En una tensa audiencia por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal Arias rechazó su recusación y demostró que una exempleada judicial filtraba información a los investigados.
Los tribunales de Concordia fueron escenario de una tensa audiencia judicial en el marco de la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. La jornada fue convocada a instancias de su abogado defensor, Jorge Romero, quien insistió vehementemente con el planteo de recusación para apartar de la investigación al fiscal José Arias, una solicitud que ya había sido rechazada en instancias anteriores.
El debate ante el juez de garantías Edwin Ives Bastian estuvo marcado por fuertes cruces y revelaciones inesperadas. Durante su extensa exposición, la defensa del matrimonio Bordet reiteró argumentos previos para cuestionar la objetividad de Arias. Romero acusó nuevamente al funcionario judicial de filtrar información sensible a la prensa, le atribuyó una marcada ideología antiperonista y señaló una supuesta amistad con el actual intendente Francisco Azcué. Además, sumó un elemento novedoso citando un artículo periodístico de opinión que especulaba con un inminente ascenso del fiscal, sugiriendo que esto motivaba su accionar contra el exmandatario provincial.
Sin embargo, el punto más álgido del planteo defensivo fue la presentación de un acta de declaración privada de Norberto Germán Flores, un hombre investigado por sus estrechos vínculos con Bordet y con el empresario Salvador Carubia, señalado como posible testaferro. Según el abogado, Flores aseguró que el fiscal Arias lo citó verbalmente a su despacho y le ofreció impunidad para él y para su hijo a cambio de que aportara información incriminatoria sobre el patrimonio de la familia Bordet, mencionando supuestos bolsos con dinero y sociedades en el exterior.
La respuesta del Ministerio Público Fiscal no se hizo esperar y fue contundente. Arias tomó la palabra visiblemente molesto, desestimó las acusaciones de sesgo ideológico recordando ocasiones donde falló a favor de los intereses del peronismo o en contra del actual intendente, y enmarcó la recusación como una simple maniobra dilatoria para desviar el eje de la investigación patrimonial de fondo.
Para refutar la acusación sobre las filtraciones mediáticas, el fiscal presentó su prueba más explosiva: grabaciones de audio que demostraban que la fuga de información provenía desde adentro de la propia fiscalía. Arias reprodujo mensajes de voz de Giuliana Flores, empleada de los tribunales e hija del investigado Norberto Flores. En los audios, la joven le detallaba a su familia los movimientos del expediente, mencionaba oficios relacionados con los montos millonarios operados por Carubia y confesaba que borraba todos los chats para no dejar rastros de su accionar indebido. Tras la exposición de estas pruebas irrefutables, que derivaron en una denuncia penal por violación de secretos, la empleada fue despedida inmediatamente de su cargo.
Arias calificó a la joven como un verdadero «caballo de Troya» insertado por Bordet para boicotear la causa. Para sostener esta hipótesis, el fiscal exhibió registros de llamadas nocturnas entre el exgobernador y Flores justo el día de los allanamientos a las empresas investigadas, además de capturas de pantalla con facturas enviadas por el propio exmandatario. También reveló mensajes donde Flores actuaba como emisario de la «familia B» ante el presunto testaferro.
Finalmente, Arias desmintió la supuesta reunión secreta denunciada por la defensa. Proyectando las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio judicial correspondientes a la fecha señalada, demostró que dicho encuentro jamás existió, ya que los videos muestran a Flores deambulando en la vereda y retirándose sin ingresar al despacho fiscal.
Tras el duro intercambio de pruebas y acusaciones cruzadas, el juez Bastian dio por concluida la audiencia y pidió disculpas por no poder fijar una fecha exacta para anunciar su resolución definitiva.
