El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay N° 2, a cargo de la jueza María Isabel Caccioppoli, hizo lugar a una medida cautelar innovativa solicitada por la Municipalidad y autorizó la adjudicación y entrega inmediata de las viviendas terminadas del Proyecto de Integración Socio Urbana Villa Itapé – ReNaBaP N° 3674 a 21 familias censadas que hoy viven en sectores expuestos a inundaciones.
La resolución, firmada este miércoles 28 de octubre, autoriza al Municipio a adjudicar y entregar la posesión de las unidades concluidas para el reasentamiento inmediato de las familias frente al riesgo de inundación ante la inminencia del fenómeno de El Niño y la crecida del río Uruguay. La presentación judicial fue realizada por el equipo del área Jurídica del Municipio, a cargo del doctor Gerardo Robin, quien accionó contra el Estado Nacional mediante un amparo por mora.
El origen del conflicto
El Proyecto de Integración Socio Urbana Villa Itapé había comenzado a ejecutarse con fondos nacionales a través del programa ReNaBaP, pero se suspendió cuando el Gobierno Nacional decidió paralizar la obra pública. A partir de esa decisión, el Municipio avanzó con la construcción de las 21 viviendas destinadas a las familias relevadas del barrio. Sin embargo, el Estado Nacional no autorizaba el traslado de las familias, por lo que el Municipio acudió a la Justicia Federal para solicitar la autorización para la entrega y evitar que los vecinos se inundaran con las lluvias y la crecida del río.
La comuna había presentado un pedido formal de autorización el 27 de mayo de 2026, que nunca obtuvo respuesta. La Justicia configuró esa falta de respuesta como una omisión ilegítima.
Los fundamentos del fallo
La resolución se sostiene en dos pilares. El primero es el convenio específico firmado entre las partes, el Certificado de Avance del 58,05% de progreso global según el Municipio y el dominio municipal del terreno. El segundo es el riesgo hidrológico inminente por el fenómeno de El Niño y la crecida del río Uruguay, con desborde de la cañada sobre las casillas precarias que hoy ocupan las 21 familias censadas, entre cuyos integrantes hay niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
El peligro fue acreditado con un informe de habitabilidad de la ingeniera Agustina Kammermann, un informe ambiental e hidrológico de la licenciada M. Leticia Haudemand y la declaración jurada de las 21 familias aceptando recibir las casas en el estado actual para resguardar sus vidas. Los informes técnicos indicaron que las viviendas correspondientes a las primeras dos manzanas están estructuralmente terminadas y reúnen condiciones materiales de habitabilidad.
El dictamen favorable de la fiscal federal María Josefina Minatta, del 15 de octubre, fue clave para la resolución. La Justicia rechazó los argumentos del Estado Nacional: la Secretaría de Obras Públicas, representada por la doctora Marcela Valeria Noguera, había pedido rechazar la cautelar invocando una reestructuración orgánica.
Cómo será la entrega
Las viviendas se entregarán con Actas de Recepción y de Conformidad, con carácter precario hasta la sentencia definitiva. Se ordenó un relevamiento conjunto en cinco días entre el Municipio y la Nación, fiscalizado por la Mesa de Diálogo constituida en autos con intervención del subsecretario de Obras y Servicios de la Nación, arquitecto Jorge Luis Ríos.
La jueza consideró que la medida no afecta el interés público sino que lo resguarda, al evitar el deterioro por vandalismo o clima de casas ya construidas con fondos públicos. Como contracautela se fijó una caución juratoria del apoderado municipal, doctor Gerardo Javier Robín.
Intimación al Gobierno nacional
Además de la entrega, la magistrada intimó al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Obras Públicas a presentar en cinco días hábiles un informe circunstanciado que explique las razones técnicas, presupuestarias y administrativas que motivaron la paralización total de la obra de Villa Itapé, bajo apercibimiento de ley. El expediente también había solicitado autorización para aplicar el remanente de $133.925.373,03 del Fideicomiso FISU en infraestructura esencial, aunque la resolución priorizó la tutela urgente de la vida y la salud de niños, embarazadas y adultos mayores frente a la amenaza ambiental inminente.
El pedido al Gobierno Nacional para que autorizara la entrega de las viviendas en estado habitable ya había sido reiterado en julio por la diputada nacional Marianela Marclay, además de los reclamos realizados por las autoridades municipales.