El Senado convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que restituye la vigencia de la Ley de Tierras, flexibiliza los desalojos y endurece las expropiaciones, con 42 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención.
La iniciativa, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, recibió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Convicción Federal, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y la chubutense Edith Terenzi. Votaron en contra el bloque Justicialista, el Frente Cívico por Santiago, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y el puntano Fernando Salino. El texto había sido devuelto por Diputados con la restitución de la Ley de Tierras Rurales (N° 26.737), luego de los fallos de la Corte Suprema que generaron que el oficialismo acelerara su tratamiento ante la amenaza opositora de derogar por completo el DNU 70/23. La flamante norma contempla la derogación del artículo 154 de ese decreto y dispone “restituir la plena vigencia” de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que prohíbe que extranjeros superen el 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. El proyecto original de Sturzenegger proponía eliminar cualquier límite a la compra de tierras por parte de foráneos, en línea con el DNU fundacional de Javier Milei.
El costo social de la norma
Organismos de derechos humanos, asociaciones de inquilinos y comunidades indígenas cuestionaron el impacto de la ley sobre los sectores más vulnerables. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que el proyecto “promueve la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos” y “facilita desalojos rápidos de inmuebles urbanos y rurales”. Según el organismo, las modificaciones permiten iniciar acciones de desalojo a personas o instituciones aunque no sean afectados directos, incorporan la posibilidad de restitución inmediata del inmueble para ocupantes considerados “precarios” o “intrusos”, y autorizan medidas procesales rápidas como allanamientos, uso de la fuerza pública, habilitación de días y horas inhábiles y apertura de cerraduras.
La Defensoría del Pueblo de Formosa calificó el nuevo régimen como “el más agresivo de América Latina” y advirtió que, ante la falta de pago del alquiler, el propietario podrá solicitar la desocupación inmediata con una simple declaración jurada, y el juez deberá resolver en cinco días, sin que el inquilino pueda detener el proceso pagando lo adeudado. Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, lo resumió: “primero se desaloja, después te defendés”. El CELS agregó que la reforma introduce “plazos exiguos para la rescisión de los alquileres y/o desalojo de viviendas” en el contexto de crisis económica.
En materia de tierras, el CELS señaló que al permitir la venta de tierras rurales “sin ningún tipo de condiciones” se “pone en riesgo derechos de los pueblos indígenas y campesinos”. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) advirtió que el proyecto “excluye a los Pueblos Originarios” y constituye “un permiso abierto para un nuevo ciclo de concentración en pocas manos”. La Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (Orcopo) denunció que la ley busca “apurarle el desalojo de inquilinos, de pueblos originarios, de gente con tenencia precaria de tierras”.
El Observatorio de Tierras cuestionó que la continuidad de la Ley de Tierras quede supeditada a una iniciativa que incluye otros cambios sobre el derecho de propiedad, y reclamó que el Congreso discuta por separado la protección de las tierras y las disposiciones sobre desalojos y expropiaciones. El CELS también observó que la norma “reduce la capacidad del Estado para emprender políticas de cuidado ambiental, infraestructura, o de planificación urbana”.








