La desocupación juvenil alcanza al 17,1% de las mujeres y al 14,1% de los varones, casi siete de cada diez jóvenes ocupados trabajan en la informalidad y el 48,9% de las personas de 18 a 29 años vive en condiciones de vulnerabilidad social, según datos del INDEC y la UBA.
En Argentina viven más de siete millones de jóvenes que estudian, trabajan y cuidan, aunque no lo hacen en las mismas condiciones que la población de mayor edad. Los últimos datos del mercado laboral mostraron que el impacto de la destrucción de empleo en la gestión libertaria es particularmente grave para la juventud: la desocupación alcanzó al 17,1% de mujeres y 14,1% de varones, escalando al porcentaje más elevado desde la crisis de pandemia. Como resultado, casi dos de cada tres jóvenes viven en hogares pobres.
Esto ocurre en una coyuntura nacional en la que, a casi tres años de gestión de Javier Milei, el aumento general de la desocupación, la subocupación y la ocupación demandante elevó la presión sobre el mercado laboral, dando cuenta de amplios segmentos de la población que se ven en la urgencia de complementar ingresos laborales y que enfrentan peores condiciones de contratación. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026 se perdieron más de 350 mil puestos registrados, a la par que se sumaron en solo un año 330.000 cuentapropistas informales y la informalidad escaló al 45,0%.
Desocupación juvenil: el doble del promedio
Según los datos correspondientes al segundo trimestre de 2026 relevados por el INDEC, la desocupación general se ubicó en el 7,9%, mientras que entre los jóvenes alcanzó niveles prácticamente dos veces superiores: llegó al 17,1% entre las mujeres y al 14,1% entre los varones. Las cifras reflejan las dificultades que enfrenta este sector de la población para ingresar al mercado laboral y, especialmente, para acceder a empleos registrados.
El relevamiento del INDEC abarca más de 30 aglomerados urbanos del país y permite observar, además de los niveles de empleo y desempleo, cambios en la composición del mercado laboral. Para quienes buscan su primera experiencia laboral, el acceso a puestos formales constituye uno de los principales desafíos. La falta de registración implica, entre otras consecuencias, quedar fuera de aportes jubilatorios, cobertura de salud, seguros y otras protecciones vinculadas tradicionalmente al empleo asalariado.
Informalidad: siete de cada diez jóvenes sin empleo registrado
Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA reveló que el 67,4% de los jóvenes de entre 16 y 24 años trabaja en la informalidad. Es decir, casi 7 de cada 10 jóvenes no tiene empleo en blanco. El dato supera en casi 24 puntos porcentuales la tasa general de informalidad, lo que evidencia un impacto mucho más fuerte en las nuevas generaciones.
El estudio, coordinado por los especialistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria, advierte que si bien la precarización atraviesa a todo el mercado laboral, golpea con mayor intensidad a los jóvenes. En otros grupos etarios también se registran niveles elevados: entre los mayores de 65 años, la informalidad alcanza el 57,8%. En cambio, los trabajadores de entre 25 y 44 años presentan una tasa del 42,2%, mientras que el grupo de 45 a 64 años registra el nivel más bajo, con un 34,2%.
El cuentapropismo como refugio de la precarización
El trabajo por cuenta propia representa el 25% de las personas ocupadas y fue el único segmento que registró una expansión en los datos analizados. Durante el último año, alrededor de 300.000 personas comenzaron a trabajar bajo esta modalidad. Dentro de ese universo conviven realidades diferentes: desde profesionales y emprendedores que optan por desarrollar una actividad autónoma hasta personas que recurren al autoempleo ante la dificultad para conseguir un empleo formal.
La informalidad tiene una incidencia mayor entre los trabajadores independientes. El 65% de quienes trabajan por cuenta propia lo hace sin registración, frente al 37,9% de los asalariados. En términos concretos, esto implica que una proporción importante de estos trabajadores no realiza aportes jubilatorios ni cuenta con obra social u otras coberturas asociadas al empleo formal.
Vulnerabilidad social: casi la mitad de los jóvenes
Un informe elaborado por investigadores del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires señala que el 48,9% de los jóvenes argentinos de entre 18 y 29 años vive en condiciones de vulnerabilidad. El estudio, desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas (PIDAE-UBA), revela que la vulnerabilidad ya no es un fenómeno marginal, sino que alcanza a casi la mitad de este segmento de la población.
El 75,9% de los jóvenes ocupados trabaja en la informalidad, ya sea con trabajos en negro (el 46,1%) o con emprendimientos (29,8%). Las actividades principales se concentran en el comercio, la construcción y las tareas de cuidado. Además, el 78% de los encuestados carece de cobertura de salud privada o por obra social, dependiendo exclusivamente del sistema público.
Uno de los datos más alarmantes del informe es la consolidación del segmento denominado «Triple Ni»: dos de cada diez jóvenes vulnerables no trabajan ni estudian, y un tercio de ellos ha dejado de buscar trabajo. «Esta desconexión refleja una ruptura de las expectativas de progreso, donde el mercado laboral ya no es percibido como un espacio de inclusión accesible», explica Juan Cruz Esquivel, director de la investigación.
Reforma laboral: precarización institucionalizada
La reforma laboral sancionada en febrero de 2026 ha sido presentada bajo el lema de la «modernización», pero un análisis detallado de sus disposiciones revela que consolida un modelo de precarización ya en marcha. Entre los cambios más significativos se encuentra la extensión del período de prueba: de tres meses a seis meses para empresas tradicionales, hasta ocho meses para pymes medianas y hasta un año para microempresas. Durante ese lapso, el empleador puede desvincular al trabajador sin causa ni obligación de indemnizar.
La reforma también creó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permite reemplazar el sistema indemnizatorio tradicional por fondos de cese financiados con aportes mensuales de los empleadores. Aunque el fondo comenzará a funcionar formalmente en noviembre de 2026, recién en abril de 2027 las empresas podrán disponer de esos fondos para indemnizaciones.
Otra modificación sustancial es la del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que establece una reducción de las contribuciones patronales por cuatro años para quienes contraten personal no registrado, desempleados o exmonotributistas. El esquema apunta a incorporar trabajadores que no hayan estado registradas antes de diciembre de 2025, pero los sindicatos advierten que esta medida profundiza la precarización en lugar de fomentar el empleo formal.
Ingresos: la brecha que no se cierra
Los ingresos de los jóvenes tampoco acompañan la recuperación de algunas variables macroeconómicas. El salario promedio de los jóvenes ronda los $900.000, mientras que el costo mínimo para independizarse asciende a $2.085.853 mensuales, según un informe de la consultora Focus Market. La diferencia es de casi $1.200.000.
Un informe de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) reveló que el 44% de los jóvenes sigue viviendo con sus padres por razones económicas, y que un 15% debió volver al hogar familiar después de haberse independizado. El costo de alquilar un monoambiente demanda cerca de $550.000 mensuales, a lo que se suman $212.000 de expensas y aproximadamente $104.320 en servicios básicos.
La situación de endeudamiento también es crítica. El 67,1% de los jóvenes de entre 18 y 39 años tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses, según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora. El 83,3% de los jóvenes de 18 a 39 años no supera el día 20 con sus ingresos, contra el 60,3% de los mayores de 60 años. El destino del crédito confirma que se trata de una necesidad y no de una decisión de consumo: el 76% de quienes se endeudaron lo hizo para cubrir alimentos, salud, tarifas y servicios.
Un futuro incierto
Lejos de poder revertirse en lo inmediato, se estima que la situación podría empeorar si el Gobierno insiste en limitar los aumentos salariales para contener la inflación, es decir, sostener el ancla salarial a costa del menor consumo y acceso a bienes esenciales de la población. Se suma el impacto de la reforma laboral que, lejos de los argumentos del oficialismo sobre el impulso a más empleo, terminó por precarizar aún más el ingreso a un trabajo (extensión del período de prueba), fomentar la no registración (monotributo en lugar de relación de dependencia) y facilitar el despido (reemplazo de indemnizaciones).
Los jóvenes que hoy buscan su primer empleo se enfrentan a un mercado laboral que les ofrece principalmente trabajos informales, mal remunerados y sin protección social. La crisis no es solo económica: es también una crisis de expectativas, donde una generación entera ve truncados sus proyectos de vida y posterga indefinidamente la posibilidad de independizarse, formar una familia o construir un futuro con estabilidad.
