La bandera con el reclamo soberano que agitó el plantel argentino tras el triunfo ante Inglaterra provocó el enojo del Gobierno, que había buscado desactivar el tema para no entorpecer el megaproyecto de extracción de petróleo en la cuenca norte del archipiélago, a cargo de empresas británica e israelí.
El domingo 19 de julio, luego de la victoria 2 a 1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial, un gesto de la Selección argentina reavivó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Una bandera blanca con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” cayó desde la tribuna, fue recogida por Giovani Lo Celso y agitada por los jugadores en el campo de juego. La imagen circuló de inmediato y generó una reacción adversa del Gobierno nacional.
El presidente Javier Milei calificó el acto como “patrioterismo barato” y “berreta”, y sostuvo que “las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos”. La administración había intentado evitar cualquier manifestación alusiva al conflicto durante el partido. El día previo al encuentro, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, acordó con la FIFA y el FBI en el Centro Internacional de Cooperación Policial de Virginia que se impediría el ingreso de elementos vinculados al reclamo soberano, argumentando que “las Malvinas son argentinas” constituye un mensaje político. Pese a ello, la bandera ingresó al estadio.
Detrás del enojo oficial, según el artículo, se encuentran intereses económicos actuales vinculados a la explotación hidrocarburífera. El megaproyecto Sea Lion, un yacimiento de petróleo en alta mar en la cuenca norte de las Islas Malvinas, está a cargo de la británica Rockhopper (35% de las acciones) y la israelí Navitas Petroleum (65%). El plan contempla una inversión superior a los 2.100 millones de dólares y una extracción cercana a los 170.000 barriles diarios a partir de marzo de 2028. A modo de comparación, la producción total de Argentina, incluida Vaca Muerta, promedia 900.000 barriles por día.
La licencia de explotación otorgada por el gobierno colonial británico viola dos resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, según el texto. La resolución 31/49 (1976) prohíbe decisiones unilaterales en territorios en disputa, y la resolución 1803 (1962) declara la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, con el fin de garantizar el control de los países en proceso de descolonización frente a intereses extranjeros. Por estas infracciones, Argentina sancionó a Rockhopper en 2013 y a Navitas Petroleum en 2022 por operar sin autorización en la plataforma continental.
El acercamiento de la administración Milei a los gobiernos de Israel y Estados Unidos —países que no respaldan el reclamo argentino de soberanía— modificó el contexto del proyecto. El canciller Pablo Quirno publicó el sábado previo al partido una nota en el diario La Nación titulada “Malvinas: la fuerza de una causa justa”, en la que señaló que el proyecto Sea Lion incumple un “mandato internacional”. Sin embargo, tras la exhibición de la bandera, el Reino Unido reclamó una sanción a la FIFA por considerar el gesto como una manifestación política. Al día siguiente, Milei criticó a los jugadores por radio y los trató de “imprudentes”.
Como consecuencia, la Cancillería debió emitir un comunicado reclamando ante la Embajada del Reino Unido por el ingreso del buque inglés HMS Medway en aguas argentinas, presencia que había sido informada por la Armada el 2 y el 3 de julio al Ministerio de Defensa, pero que ni el titular de esa cartera, Carlos Presti, ni el canciller habían hecho pública.
En el marco de la disputa, el diario británico The Guardian publicó un artículo de Simon Jenkins en el que plantea la posibilidad de discutir la soberanía de las islas. Jenkins sostiene que “no pueden ser británicas para siempre”, compara el caso con el acuerdo reciente entre Inglaterra y España por Gibraltar, y recuerda que antes de la guerra de 1982 el gobierno británico negociaba una transferencia de soberanía con Argentina. Señala además que el mantenimiento de la ocupación le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras anuales en defensa. El artículo concluye que el futuro es más incierto luego de las declaraciones del actual gobierno argentino.
