La agenda legislativa en Entre Ríos se centrará en dos iniciativas clave. Las comisiones analizarán las proyecciones financieras para el próximo año y las modificaciones al fuero laboral impulsadas por el Poder Ejecutivo.
La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos se prepara para afrontar una jornada legislativa de profunda trascendencia institucional. Este próximo miércoles 28 de octubre, la actividad parlamentaria estará focalizada exclusivamente en el trabajo de comisiones, donde los legisladores debatirán dos de los expedientes más relevantes y espinosos de la actual agenda gubernamental: el proyecto de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2027 y la reforma integral del Código Procesal Laboral. Según la convocatoria oficial emitida por la Cámara baja, el cronograma iniciará a las 9 de la mañana en el Salón de los Pasos Perdidos, donde se congregará la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento. Posteriormente, la acción se trasladará al recinto principal, cuando a las 16.30 tome la posta la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
El primer turno estará dedicado al tratamiento del expediente 29.702, una iniciativa que propone modificaciones sustanciales al articulado del Código Procesal Laboral entrerriano. Este proyecto materializa el anuncio realizado por el gobernador Rogelio Frigerio durante el pasado mes de septiembre, en el marco de la Jornada de la Industria organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER). La matriz de esta normativa establece, como paso insoslayable, el tránsito obligatorio por las comisiones médicas jurisdiccionales antes de que un trabajador pueda habilitar la vía del reclamo judicial en casos de riesgos del trabajo. Paralelamente, promueve la creación de un cuerpo de peritos independiente bajo la órbita del Poder Judicial, determinando que los honorarios de estos profesionales dejen de calcularse en base al resultado económico de la sentencia.
Como era previsible, la propuesta legislativa generó un intenso contrapunto. Por un lado, el sector empresario y las entidades industriales promueven activamente su sanción, interpretándola como una herramienta necesaria para reducir la alta litigiosidad. En la vereda opuesta, la iniciativa cosechó el rechazo de abogados laboralistas y diversos profesionales. Estos colectivos advierten con preocupación que el foco gubernamental está puesto exclusivamente en resguardar a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), alertando además sobre el severo impacto que estas modificaciones tendrían sobre la regulación de sus ingresos y sobre el derecho constitucional de los trabajadores al acceso a la Justicia.
Durante la tarde, la atención virará hacia las finanzas con el análisis de la denominada «ley de leyes». El Presupuesto 2027, delineado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, contempla un crecimiento del 23,8 por ciento en el gasto total y del 19,6 por ciento en las erogaciones corrientes. El dato más saliente radica en la inversión de capital, que experimentaría un salto del 77,3 por ciento, destinando más de la mitad de esos recursos a obras de rutas y caminos. El oficialismo defiende la iniciativa destacando que será el cuarto año consecutivo de equilibrio fiscal, logrando reducir el peso estructural de la deuda del 65 por ciento al 23 por ciento, con servicios que equivalen apenas al 5,7 por ciento, cifra inferior al tope del 15 por ciento estipulado por la Ley de Responsabilidad Fiscal.