El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, en un fallo que el Gobierno de Milei anticipó que apelará.
El juez federal Martín Cormick hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que solicitaba el cumplimiento de la ley sancionada dos veces por el Congreso y que el Gobierno de Milei promulgó a medias. «Ordenar al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin», indica el fallo.
Desde Casa Rosada adelantaron a El Destape que volverán a apelar la decisión judicial. Para buena parte de la comunidad educativa universitaria, el Gobierno había intentado una «trampa legal» con la que congeló las partidas universitarias previstas en la ley.
La reacción de los gremios y las universidades
«¡Fallo Histórico! La Justicia le dio la razón a las Universidades y declaró Inconstitucional el freno al Financiamiento Universitario», celebró el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba). En un comunicado, el gremio agregó: «El Ejecutivo no puede suspender de hecho la aplicación de una ley que ya fue votada y reafirmada por 2/3 de ambas cámaras del Congreso. La Constitución Nacional exige su cumplimiento inmediato».
La norma establece mecanismos para actualizar el presupuesto universitario de acuerdo con la inflación, junto con la recomposición de los salarios docentes y no docentes, las becas y recursos destinados a la investigación. «El fallo ratifica que el equilibrio fiscal no puede lograrse pasando por encima de la Constitución, la autonomía universitaria y los salarios de docentes e investigadores», agregó Feduba.
Qué harán las universidades
A las pocas horas, el CIN anunció que realizará este miércoles una reunión de rectores en Plaza de Mayo para reclamar por el cumplimiento de la ley. «Este miércoles 7 de octubre a las 14:30 horas se realizará la reunión mensual del Comité Ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores en Plaza de Mayo, Ciudad de Buenos Aires, para reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario», indicaron en un comunicado.
La decisión judicial se conoce una semana antes de una nueva marcha federal universitaria con la que la comunidad educativa volverá a mostrar su rechazo en todo el país al Gobierno mileísta. La movilización está prevista para el próximo jueves 15 de octubre, con su epicentro frente al Congreso nacional pero con réplicas en todas las provincias.
El contexto del conflicto
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en 2025, vetada por el presidente Javier Milei y luego insistida por ambas cámaras con las mayorías especiales requeridas. El Senado completó el trámite legislativo el 2 de octubre de 2025 con 58 votos afirmativos y siete negativos. El Gobierno promulgó la ley, aunque suspendió su ejecución al argumentar que el Congreso no había detallado las fuentes de financiamiento.
Esa decisión llevó al Consejo Interuniversitario Nacional y a las universidades a recurrir a la Justicia, lo que derivó en una cautelar que ordenó actualizar los salarios del personal de las universidades nacionales y los montos correspondientes a las becas estudiantiles. El caso llegó a la Corte Suprema, que el 25 de junio rechazó el planteo del Ejecutivo contra la medida por considerar que estaba dirigido contra una resolución cautelar que no tenía carácter de sentencia definitiva. La decisión dejó vigente la obligación de aplicar los artículos referidos a la recomposición salarial y las becas.