El juez Mariano Budasoff fijó para el 19 de octubre la audiencia de apertura de causa a juicio contra el exgobernador Sergio Urribarri, acusado de enriquecimiento ilícito, en una causa donde la Fiscalía solicita cinco años y seis meses de prisión por un incremento patrimonial no justificado de 7 millones de dólares.
El juez de Garantías Mariano Budasoff fijó para el próximo 19 de octubre, a las 9 de la mañana y en el Salón de Audiencias Nº 1 de los tribunales de Paraná, la audiencia de apertura de causa a juicio en la que el exgobernador Sergio Urribarri está acusado por el delito de enriquecimiento ilícito. La audiencia dará continuidad a la tramitación de la remisión de la causa a juicio oral, solicitada por el Ministerio Público Fiscal en 2023. Este proceso ya tuvo una extensa serie de audiencias durante marzo y abril de 2026.
En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de la causa por enriquecimiento ilícito que involucra al exgobernador Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo Provincial ya fue condenado a ocho años de cárcel en el marco del megajuicio por corrupción. Además, tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, en la que la Fiscalía solicitó una pena de diez años de cárcel.
En esta investigación por enriquecimiento ilícito, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron para Urribarri una condena de cinco años y seis meses de prisión. La acusación sostiene que el exgobernador no pudo justificar un incremento patrimonial de 7 millones de dólares. Según la investigación, en las maniobras también habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, empresa que fue contratista del Estado provincial durante el urribarrismo. Para Cardona Herreros, los fiscales solicitaron cinco años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, para Rubén Ángel Martínez habían solicitado tres años de prisión de cumplimiento condicional.
Sin embargo, uno de los tres imputados, Rubén Ángel Martínez, un jubilado que actualmente tiene 72 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024. El juez de Garantías Julián Vergara refrendó entonces un acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation) por un plazo de tres años, que benefició a Martínez, imputado como partícipe en la investigación penal contra Urribarri por enriquecimiento ilícito. El acuerdo había sido presentado ante Vergara por el defensor de Martínez, Tomás Vírgala, con la anuencia de los fiscales Yedro y Badano.
La Fiscalía le reprocha a Martínez que en 2011 adquirió un vehículo a su nombre y que posteriormente tramitó una tarjeta azul para que pudiera disponer de él uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del exmandatario, Ana Lía Aguilera. Además, le atribuyen haber «colaborado» con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas desde Europa con destino a los Urribarri. Durante aquella audiencia, Martínez declaró: «Soy muy buen vendedor. Empecé a trabajar para empresas americanas que vendían cable coaxil. Hasta 2001, que vinieron los radicales y pasó lo que pasó». «Nunca me pasó algo así -aseguró, en referencia a estar involucrado en una causa judicial-. A esta edad», agregó.
En el marco del acuerdo, la Fiscalía había solicitado para Martínez tres años de prisión de ejecución condicional, además del pago de una multa de $117 mil y 7.000 dólares. La defensa propuso pagar la mitad de esos montos: $58.500 y 3.500 dólares. Los $58.500 serán abonados en una sola cuota mediante transferencia bancaria, mientras que los 3.500 dólares serán pagados en 20 cuotas, en pesos y al valor oficial, con actualización de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor.
En cuanto a la reparación del daño producido al Estado, Martínez asumió el pago de 36 cuotas de $10 mil, que propuso donar al Hospital San Roque de Paraná. Ese monto también será actualizado según el IPC. Asimismo, en reemplazo de las 96 horas de trabajo en beneficio de una institución de bien público, que no podrá realizar por razones de salud, se acordó una reparación económica. Martínez deberá pagar 12 cuotas de $30 mil a una institución que será designada por la Oficina de Medios Alternativos del Poder Judicial. Finalmente, el defensor de Martínez pidió que se levanten los embargos sobre sus cuentas bancarias, una medida que había dispuesto el juez de Garantías Elvio Garzón en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito de Urribarri. Ese planteo, según se estableció, será tramitado por separado.