Las tarifas de luz, gas, agua y transporte acumulan una suba del 867% desde diciembre de 2023, mientras la inflación general fue del 254%, lo que llevó a que los servicios ya superen en 6,1% su valor relativo de 2019 y representen cerca del 15% del salario promedio de una familia del AMBA.
La justificación detrás del aumento de las tarifas de servicios públicos que llevó adelante el gobierno de Javier Milei es que el sistema debe recuperarse frente al atraso que los precios llevaban acumulado frente a la inflación. El balance de los últimos tres años parece ya haber subsanado la supuesta inequidad que denunciaban las empresas, y no hay previsiones de que los aumentos aminoren hasta diciembre de 2027.
Cuando las tarifas perdían contra la inflación
Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, mientras el Nivel General del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba de 1.146,5%, el agregado de servicios subió 774,3%. La brecha se traduce en una pérdida de posición relativa cercana al 30% frente a la inflación general.
Ese rezago no fue parejo. Vivienda, agua, electricidad y gas perdió 45,6% en términos reales, el mayor atraso de toda la canasta. Comunicación retrocedió 43,6% y Educación, 32,3%. Transporte (-9,1%) y Salud (-2,0%) tuvieron pérdidas más moderadas.
El giro: los servicios subieron por encima del promedio
A partir de diciembre de 2023, el proceso cambió de signo. Entre esa fecha y agosto de 2026, con una inflación acumulada de 247,5%, el agregado de servicios trepó 425,6%, es decir, un 51,3% por encima de lo necesario para mantener su relación de precios con el resto de la economía.
La corrección más fuerte la lideraron justamente los rubros que más habían perdido antes. Vivienda, agua, electricidad y gas recuperó 86,6% en términos reales; Educación, 53,7%; y Comunicación, 37,4%. Transporte avanzó 9,3% y Restaurantes y hoteles sumó otro 14,1%.
La foto final: quién recuperó y quién sigue atrasado
Sumados los dos tramos, de diciembre de 2019 a agosto de 2026, con una inflación acumulada de 4.231,3%, el agregado de servicios queda apenas 6,1% por encima de su posición relativa de seis años y medio atrás. El atraso original ya está saldado, aunque se pueden marcar mínimas diferencias.
Restaurantes y hoteles termina 37,5% por encima de su punto de partida; Educación (+4,1%) y Vivienda, agua, electricidad y gas (+1,4%) apenas lo superan; Transporte queda casi en equilibrio (-0,6%). Comunicación es la excepción: sigue 22,6% por debajo de su nivel de 2019, el mayor atraso de toda la canasta pese a la fuerte recomposición reciente.
GBA: donde la recuperación fue más marcada
En el Gran Buenos Aires, comparadas contra el IPC local, el mapa es todavía más heterogéneo. La luz y el gas del GBA habían perdido 65,3% frente al IPC local hasta diciembre de 2023 y desde entonces recuperaron 168,2%. Es la corrección más pronunciada, muy por encima de lo que muestra el promedio nacional de Vivienda, agua, electricidad y gas.
Las prepagas siguieron un camino parecido: perdieron 37,6% y después avanzaron 48,1%. Y la telefonía e internet, que habían caído 44,7%, recuperó 43,7%. En los tres casos la corrección fue enorme, pero todavía no alcanzó para cerrar del todo la brecha acumulada desde 2019.
El costo mensual para una familia
El informe más reciente del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet) muestra que un hogar promedio del AMBA sin subsidios necesitó $268.405 en septiembre para cubrir electricidad, gas, agua y transporte. La canasta resultó 55% más cara que en septiembre de 2025, 22 puntos porcentuales por encima del IPC estimado para el período.
Una familia tipo que vive en el AMBA destina no menos del 14,6% de su salario promedio al pago de los servicios. El mayor porcentaje se lo lleva el transporte público: el 47% de ese total, unos $126.689 mensuales. El salario promedio que se calculó para determinar los gastos se estimó en alrededor de $1.838.390.
En el desglose por rubros, la factura eléctrica para un usuario sin subsidios se ubicó en $49.770 por mes, la factura de gas en $49.370 y el servicio de agua potable en $42.576.
Salarios y poder adquisitivo
La evolución de los salarios no acompañó el ritmo de los precios. Según datos del Indec, los ingresos del sector privado registrado aumentaron apenas 2,1% en marzo, mientras el IPC avanzó 3,4%. En el acumulado del primer trimestre, los salarios subieron 7% frente a una inflación de 9,4%. La consultora ACM calculó además que los haberes del sector registrado quedaron 9,3% por debajo de noviembre de 2023 en términos reales.
El nuevo esquema de subsidios
A través del Decreto 943/2025, el Gobierno estableció los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que unifican los subsidios de luz, gas natural y garrafas. El nuevo esquema se limita a hogares vulnerables con ingresos menores a 3 Canastas Básicas Totales y elimina la Tarifa Social previa. Para el gas natural por redes, se mantienen los bloques de consumo vigentes, pero el subsidio del 50% se aplica entre abril y septiembre. En los períodos de menor demanda no rige ningún descuento.
El Decreto también determinó una bonificación adicional extraordinaria sobre el consumo base de hasta el 25% para usuarios de electricidad, gas natural y gas propano beneficiarios del SEF durante 2026. La cobertura tarifaria —el porcentaje del costo que pagan los hogares— pasó del 52% al 61% entre enero y abril de 2026, aunque en agosto se ubicó en el 55%, con el Estado cubriendo el 45% restante.
Una corrección sin planificación
La corrección de las tarifas de los servicios públicos acerca el precio que paga el usuario al costo real de producir y distribuir la energía, algo que reduciría distorsiones y mejoraría la previsibilidad del sistema si existiera un Estado que supervise la oferta de un buen servicio. No es el caso. La recomposición tarifaria de estos años no contempló la capacidad de pago de los hogares y las situaciones de vulnerabilidad de los ingresos. El objetivo no fue equilibrar tarifas más cercanas a los costos con subsidios focalizados, sino mejorar la facturación de las empresas.
Que un servicio haya mejorado frente a la inflación no significa que ya cubra sus costos de producción, pero allí aparece la necesidad de planificación estatal para conjugar la optimización de los servicios con la evolución de los salarios. Bajo la óptica libertaria, todo apunta a mejorar la facturación de las empresas, no el bienestar de la población general.