desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh. Radice, otrora compinche de Massera hijo, deberá afrontar otro juicio con su hermana Norma Berta Radice, también acusada de ser parte del esquema de desapoderamiento y lavado de activos. Norma Radice supo tener como defensor a Santiago Viola, actual secretario de Justicia de la Nación.