El juez federal Daniel Rafecas comienza a juzgar este miércoles un caso de represión durante el gobierno de Javier Milei: el ataque con gas irritante por parte de un integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) a una nena de diez años que había ido con su mamá a una manifestación en apoyo a los jubilados. El policía, Cristian Rivaldi, de 39 años, está acusado de abuso de autoridad y lesiones leves.
El hecho ocurrió el 11 de septiembre de 2024, cuando Fabrizia Pegoraro estaba sentada sobre la avenida Rivadavia junto a su mamá, Carla Mariana Pegoraro, y les llegó la orden a las fuerzas federales de avanzar para despejar la calle de manifestantes. La mujer y la nena estaban de espaldas cuando Rivaldi, principal de la PFA, las roció. Ambas tuvieron que ser atendidas en la zona del Congreso. Fabrizia debió ser asistida más tarde en el Hospital Santa Lucía, donde le diagnosticaron una conjuntivitis química.
En ese momento, Rivaldi cumplía funciones en la DOUCAD, la unidad especializada en el control de multitudes y el control del orden público de la PFA. Durante la instrucción de la causa, su estrategia principal fue decir que él no había visto a Fabrizia y su mamá. Por el contrario, habló de una persona no identificada que arrojaba gas pimienta y de otro hombre que estaba atacando a Gerardo Perillo Scampini, jefe del Departamento del Cuerpo de Infantería de la PFA. La maniobra defensista se encuadró en la estrategia que empleó el Gobierno para intentar explicar lo que había pasado: decir que la nena había sido rociada con gas pimienta por una persona ajena a las fuerzas federales. En redes sociales, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó de «irresponsable» a la madre por haber llevado a la nena a una manifestación. Su número dos de aquel momento y actual reemplazante, Alejandra Monteoliva, salió a decir en los medios que la atacante habría sido una mujer que vestía de naranja, es decir, una socorrista.
Las explicaciones oficiales no tuvieron eco en los tribunales de Comodoro Py, donde Rivaldi terminó procesado y elevado a juicio. El fiscal Eduardo Taiano lo acusa de abuso de autoridad y lesiones leves contra Fabrizia y su mamá. En el pedido de elevación a juicio, Taiano señaló que Rivaldi había actuado de manera desmedida e injustificada cuando madre e hija estaban sentadas sin ofrecer ningún tipo de resistencia.
La descripción de los hechos es fundamental para entender que Rivaldi habría violado la normativa vigente que establece que el uso de materiales químicos debe ser ante la inminencia de una agresión. No respetó el reglamento general para el empleo de armamento no letal ni el manual de capacitación policial en el uso racional de la fuerza. Incluso habría violado el llamado «protocolo antipiquetes», que fue la herramienta central de Bullrich y Monteoliva para reprimir. La resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad establece en su artículo 5 que «los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos».
«Se juzga una decisión individual de un funcionario público que usó la fuerza del Estado contra una nena y su mamá que no agredían a nadie. No se juzga a una fuerza ni a una política de seguridad: se juzga un hecho, y vamos a pedir condena», dice el abogado Gregorio Dalbón, que representa a Fabrizia y a su mamá. Según explicó a este diario, la defensa ofreció dos integrantes de las fuerzas de seguridad como testigos. La acusación, por el contrario, se basará en las imágenes y peritajes. Es posible que Rafecas llegue a dictar sentencia durante el día.
Las estadísticas de la Comisión Provincial por la Memoria permiten ver que la represión fue en aumento desde que Milei llegó a la Casa Rosada. En 2024 fueron reprimidas 17 protestas, mientras que en 2025 las fuerzas de seguridad intervinieron violentamente en 34 movilizaciones. En 2024 los heridos sumaron 1216, mientras que en 2025 ascendieron a 1369, un incremento del 13 por ciento. Solo en marzo de 2025, 789 personas resultaron heridas. El 12 de marzo fue el día de mayor despliegue represivo: la Gendarmería dejó al borde de la muerte al fotógrafo Pablo Grillo.
