Cuatro legisladores de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado presentaron un amparo judicial con pedido de medida cautelar para frenar la venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) hasta que el Gobierno entregue la documentación sobre la tasación oficial de la empresa.
Los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich y las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano, integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, presentaron un amparo contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del Ministerio de Economía.
La acción judicial radicada en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 3, bajo el expediente CAF 49549/2026, apunta a que se conozcan los fundamentos técnicos utilizados para establecer el valor de la empresa, en el marco del proceso que contempla la venta del 90% de las acciones actualmente en manos del Estado nacional.
Según el escrito, los legisladores requirieron documentación los días 12 de agosto y 28 de septiembre del corriente año. Sostienen que la ATEP rechazó el acceso invocando esa resolución, cuya falta de publicación en el Boletín Oficial también cuestionan.
El pedido cautelar
Los demandantes solicitaron una medida cautelar de no innovar para suspender la adjudicación y evitar la transferencia accionaria hasta que se entregue la documentación. El otorgamiento de la medida requiere una decisión del tribunal.
La acción se suma a la denuncia que los mismos integrantes de la Bicameral presentaron este jueves ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por presuntas irregularidades en los procedimientos de valuación y en la reserva de los informes.
Contexto de la privatización
La oferta más alta fue presentada por el consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX, que ofertó US$340,2 millones por el 90% del paquete accionario, superando la propuesta de Roggio, que ofreció US$285 millones. El monto quedó por debajo de los US$500 millones que pretendía obtener el Ministerio de Economía.
El proceso se enmarca en la Ley de Bases N° 27.742, que declaró a AySA «sujeta a privatización», y el Decreto 494/2025 que autorizó su privatización total. El nuevo contrato de concesión contempla inversiones obligatorias por $2,89 billones para el período 2027-2031, con metas de cobertura del 75,3% en agua y 63,9% en cloacas para 2031.