El secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos, Martín Cabrera, advirtió que la declaración de emergencia sanitaria en salud mental no tendrá impacto real si no se acompaña con una ampliación del presupuesto, y señaló que la demanda de atención se triplicó en el último tiempo.
El Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (ORSMER) profundizó sus advertencias sobre la implementación del Decreto N° 2130/26, que declaró la urgencia sanitaria en materia de salud mental en la provincia. Días después de que el organismo enviara una nota al gobernador Rogelio Frigerio pidiendo que se garantice la ejecución de la medida, su secretario ejecutivo, Martín Cabrera, explicó los alcances y los límites concretos de la declaración.
Cabrera marcó una distinción clave entre el decreto de urgencia y una eventual ley de emergencia en salud mental. Mientras la primera implica «el reconocimiento de la existencia de la problemática», según explicó, no conlleva de manera automática una ampliación de las partidas presupuestarias. Una ley, en cambio, «tiene el poder de modificar otras leyes» y permitiría «ampliar partidas presupuestarias, crear cargos, modificar inclusive otras leyes como una ley de presupuesto». Por eso, remarcó, la capacidad de incidencia real de un decreto «es menor» a la de una norma legislativa específica.
En diálogo con Un martillo para darle forma – Radio Plaza, el funcionario fue categórico sobre el nudo del problema: «Si esto no viene acompañado con mayor asignación presupuestaria, dentro de un plan estratégico de mejoramiento», la declaración de urgencia corre el riesgo de no traducirse en cambios reales. Puntualizó que mejorar la atención primaria, los dispositivos intermedios, la capacitación del recurso humano y las condiciones laborales de los trabajadores del sistema «no se puede hacer si no existe mayor presupuesto».
Sobre la magnitud del problema, Cabrera señaló que en el último tiempo la demanda de atención «se ha triplicado» según reportan las instituciones de salud consultadas, un fenómeno que atribuyó en parte al impacto de la pandemia y a las dificultades económicas que atraviesan las familias. Vinculó además el deterioro de las condiciones materiales de vida -incluyendo la discontinuidad de programas nacionales de provisión de medicamentos- con mayores niveles de descompensación y una demanda de atención «mucho más intensa» sobre un sistema que, según describió, está colapsado: consultorios externos del Hospital Escuela con turnos a tres meses de espera, y escasez de médicos psiquiatras dispuestos a trabajar en el sistema público.
Como ejemplo concreto de esa escasez, mencionó el caso del equipo de salud del hospital del DOMACC, en Bajada Grande, que se quedó sin médico psiquiatra tras una renuncia: pese a que el cargo está disponible, no consiguen profesionales que quieran ocuparlo, lo que obliga a los usuarios de esa zona de Paraná a trasladarse a centros más alejados y, según Cabrera, muchos de ellos terminan sin atenderse.
Consultado sobre el cierre de la única casa de medio camino que funcionaba en Paraná, Cabrera aclaró que el dispositivo no cerró sino que se trasladó, pero cuestionó el nuevo espacio: a su criterio, «no funciona como una casa de medio camino» sino como «un dispositivo más de corte institucional», lo que le hace perder buena parte de su función terapéutica, ligada a recrear un ambiente hogareño que facilite la inclusión progresiva de los usuarios en la vida comunitaria. Según explicó, el traslado se debió a la no renovación del alquiler del inmueble anterior, y el proceso de contratación de un nuevo espacio «se ha venido extendiendo» en el tiempo pese a las presentaciones realizadas por el propio órgano para acelerarlo.
