El Gobierno argentino presentó una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca de Malvinas, mientras el Reino Unido respondió invocando la legislación de Protección de Intereses Comerciales para blindar a las empresas que operan en el yacimiento y pidió a Interpol que rechace los pedidos de detención argentinos.
El gobierno de Javier Milei concretó finalmente su amenaza y presentó una demanda contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que se inicie un proceso de arbitraje internacional respecto a la explotación de reservas petroleras en la cuenca de las Islas Malvinas. Horas después, el Reino Unido anunció la implementación de medidas legales para proteger las actividades inglesas. La administración británica invocó la legislación de Protección de Intereses Comerciales para blindar a las empresas que operan en el yacimiento Sea Lion. En paralelo, le pidió a Interpol que rechace los pedidos de detención de la Argentina vinculados a ese proyecto, que calificó como «un intento de intimidar a personas y empresas para que no operen en las Malvinas».
En medio del giro malvinero del Gobierno, el canciller Pablo Quirno calificó de «inédita» la estrategia oficial y aseguró que Javier Milei tiene la «intención pacífica de resolver una disputa que está en su corazón». Bajo este guión, el ministro pasó por alto los elogios del Presidente a Margaret Thatcher y el proceso de desmalvinización de los primeros años de gestión para destacar que es «la primera vez que Argentina acude a un arbitraje sobre este tema».
La narrativa oficial ignora los reclamos previos. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2011 se impulsó la ley que restringió la actividad hidrocarburífera sin autorización argentina; en 2012, se declararon ilegales las operaciones de cinco petroleras; en 2013, se endurecieron las sanciones penales y, en 2015, se denunció a empresas que exploraban en la zona y se consiguieron embargos judiciales por más de 156 millones de dólares.
El ninguneo británico
El Reino Unido ratificó su respaldo al desarrollo de las exploraciones en Sea Lion y habilita su continuidad en medio de la disputa diplomática y jurídica por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, donde la Argentina reivindica derechos soberanos sobre la plataforma continental. La autorización involucra al secretario de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, cuyo consentimiento es necesario para determinadas licencias de hidrocarburos en el archipiélago. El gobierno británico sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales y que esa facultad forma parte de su posición sobre la autodeterminación.
La legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI) le permite al gobierno británico tomar acciones concretas para «blindar» a las empresas. Entre otros puntos, permite prohibir a las compañías y personas bajo jurisdicción del Reino Unido que cumplan con leyes extranjeras, en este caso, las argentinas, que imponen sanciones o restricciones a quienes operan en Malvinas.
La decisión, confirmada por Miliband a través de la prensa británica, significa que la firma israelí Navitas y la británica Rockhopper seguirán operando a pesar de las sanciones que impulsa la Casa Rosada, en el marco de la campaña de defensa de la soberanía del archipiélago con la que el oficialismo busca revertir su imagen luego de impulsar la extranjerización sin límites del territorio.
Según las estimaciones citadas por las empresas contratadas por el Reino Unido, el proyecto Sea Lion podría empezar a producir el próximo año y alcanzar una capacidad de hasta 180.000 barriles diarios. En el Mar del Norte, en cambio, la corona impulsó por ahora el freno a nuevas exploraciones de petróleo y gas.
La autorización se encuadra en la Ordenanza de Minerales Costa Afuera de las Malvinas de 1994, que regula la actividad petrolera y gasífera en aguas del archipiélago. Según esa norma inglesa, el gobernador puede conceder licencias de exploración o producción con el consentimiento del secretario de Relaciones Exteriores británico.
La decisión confronta con la estrategia del gobierno de Milei de envalentonarse y volver a llevar el tema Malvinas al escenario internacional. El Ejecutivo le había dado tiempo hasta el lunes a Londres para que frenara el proyecto de Sea Lion. Como no hubo respuesta, hizo su presentación ante el tribunal situado en Hamburgo, Alemania, y solicitó una medida provisional que frene la explotación hidrocarburífera en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.
La respuesta británica fue desoír esos planteos, a pesar de las divergencias internas que existen en el gobierno británico. Andrew Bowie, responsable de Energía del Partido Conservador en la oposición, celebró la autorización, pero hizo un cuestionamiento. La medida «plantea la pregunta de por qué el Partido Laborista sigue postergando las decisiones sobre el Mar del Norte. ¿Por qué Ed Miliband, el hombre que bloqueó las perforaciones en el Mar del Norte, está dispuesto a permitirlas en el Atlántico Sur, pero no frente a las costas de Escocia?», preguntó.
El pedido a Interpol
En paralelo, el Reino Unido le envió una carta a Interpol argumentando que las solicitudes de «notificación roja» presentadas por la Argentina «deben considerarse motivadas por razones políticas», según informó The Guardian, y agregó que desde el Reino Unido temen que se trate de «un intento de intimidar a personas y empresas para que no operen en las Malvinas». El proyecto de Sea Lion podría «triplicar el PIB del archipiélago», pero Milei «ha prometido bloquearlo», añadió. «La estrategia de Argentina incluye intentos de criminalizar a los participantes en el proyecto Sea Lion y disuadir a otros inversores. Al parecer, en su carta, el gobierno británico ha instado a Interpol a actuar con cautela ante las solicitudes de detención argentinas», detalló.
Interpol, en tanto, le respondió al gobierno británico afirmando que «respetaría el artículo 3 de sus estatutos», que le prohíbe «llevar a cabo intervenciones o actividades de carácter político».