Estudiantes de distintas universidades ocuparon el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el aumento de la Beca Progresar. La Policía Federal los desalojó por la noche con gritos y empujones, en un contexto de creciente conflicto entre la comunidad universitaria y el Gobierno de Javier Milei.
El hecho se produjo un día después de que el Gobierno anunciara que apelará el fallo del juez Martín Cormick, que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 —el instrumento mediante el cual el Ejecutivo congeló la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario— y ordenó al Gobierno pagar «de inmediato» a las universidades. Los estudiantes decidieron entonces pasar de la protesta en la calle a la acción directa: un centenar de alumnos ingresaron al hall del edificio ubicado en Pizzurno 935 y realizaron una sentada en el interior del establecimiento.
Los manifestantes advirtieron que no pensaban irse hasta que los recibiera el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Sin embargo, les explicaron que el funcionario no estaba porque no va a su oficina los miércoles ni cuando llueve. La respuesta del Gobierno no fue el diálogo sino el desalojo: personal de la Policía Federal Argentina liberó los accesos del Palacio en medio de un clima hostil, con gritos y empujones, durante la noche del miércoles.
La voz de los estudiantes
Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, habló con la Agencia Noticias Argentinas mientras se encontraba dentro del Palacio. Explicó que la iniciativa comenzó con una sentada frente al edificio y derivó en el ingreso «en busca de respuestas». «Ya estamos hace más de un año con una Ley de Financiamiento Universitario aprobada. No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir», sostuvo.
Y agregó: «Llamamos también a toda la sociedad argentina, a toda la gente que vive en Capital, en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, a que se pueda acercar, a que nos pueda acompañar en este reclamo que es de todos y de cada uno de nosotros. Porque lo único que venimos a hacer es a defender el derecho de todos los argentinos a poder estudiar, a poder elegir una carrera universitaria, a poder salir con un título que dé cuenta de todo ese esfuerzo».
Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, también se encontraba dentro del Palacio y fue categórica: «Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció. Tenemos enfrente a un Gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la Justicia que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Se nos acabó la paciencia».
Una lucha que viene de lejos
La toma del Palacio Pizzurno no es un hecho aislado. Es el punto más álgido de un conflicto que lleva más de un año y que tiene a la comunidad universitaria en pie de guerra contra un Gobierno que se niega a aplicar una ley sancionada dos veces por el Congreso con mayorías especiales. La Ley de Financiamiento Universitario fue vetada por Milei, insistida por ambas cámaras y luego promulgada a medias mediante un decreto que suspendió su ejecución con el argumento de que no se habían detallado las fuentes de financiamiento.
La Justicia falló en reiteradas oportunidades a favor de las universidades. La Corte Suprema rechazó el planteo del Ejecutivo contra la cautelar que ordenaba actualizar los salarios docentes y no docentes y los montos de las becas estudiantiles. El juez Cormick declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó la aplicación inmediata de la ley. El Gobierno, lejos de acatar, anunció que volverá a apelar.
La norma establece mecanismos para actualizar el presupuesto universitario de acuerdo con la inflación, junto con la recomposición de los salarios docentes y no docentes, las becas y los recursos destinados a la investigación. «El fallo ratifica que el equilibrio fiscal no puede lograrse pasando por encima de la Constitución, la autonomía universitaria y los salarios de docentes e investigadores», señaló Feduba tras conocerse la decisión judicial.
La marcha federal del 15 de octubre
Este hecho se produjo a una semana de la 5ª Marcha Federal Universitaria, convocada por estudiantes, docentes y no docentes para el próximo 15 de octubre, con una movilización hacia el Congreso que se fusiona con el reclamo por la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La jornada del 15 de octubre también incluirá una sesión especial en Diputados, convocada por alrededor de 30 legisladores de la oposición, para derogar el DNU 70/2023, prorrogar la emergencia en discapacidad y avanzar en proyectos para abordar el endeudamiento de las familias.
Los estudiantes llamaron a toda la sociedad a sumarse a la movilización. «Llamamos a toda la sociedad argentina, a toda la gente que vive en Capital, en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, a que se pueda acercar, a que nos pueda acompañar en este reclamo que es de todos y de cada uno de nosotros», insistió González Puente.
El desalojo y la represión
El desalojo del Palacio Pizzurno se produjo en medio de un clima hostil, con gritos y empujones. La Policía Federal liberó los accesos del edificio ubicado en el barrio porteño de Recoleta, que había sido tomado en las primeras horas de la tarde. No hubo reportes oficiales de detenidos, pero la imagen de estudiantes siendo expulsados por la fuerza de la sede de la Secretaría de Educación se suma a una larga lista de episodios de tensión entre el Gobierno y la comunidad universitaria.
La toma del Pizzurno no fue un capricho. Fue la respuesta desesperada de una generación que ve cómo el Gobierno desoye los fallos judiciales, ignora al Congreso y niega el diálogo. Los estudiantes ya marcharon, hicieron clases públicas, cortaron calles y presentaron petitorios. El Congreso se posicionó. La Justicia sentenció. El Gobierno, en cambio, eligió la apelación y el desalojo.
Un reclamo que es de todos
La lucha de los estudiantes universitarios no es una demanda sectorial. Es la defensa de un derecho que la sociedad argentina conquistó hace más de un siglo: el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad. Es la defensa de un sistema universitario que fue motor de movilidad social y desarrollo científico. Es la defensa de un país que apuesta por el conocimiento en lugar de la ignorancia.
«Lo único que venimos a hacer es a defender el derecho de todos los argentinos a poder estudiar, a poder elegir una carrera universitaria, a poder salir con un título que dé cuenta de todo ese esfuerzo», sintetizó González Puente. Esa es la esencia de la lucha universitaria. No hay intereses ocultos ni consignas partidarias. Hay estudiantes que quieren estudiar, docentes que quieren enseñar y una sociedad que necesita una universidad pública fuerte.
El Gobierno de Milei parece no entenderlo. Prefiere el desalojo al diálogo, la apelación judicial al cumplimiento de la ley, el ajuste a la inversión en educación. Pero la comunidad universitaria ya demostró que no se rendirá. La marcha del 15 de octubre será una nueva oportunidad para que la sociedad argentina muestre de qué lado está.
