El Gobierno anunció un programa de ciudadanía por inversión que exige a los extranjeros un aporte no reembolsable de US$350.000 o la compra de bonos por US$800.000, mientras miles de inmigrantes que trabajan, estudian y aportan al país desde hace años siguen esperando una residencia que nunca llega. La medida profundiza un modelo que prioriza el capital sobre las personas y convierte a la nacionalidad en un bien de mercado.
El Gobierno de Javier Milei puso en marcha un programa que permite a extranjeros solicitar la ciudadanía argentina a partir de una inversión. Según informó el Ejecutivo, el esquema presenta dos alternativas para el solicitante principal: un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por US$800.000 creado específicamente para el programa. Las solicitudes comenzarán a recibirse durante el cuarto trimestre de 2026 y el mecanismo se apoya en los cambios introducidos en 2025 a la Ley de Ciudadanía, que habilitaron esta posibilidad para quienes acrediten una «inversión relevante», cualquiera sea su tiempo de residencia en el país.
El desembolso no significa la entrega inmediata de la nacionalidad. Los postulantes deberán atravesar controles sobre identidad, antecedentes penales, situación patrimonial y financiera, origen de los fondos e historial migratorio. La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de varios organismos antes de que Migraciones emita una resolución. Pero más allá de los filtros, el mensaje es claro: en la Argentina de Milei, la ciudadanía tiene un precio y ese precio está en dólares.
Un modelo que privilegia a los ricos
La comparación internacional que acompaña el anuncio oficial no hace más que confirmar la lógica del programa. En Estados Unidos, el programa EB-5 exige una inversión mínima de US$800.000 cuando se realiza en un área de empleo objetivo o en proyectos de infraestructura elegibles, y de US$1.050.000 para el resto de los casos, además de crear 10 puestos de trabajo de tiempo completo. El inversor accede inicialmente a la residencia permanente condicional —la Green Card— y para una eventual ciudadanía debe avanzar posteriormente con el régimen general de naturalización.
En Portugal, el régimen de Autorización de Residencia para Inversión (ARI) contempla aportes desde €250.000 destinados a producción artística o preservación del patrimonio cultural y desde €500.000 para investigación, fondos de inversión no inmobiliarios o determinados proyectos empresariales. Este programa otorga una autorización de residencia, no ciudadanía inmediata, y excluye la inversión inmobiliaria como mecanismo para acceder.
Turquía, en cambio, presenta un esquema más flexible: permite solicitar directamente la ciudadanía a partir de la adquisición de un inmueble por US$400.000 como mínimo, mantenerlo durante tres años, o mediante una inversión de capital de US$500.000, depósitos bancarios, bonos públicos o la creación de al menos 50 puestos de trabajo. Argentina y Turquía vinculan la inversión con la posibilidad de solicitar directamente la ciudadanía, mientras que Estados Unidos y Portugal ofrecen primero residencia para luego avanzar —si se cumplen las condiciones— a una eventual naturalización.
La constitución no dice eso
El problema de fondo no es técnico ni comparativo. Es de principios. La Constitución Nacional establece en su artículo 20 que «los extranjeros que pisen el territorio de la Nación gozan de todos los derechos civiles del ciudadano», y en su artículo 25 que «el Gobierno federal fomentará la inmigración europea». La tradición argentina, construida sobre esas bases, fue siempre la de una ciudadanía abierta, accesible, fundada en el arraigo, el trabajo y la residencia, no en el poder adquisitivo.
Este programa invierte esa lógica. Mientras un inmigrante que llega desde Bolivia, Paraguay o Perú, que trabaja en la construcción, en el campo o en el servicio doméstico, que paga impuestos y aporta a la economía, debe esperar años para regularizar su situación migratoria, un inversor con US$350.000 puede obtener la ciudadanía sin haber pisado el país más que para firmar los papeles. El mensaje es tan claro como injusto: el dinero vale más que el trabajo, el capital más que la persona.
Los especialistas advierten por detalles operativos y regulatorios que aún restan conocer. Pero más allá de las cuestiones técnicas, la pregunta que queda flotando es qué tipo de país quiere construir la Argentina. ¿Uno donde la nacionalidad es un derecho que se conquista con el esfuerzo, la residencia y el aporte a la comunidad? ¿O uno donde se compra con un cheque y se vende al mejor postor?
Un eslabón más de la misma cadena
Este programa no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de políticas que el Gobierno viene aplicando desde diciembre de 2023 y que apuntan a desregular el mercado, atraer capitales extranjeros y reducir el rol del Estado en la economía. El DNU 70/2023, que desreguló el mercado de alquileres y derogó la Ley de Tierras, es otro eslabón de la misma cadena. La venta de tierras a extranjeros, la flexibilización laboral, la apertura importadora y ahora la ciudadanía por inversión configuran un mismo modelo: el de un país que se entrega al mejor postor.
El Gobierno celebra cada uno de estos anuncios como un logro. Dice que la Argentina se abre al mundo, que atrae inversiones, que genera confianza. Pero la confianza de los mercados no es la confianza de la gente. Y un país que vende su ciudadanía al mejor postor no está abriéndose al mundo: está cerrándose sobre sí mismo, renunciando a sus principios más elementales en nombre de un pragmatismo que solo beneficia a unos pocos.
La ciudadanía no se vende
La ciudadanía es un derecho, no una mercancía. Es la pertenencia a una comunidad política, el acceso a derechos y obligaciones, la posibilidad de participar en la vida pública. Reducirla a un monto de dólares, a una suscripción de bonos o a una inversión inmobiliaria es degradar el vínculo entre las personas y el Estado, convertir la nacionalidad en un commodity y a los ciudadanos en accionistas de una empresa que no eligieron.
Argentina tiene una larga tradición de recibir inmigrantes, de integrarlos, de construir con ellos un país. Esa tradición no se sostiene con programas de ciudadanía exprés para millonarios. Se sostiene con políticas de inclusión, con acceso a la vivienda, al trabajo, a la salud y a la educación. Se sostiene con la convicción de que todos los que quieren vivir en este suelo tienen derecho a hacerlo, sin importar cuánto dinero traigan en la valija.
El Gobierno dice que el programa comenzará a recibir solicitudes en el último trimestre de 2026. Habrá que ver cuántos millonarios se interesan por un pasaporte argentino. Pero más importante que eso será ver si el país sigue siendo capaz de reconocerse en sus propios principios o si, definitivamente, los ha cambiado por un puñado de dólares.