El Gobierno argentino formalizó este lunes una solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para frenar la explotación petrolera británica en el proyecto Sea Lion, en la cuenca norte de Malvinas, tras el vencimiento del ultimátum de dos semanas dado a Londres.
La ofensiva judicial se concreta un día después de que venciera el plazo que el presidente Javier Milei había dado al Reino Unido para detener las actividades hidrocarburíferas. Ante la falta de respuesta, la Cancillería avanzó con la presentación ante el tribunal con sede en Hamburgo, Alemania, bajo el mecanismo de medidas provisionales previsto en el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
La estrategia argentina combina dos vías legales. Por un lado, el arbitraje de fondo contemplado en el Anexo VII de la CONVEMAR, que implica la conformación de un tribunal para resolver la controversia de soberanía y derechos marítimos. Por otro, la solicitud de medidas provisionales ante el TIDM, que puede dictar resoluciones urgentes mientras se constituye el tribunal arbitral. Esta segunda vía concentra las expectativas inmediatas del Gobierno, ya que el arbitraje de fondo podría extenderse durante años, mientras que el trámite de medidas cautelares tiene plazos más acotados. Se estima que la primera resolución podría conocerse durante noviembre.
El proyecto Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%), se ubica a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y prevé una inversión de 1.800 millones de dólares hasta la obtención del primer crudo, proyectado para marzo de 2028. La Cancillería argentina considera que la explotación es ilegal y ha iniciado procedimientos sancionatorios contra las empresas involucradas y sus proveedores.
El frente diplomático y las sanciones
La tensión diplomática escaló en las últimas semanas. El canciller Pablo Quirno defendió públicamente la decisión de acudir al arbitraje internacional, y durante la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) destacó la salida de proveedores clave como Halliburton, que dejó de prestar servicios vinculados al proyecto Sea Lion, provocando una fuerte caída en las acciones de Rockhopper y Navitas. El embajador británico en Argentina, David Cairns, quien se encontraba presente, se retiró del recinto tras la exposición del canciller, declarando que debía «informar a mi gobierno».
La respuesta británica se limitó a un comunicado de la subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien defendió la postura de Londres y cuestionó «la fiabilidad de Argentina como socio» por recurrir a «actos que no denotan compromisos internacionales responsables». El Reino Unido también convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para expresar su rechazo.
El escepticismo de los expertos
A pesar del avance judicial, algunos especialistas relativizan el impacto real de la medida. Matthew Benwell, experto en el conflicto de Malvinas de la Universidad de Newcastle, recordó que los tribunales de derecho marítimo han declinado pronunciarse en casos similares, como un pleito entre Mauricio y el Reino Unido en 2014 y otro entre Rusia y Ucrania en 2020. Además, señaló que incluso si el tribunal fallara a favor de Argentina, no tendría medios coercitivos para obligar al Reino Unido a acatar la decisión, aunque el fallo podría representar «un éxito diplomático» para el país.
Contexto del proyecto Sea Lion
El yacimiento fue descubierto por Rockhopper en mayo de 2010 y es el primer campo de petróleo hallado en las aguas que circundan las islas. Navitas ingresó al proyecto en 2020 y en diciembre de 2025 ambas compañías anunciaron la decisión final de inversión. El desarrollo se realizará por fases, comenzando por el Área de Desarrollo Norte (NDA), con una duración proyectada de 30 años y una producción estimada de 180.000 barriles diarios para finales de 2030.
La Cancillería argentina ya había dado pasos previos a la instancia judicial. A finales de septiembre, notificó al Reino Unido el inicio del procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la CONVEMAR y le otorgó un plazo de dos semanas para cesar las actividades. El Gobierno también ha iniciado procedimientos administrativos y denuncias penales por vuelos no autorizados entre las islas y la ciudad chilena de Punta Arenas.