El fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, dispuso este jueves 5 de noviembre de 2026 la apertura de tres causas penales contra el presidente renunciante, Santiago Peña Palacios, en relación con la crisis de Ueno Bank, según informó Elonce.
Las causas y el equipo fiscal
Según un comunicado oficial, la decisión se basó en presentaciones de senadores y diputados y en una denuncia del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez. Rolón Fernández ordenó conformar un equipo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar la supervisión y resolución de Ueno Bank S. A., la colocación de fondos públicos en la entidad y las actuaciones de autoridades de distintas instituciones del Estado.
Entre los antecedentes figura la ampliación de una denuncia presentada el 22 de octubre de 2025, que incorpora cuestionamientos sobre la supervisión y resolución del banco intervenido, la colocación de recursos públicos y la actuación de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y de las instituciones depositantes. También se considera otra denuncia de senadores contra autoridades del Poder Ejecutivo, autoridades y exautoridades del BCP, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El fiscal general designó a tres agentes fiscales de delitos económicos, que trabajarán bajo la dirección de la agente fiscal Silvia Margarita González Vóster y la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
La renuncia y el juicio político
Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre, pero el Congreso no llegó a tratarla por falta de quórum en la sesión conjunta de diputados y senadores. Por eso sigue en la Presidencia mientras el Senado avanza con el juicio político. El vicepresidente, Pedro Alliana, continúa en su cargo y aún no asumió el Ejecutivo.
La Cámara de Diputados aprobó la acusación contra Peña y la envió al Senado, que retoma el proceso este viernes 6 de noviembre. Peña pidió una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, al considerar insuficiente el plazo inicial. El proceso se originó en un pedido firmado por 35 diputados opositores y disidentes del Partido Colorado. El oficialismo terminó respaldando la acusación después de que Horacio Cartes, titular del partido, anunciara que la acompañaría. Para destituir al mandatario se necesitan 30 de los 45 votos del Senado. Hasta que el Senado resuelva o el Congreso acepte la renuncia, Peña mantiene el cargo.
El pedido de juicio político contra Alliana fue rechazado en Diputados por 48 votos contra 30, por lo que sigue en la línea de sucesión. Si la vacante es definitiva, completaría el mandato, que vence en agosto de 2028. Antes de que se definiera la situación parlamentaria, Cartes y Alliana se reunieron en la sede del Partido Colorado para discutir el escenario de sucesión, sin que hubiera traspaso de mando.
El origen de la crisis
El BCP intervino Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. Unos 2,9 millones de clientes quedaron sin acceso inmediato a sus fondos. La acusación política apunta a la participación accionaria de Peña en el grupo vinculado al banco, la designación de un exdirectivo de Financiera Ueno al frente del BCP y la colocación de fondos previsionales en la entidad. El texto aclara que son señalamientos de los legisladores y no conclusiones judiciales.
En paralelo, la Fiscalía investiga créditos otorgados a empresas vinculadas con el grupo controlante del banco. Ocho directivos fueron detenidos en esa causa, que se tramita por separado del juicio político.
