El cierre de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras de Paraguay, dejó a casi 3 millones de personas sin acceso a sus ahorros, provocó una caída del 35% en las ventas comerciales y generó un escándalo político que amenaza la continuidad del presidente Santiago Peña, según informó Juan Garriga el 4 de noviembre de 2026.
El conflicto llegó al Congreso, donde se presentó un pedido de juicio político contra el mandatario que podría recibir el respaldo de una parte de su propio Partido Colorado.
El alcance de la crisis
Ueno Bank había crecido rápidamente mediante una estrategia de apertura simplificada de cuentas, que le permitió incorporar a sectores tradicionalmente excluidos de la banca, como jubilados, trabajadores de bajos ingresos y pequeños emprendedores. A junio de 2026 tenía 2.941.996 clientes, una cifra equivalente a casi la totalidad de los 3,2 millones de personas ocupadas en Paraguay. Según el texto, no todos pertenecen a la población económicamente activa, pero la comparación permite dimensionar la magnitud del problema. Unas 500.000 personas utilizaban exclusivamente sus servicios y quedaron marginadas del sistema financiero.
El lunes 2 de noviembre, el Banco Central del Paraguay interrumpió todos los servicios de la entidad. Los clientes no pudieron usar tarjetas, retirar efectivo, hacer transferencias ni acceder a sus depósitos. Esto generó una demanda extraordinaria de apertura de cuentas en otras entidades, cuyos sistemas tuvieron dificultades ante la llegada masiva de usuarios.
La caída del 35% en las ventas comerciales refleja el efecto de inmovilizar los recursos de una porción significativa de la población. Para miles de pequeños comerciantes y trabajadores independientes, la cuenta era una herramienta para cobrar, comprar mercadería y sostener su actividad.
Las causas de la intervención
Según las inspecciones del Banco Central, el índice de solvencia de Ueno Bank había descendido a 5,56%, frente al mínimo obligatorio de 12%. Las autoridades identificaron deficiencias en la evaluación crediticia, inconsistencias en la documentación de préstamos y operaciones de gran magnitud con empresas presuntamente vinculadas al grupo controlador.
Las irregularidades obligaron a correcciones contables superiores a 1,6 billones de guaraníes, a lo que se sumó la imposibilidad de recomponer encajes obligatorios por 70 millones de dólares. Esto derivó en la resolución de la entidad y en la detención de su CEO, Miguel Vázquez. Las investigaciones sobre las responsabilidades empresariales continúan.
Qué pasará con los depósitos
El Fondo de Garantía de Depósitos cubre el equivalente a 75 salarios mínimos, unos 228,3 millones de guaraníes, aproximadamente 38.600 dólares por depositante, aunque eso no implica una devolución inmediata. El Banco Central anunció un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes por persona, unos 1.675 dólares. El resto de los depósitos garantizados se devolverá según un cronograma oficial. La ley fija un plazo inicial de 15 días corridos desde la resolución, prorrogable por otros 15. Quienes superen el límite de cobertura dependerán del resultado del proceso de recuperación y transferencia de activos.
Fondos públicos comprometidos
El Instituto de Previsión Social tenía inversiones por cerca de 355 millones de dólares en Ueno Bank, alrededor del 9% de su cartera, y administraba el pago de haberes de unos 32.000 jubilados. También quedaron involucrados fondos de la Administración Nacional de Electricidad y de la represa binacional de Itaipú.
El caso Peña
El escándalo alcanzó al presidente Santiago Peña, quien fue accionista de Ueno Holding y mantuvo vínculos empresariales con el grupo hasta marzo de 2025. Las sospechas se profundizaron porque, tras asumir la Presidencia, designó al entonces titular de Ueno Bank, Carlos Carvallo, al frente del Banco Central, organismo que supervisa a las entidades financieras. La crisis obligó a Peña a pedir la renuncia de Carvallo.
La mirada sobre Argentina
El autor señala que el episodio interpela el discurso de Javier Milei, que suele presentar a Paraguay como referencia por su estabilidad macroeconómica, sus bajos impuestos y su inversión privada. Según la nota, la experiencia paraguaya muestra los riesgos de una expansión financiera acelerada cuando los controles son insuficientes.