La Justicia ordenó el embargo de propiedades de Joaquín y Elba De Grazia y una inhibición general de bienes sobre Avex y cinco personas vinculadas al grupo avícola, en el marco de las deudas que acumula la compañía.
La crisis financiera de Granja Tres Arroyos comenzó a impactar directamente en el patrimonio personal de sus principales accionistas, luego de que la Justicia dictara medidas cautelares en dos expedientes separados. En uno de ellos, el Juzgado Nacional en lo Comercial N°19, a cargo del juez Gerardo Santicchia, ordenó el embargo de inmuebles vinculados a Joaquín De Grazia, presidente del grupo, y a Elba Elisa De Grazia. En otra causa, tramitada ante el Juzgado Comercial N°16, el magistrado Diego Manuel Paz Saravia dispuso además una inhibición general de bienes sobre la sociedad Avex SA y cinco personas relacionadas con la firma.
Estas resoluciones judiciales se dictaron a partir de reclamos de una entidad financiera por deudas de Granja Tres Arroyos y Avex. En paralelo, la avícola acumula cuatro pedidos de quiebra presentados por distintos acreedores y múltiples juicios ejecutivos, mientras la empresa intenta avanzar en una reestructuración de su pasivo por 350,9 millones de dólares.
Detalles de los embargos
En el expediente que tramita por ante el Juzgado N°19, la ejecución contra Granja Tres Arroyos y sus garantes se inició por una deuda de 1.194,95 millones de pesos, más otros 600 millones calculados provisoriamente para intereses y costas. El juez Santicchia ordenó el embargo de los inmuebles denunciados por el acreedor, siempre que registralmente figuren a nombre de Joaquín De Grazia o Elba Elisa De Grazia.
Los bienes identificados en esa resolución son un departamento y una cochera ubicados sobre la avenida Francisco Beiró, en la Ciudad de Buenos Aires; un terreno en la localidad de Canning; y una vivienda en el Highland Park Country Club, en el partido de Pilar. El juez aclaró que la orden no alcanza de manera indiscriminada a todos los bienes de los De Grazia, sino que el embargo deberá concretarse sobre esas propiedades si los registros confirman que son de titularidad de los demandados. En esa misma causa, el magistrado no hizo lugar por ahora al pedido de inhibición general de bienes y dejó abierta la posibilidad de analizarlo más adelante, una vez que se conozca el resultado de los embargos.
Inhibición general de bienes contra Avex
La medida más amplia se dictó en otro expediente, iniciado contra Avex SA también por una deuda reclamada por una entidad financiera. En ese caso, el monto asciende a 115.000 dólares, más otros 34.500 estimados provisoriamente para intereses y costas. El juez Paz Saravia ordenó el embargo de las dos unidades ubicadas en Francisco Beiró 4557/4561, en la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que figuren a nombre de Joaquín De Grazia, y también dispuso el embargo del usufructo que Elba Elisa De Grazia tiene sobre un inmueble en el Highland Park Country Club.
Sin embargo, la resolución fue más allá: el juzgado decretó la inhibición general de bienes de Avex SA y de cinco personas: Elba Elisa De Grazia, Inés Magallanes, Joaquín De Grazia, Marcelo Carlos De Grazia y Romina Paola Elizabeth Pato. La diferencia entre ambas medidas es sustancial. Mientras el embargo recae sobre bienes determinados, la inhibición general restringe la posibilidad de disponer de bienes registrables de las personas y sociedades alcanzadas, lo que impide la venta o transferencia de propiedades, vehículos y otros activos inscribibles.
A estos expedientes se suma otra ejecución prendaria contra Granja Tres Arroyos, por 55,78 millones de pesos, más 25 millones estimados para intereses y costas. En ese caso, la Justicia ordenó avanzar sobre el bien dado en garantía y también dispuso medidas sobre inmuebles denunciados, sujetas a la titularidad registral.
Múltiples pedidos de quiebra y ejecuciones
El otro dato que profundiza la situación es la cantidad de acreedores que recurrieron a la Justicia para intentar cobrar sus créditos. En el fuero comercial figuran actualmente cuatro pedidos de quiebra contra Granja Tres Arroyos, impulsados por ID Group S.A., Fradei S.A., ASA Tala S.A. y Centro de Distribución Sur S.R.L.
A estos se suman distintos juicios ejecutivos iniciados contra la empresa. Entre ellos aparecen los de MAS Protección S.A., Sartore Hermanos SRL, Award Support S.R.L. y Trade Service S.A., además de las dos causas iniciadas por la entidad financiera que derivaron en los embargos mencionados. El volumen de reclamos da cuenta de una situación que excede una negociación puntual con un acreedor y evidencia que, mientras la compañía intenta reestructurar sus pasivos, distintos acreedores avanzan por separado en los tribunales para cobrar o reclamar la quiebra.
En cifras, el pasivo bancario de Granja Tres Arroyos supera los 42.400 millones de pesos. La empresa acumula 5.652 cheques rechazados por más de 86.400 millones. Avex suma 755 cheques rechazados por 7.300 millones, mientras que Wade registra 690 por 7.955 millones. En conjunto, las tres sociedades del grupo acumulan 7.097 cheques rechazados por más de 101.600 millones de pesos.
Cierre de plantas y suspensiones
La crisis financiera se extendió a todas las unidades productivas de la compañía. El último episodio ocurrió en la planta de Capitán Sarmiento, donde Granja Tres Arroyos suspendió las operaciones desde el 31 de agosto pasado “hasta nuevo aviso” por falta de suministro eléctrico y otras cuestiones operativas y productivas. La compañía comunicó al personal que no debía concurrir a trabajar, salvo convocatoria expresa de un encargado o supervisor. La decisión tomó por sorpresa a los trabajadores y generó preocupación por la continuidad de la planta y el eventual pago de indemnizaciones.
Según trascendió, maquinaria concesionada por terceros fue retirada del establecimiento, entre ella zorras, equipos para armado de cajas y otros elementos utilizados en la operación. Fuentes vinculadas a la situación señalaron que integrantes del directorio habrían retirado pertenencias de sus oficinas y depósitos.
Capitán Sarmiento se suma a una serie de cierres y suspensiones que redujeron la capacidad operativa del grupo. Su planta de Tristán Suárez fue cerrada y dejó 200 desvinculaciones sobre una dotación de 270 trabajadores. La planta de Becar, en Concepción del Uruguay, también cerró y sus trabajadores fueron trasladados a La China, que permanece paralizada desde fines de mayo. En Avex Río Cuarto, una parada inicialmente anunciada por dos semanas se extendió en el tiempo y afectó a unos 350 trabajadores. En agosto también se suspendió a todo el personal de Pinazo, en Pilar. En Wade II, ex Cresta Roja, hubo paralizaciones por conflictos salariales y bloqueos, mientras que Wade I, en Ezeiza, funciona con una actividad considerablemente reducida.
A mediados de agosto, la compañía desvinculó a 250 trabajadores de Concepción del Uruguay, sobre una dotación de 900 empleados. Los telegramas atribuyeron las cesantías a una “grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora”, mientras que el gremio denunció atrasos de más de cinco quincenas en el pago de salarios.
Reestructuración bajo presión judicial
En medio de este escenario, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda por 350,9 millones de dólares, con VALO como asesor financiero. La propuesta contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años, la incorporación de nuevos inversores y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos.
Sin embargo, mientras la compañía busca avanzar con ese proceso, los pedidos de quiebra y las ejecuciones se multiplican en la Justicia, al mismo tiempo que crecen los cheques rechazados y las deudas del grupo. El dato clave que puede precipitar el desenlace es que la presión dejó de concentrarse exclusivamente sobre las sociedades. Con los nuevos embargos y la inhibición general, las medidas judiciales ya alcanzan directamente a personas vinculadas al control del grupo, mientras la reestructuración continúa sin mostrar avances concretos.