La investigación judicial en la causa Cerimedo por el intento de asesinato contra la abogada Nadia Beller sumó esta semana nuevas detenciones y medidas de protección especial en Santa Cruz.
La investigación judicial por el grave atentado perpetrado contra la abogada Nadia Beller, ocurrido el pasado 17 de agosto en la ciudad boliviana de Santa Cruz, ingresó en una fase verdaderamente decisiva para el futuro del proceso. En este marco, el Ministerio Público Fiscal sostiene firmemente la hipótesis de que el consultor político Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, actuó como el autor intelectual de este violento ataque armado. Por este motivo, el expediente avanza rápidamente con la concreción de nuevas detenciones, la realización de audiencias judiciales clave y el refuerzo sustancial de las medidas de seguridad para resguardar la integridad de la damnificada.
Tras permanecer durante cinco días internada bajo estrictos cuidados médicos en las instalaciones de la Clínica Las Américas, la abogada logró recibir el alta médica el último sábado. La fiscal encargada de la instrucción, Yolanda Aguilera, confirmó oficialmente que la víctima contará con medidas de protección de forma permanente. Además, la funcionaria judicial adelantó que Beller deberá brindar una declaración ampliatoria ante las autoridades competentes, una diligencia procesal que se llevará a cabo únicamente cuando su estado de salud general se lo permita.
La salida del centro de salud privado se desarrolló bajo un riguroso operativo de custodia policial, producto de la extrema gravedad de los acontecimientos previos. Al abandonar el edificio médico trasladándose en una silla de ruedas, la propia víctima advirtió públicamente sobre su situación de extrema vulnerabilidad, asegurando que su vida continúa en serio riesgo. Cabe recordar que el brutal ataque fue ejecutado por dos sicarios que se encontraban disfrazados como repartidores, quienes efectuaron tres disparos. Debido a la magnitud de estas heridas, el equipo investigativo debió aplicar un protocolo especial de seguridad, tomando un primer testimonio inicial con la presencia y contención de un profesional psicólogo.
En paralelo a la recuperación de la abogada, la Fiscalía logró avanzar con importantes aprehensiones que podrían resultar fundamentales para esclarecer el entramado logístico delictivo. Entre los recientes detenidos figura un ciudadano de nacionalidad colombiana, identificado bajo las iniciales Víctor Hugo C. Z., quien decidió presentarse de manera voluntaria ante las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Respecto a este individuo, la fiscal explicó que primero procederán a indagarlo exhaustivamente antes de determinar si se trata del autor material del hecho, dado que el sospechoso negó de forma reiterada haber tenido participación.
De manera simultánea, otra persona resultó aprehendida bajo la grave acusación de haber entregado un arma de fuego a los presuntos atacantes. Sobre este punto, la representante del Ministerio Público subrayó que la portación ilícita de armamento constituye un delito flagrante e independiente, por lo que ahora los investigadores buscarán establecer fehacientemente si existe una conexión directa entre esta detención específica y el atentado. Asimismo, las autoridades se encuentran analizando diversas conversaciones extraídas de dispositivos telefónicos secuestrados. En dichos mensajes aparece mencionado el nombre de un supuesto jefe de Inteligencia policial, por lo que las personas identificadas durante estas pericias digitales serán citadas a declarar.
Por el lado de la defensa, el abogado representante de Cerimedo, Ernesto Giraldes, rechazó categóricamente todos los indicios presentados por la parte acusadora, afirmando que no existe ninguna vinculación de su cliente con los sicarios, ni pruebas de financiamiento. Sin embargo, el juez interviniente aceptó la solicitud formal de la Fiscalía y dictaminó una orden de 180 días de prisión preventiva para el acusado en la cárcel de Palmasola, argumentando la existencia de un posible riesgo de fuga y el peligro de obstrucción probatoria. Frente a esta medida, Giraldes negó que su defendido intentara huir hacia la Argentina, asegurando que ese viaje programado respondía a un llamado telefónico realizado por la propia Beller desde el hospital.
Con este complejo panorama, la causa atravesará una semana determinante con las audiencias correspondientes a los nuevos aprehendidos, para quienes se solicitará prisión preventiva por complicidad en tentativa de asesinato. Durante los próximos seis meses, la investigación continuará abordando diversas líneas, incluyendo el análisis de vínculos financieros, los probables nexos con funcionarios policiales y nuevos allanamientos para definir, finalmente, la posible elevación del expediente a la instancia de juicio oral.