La Policía de Mendoza detuvo a María Luisa Lezcano Rodríguez, una entrerriana acusada de hacerse pasar por perito y aportar datos falsos sobre el paradero de Loan Danilo Peña, aunque recuperó la libertad horas después.
La Policía de Mendoza detuvo este miércoles a María Luisa Lezcano Rodríguez, una mujer oriunda de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, actualmente radicada en la provincia andina, que es investigada por presentar pistas falsas sobre el paradero de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido el 13 de junio de 2024 en Corrientes.
El procedimiento se realizó en Colonia Las Rosas, jurisdicción de Tunuyán, luego de que la mujer fuera identificada mediante un sistema biométrico y se constatara que tenía medidas judiciales pendientes. Según la información policial, Lezcano Rodríguez aportó datos erróneos sobre su identidad, por lo que los efectivos recurrieron al sistema biométrico y lograron establecer correctamente quién era. A las horas de la detención, recuperó la libertad.
Lezcano Rodríguez había adquirido notoriedad durante los primeros días de la búsqueda de Loan. La mujer se presentaba como especialista en búsqueda de personas desaparecidas y aseguró públicamente que había sido convocada por la Policía de Corrientes para colaborar con el operativo. Sin embargo, los investigadores no encontraron constancias oficiales que acreditaran ese vínculo.
Durante su intervención, realizó tareas de rastreo junto a bomberos y presentó peritajes grafológicos sobre firmas atribuidas a Mónica Millapi, Daniel «Fierrito» Ramírez y Bernardino Benítez. También habría aportado información que posteriormente fue considerada de dudosa veracidad y que pudo haber generado pistas falsas en una investigación particularmente compleja.
La causa también puso bajo análisis sus antecedentes. En 2018 había sido acusada en Zapala, Neuquén, por usurpación de títulos y honores, luego de que utilizara un uniforme militar y se presentara como capitana del Ejército. En ese expediente fue sobreseída por prescripción.
En diciembre de 2024, la Justicia había ordenado su captura para notificarle la imputación por usurpación de título. Además, se había dispuesto un allanamiento en su vivienda de Tunuyán para secuestrar su teléfono y analizar posibles chats vinculados con las sospechas de falsificaciones. En aquella oportunidad no habían logrado localizarla.