El Gobierno nacional designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que prevé sanciones para quienes realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.
El Gobierno designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que prevé sanciones para quienes desarrollen o faciliten actividades vinculadas con la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del país. La medida fue formalizada mediante el Decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
Según el texto del decreto: «Desígnase al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 26.659 y su modificatoria». Además, se instruye a todo organismo o entidad de la Administración Pública Nacional a informar a la Autoridad de Aplicación los hechos de los que tome conocimiento que pudieran configurar alguna de las conductas descriptas en el artículo 2° de la ley, en el plazo de cinco días hábiles administrativos contados desde dicha toma de conocimiento.
El decreto establece el procedimiento que deberá seguir la Cancillería. La Autoridad de Aplicación analizará si existen indicios suficientes que permitan suponer la existencia de una conducta prohibida. En caso afirmativo, dispondrá la apertura del sumario y notificará al presunto infractor en el domicilio que tuviere constituido o, en su defecto, en su domicilio real o legal conocido. Una vez notificado, el presunto infractor tendrá un plazo de diez días hábiles administrativos para constituir domicilio especial, presentar su descargo y ofrecer la prueba de que intente valerse.
La Autoridad de Aplicación dictará resolución fundada dentro de los diez días hábiles administrativos contados a partir de la presentación del descargo, de vencido el plazo para presentarlo, o de concluida la etapa probatoria. Dicha resolución dispondrá el archivo de las actuaciones o la aplicación de la sanción prevista en el artículo 3° de la ley, según corresponda.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno señaló que por la disposición transitoria Primera de la Constitución Nacional se establece que «la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional». También indicó que «la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino» y que «el Estado Nacional tiene la obligación de llevar adelante todas las acciones necesarias para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía».
La medida se enmarca en la escalada de tensiones diplomáticas entre Argentina y Reino Unido luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei del jueves, en la que anunció sanciones para las empresas petroleras que operen en el archipiélago, la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y un paquete de medidas orientadas a reforzar el reclamo soberano.