Los docentes de las universidades nacionales anunciaron un paro de entre 48 y 72 horas que comenzará el miércoles 30 de septiembre para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial, en el marco del plan de lucha previo a la quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre.
La medida fue convocada para exigir al gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición de los salarios. La protesta formará parte del plan de lucha previo a la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el 15 de octubre. La duración definitiva del cese de actividades deberá coordinarse entre las federaciones nacionales del sector.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) condicionó la realización del paro a que el Poder Ejecutivo cumpla, antes del martes 29, con el aumento del 33,4% que el gremio considera contemplado en la Ley 27.795.
El reclamo de los salarios
Los sindicatos y las universidades calcularon que los salarios acumulaban una recomposición pendiente del 31,2%. La última oferta realizada durante la negociación paritaria consistió, según la convocatoria gremial, en un incremento del 3%, considerado insuficiente por las organizaciones.
La medida fue definida durante un plenario del Frente Sindical de Universidades Nacionales. CONADU buscará coordinar la protesta con CONADU Histórica y con los demás sectores que representan a los trabajadores universitarios. El paro será acompañado por actividades destinadas a visibilizar la situación salarial y presupuestaria del sistema público de educación superior.
La Ley 27.795 estableció mecanismos para garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio nacional. También contempló la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes y de los programas de becas estudiantiles.
La intimación judicial al Gobierno
El conflicto sumó esta semana un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, intimó al Gobierno a cumplir de manera total la medida cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. El magistrado otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de cinco días para acreditar el cumplimiento y advirtió sobre la posibilidad de aplicar multas por cada jornada de demora.
La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 y posteriormente confirmada, el 31 de marzo de 2026, por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La medida ordenó actualizar los salarios del personal de las universidades nacionales y los montos correspondientes a las becas estudiantiles. El caso llegó luego a la Corte Suprema de Justicia, que el 25 de junio rechazó el planteo del Ejecutivo contra la medida por considerar que estaba dirigido contra una resolución cautelar que no tenía carácter de sentencia definitiva. La decisión dejó vigente la obligación de aplicar los artículos referidos a la recomposición salarial y las becas mientras continuaba la discusión judicial de fondo.
El Gobierno anunció una nueva apelación
La Casa Rosada anticipó que apelaría la última intimación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El Ejecutivo sostuvo que había cumplido con la cautelar y aseguró que presentó documentación ante la Justicia para acreditar las medidas adoptadas. Los representantes universitarios, en cambio, sostuvieron que la norma continuaba sin ser aplicada integralmente y reclamaron el pago de la actualización salarial establecida.
La Ley de Financiamiento Universitario había sido sancionada por el Congreso en 2025. El presidente Javier Milei la vetó, pero ambas cámaras insistieron posteriormente con la norma mediante las mayorías especiales requeridas. El Senado completó el trámite legislativo el 2 de octubre de 2025, con 58 votos afirmativos y siete negativos. El Gobierno promulgó la ley, aunque suspendió su ejecución al argumentar que el Congreso no había detallado las fuentes de financiamiento. Esa decisión llevó al Consejo Interuniversitario Nacional y a las universidades a recurrir a la Justicia, lo que derivó en la cautelar que continúa vigente.
Preparan la quinta Marcha Federal Universitaria
El Frente Sindical proyectó sostener las medidas de protesta hasta la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre. La movilización buscará visibilizar la falta de aplicación de la ley, la situación salarial de docentes y no docentes y las partidas contempladas para las casas de estudios en el proyecto de Presupuesto 2027.
La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, vinculó la continuidad del plan de lucha con la necesidad de reforzar la organización conjunta de la comunidad universitaria. «El plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo ‘colectivo’ está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer ‘lo colectivo'», sostuvo. «Porque sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el gobierno de Milei», añadió Chevalier.
La organización también anticipó que mantendrá reuniones con diputados y senadores de diferentes provincias para reforzar el reclamo por el financiamiento universitario y la actualización salarial. De no producirse una respuesta del Ejecutivo antes del martes, el paro comenzará el miércoles 30. La definición sobre si se extenderá durante 48 o 72 horas dependerá de la coordinación entre las federaciones que integran el Frente Sindical.