La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) rechazó el proyecto de comercialización de créditos de carbono aprobado en el Senado y advirtió sobre los riesgos que la iniciativa representa para los territorios, los ecosistemas y las comunidades, en un contexto en el que el país no tiene metas climáticas actualizadas ni una estrategia para reducir sus emisiones. El texto, que ahora deberá debatirse en la Cámara de Diputados, regula la comercialización de créditos que representan emisiones de gases de efecto invernadero evitadas o capturadas, pero permite que las empresas compensen su contaminación sin necesidad de reducirla en origen.
Desde la AAdeAA explicaron que «el problema de fondo al comprar créditos de carbono no equivale a reducir emisiones en origen, ya que los mecanismos de compensación pueden permitir que grandes empresas contaminantes continúen emitiendo gases de efecto invernadero mientras financian proyectos de conservación o captura de carbono en otros territorios». Además, señalaron que estos sistemas presentan riesgos de especulación financiera, acaparamiento de tierras y vulneración de los derechos de comunidades indígenas y campesinas.
El texto aprobado contempla beneficios fiscales para la comercialización de créditos, incluidos diez años de estabilidad fiscal y una alícuota del 0% en derechos de exportación. Al mismo tiempo, eliminó la Reserva Estratégica Nacional de Carbono y los cupos de transferencia internacional previstos en el proyecto original, que buscaban resguardar reducciones para el cumplimiento de las metas climáticas argentinas. Frente a esto, desde la entidad sostienen que la Argentina no puede subordinar la protección de sus bosques, humedales y otros ecosistemas a su capacidad de generar créditos comercializables.
En una carta colectiva dirigida al Senado, la organización reclamó abrir el debate legislativo, incorporar la participación de organizaciones, comunidades e instituciones científicas y establecer garantías para los territorios. «Rechazamos la aprobación de este proyecto en las condiciones actuales y reclamamos que la Cámara de Diputados abra un debate público, amplio e informado», expresaron, y remarcaron la necesidad de una verdadera política climática que priorice la reducción directa de emisiones, la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades. «Convertir las emisiones en activos financieros no puede sustituir las transformaciones necesarias para enfrentar la crisis climática», aseveraron.
Entre el mercado voluntario y las metas nacionales
Actualmente ya opera un mercado voluntario de créditos de carbono que no requiere de una ley nacional. Sin embargo, el nuevo proyecto busca fusionarlo con los mercados regulados previstos en el artículo 6 del Acuerdo de París, que establece el marco para que los países colaboren de forma voluntaria en la reducción de emisiones y cumplan con sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional. Los créditos generados bajo esta lógica tienen implicancias para las cuentas nacionales, ya que impactan en el inventario de gases de efecto invernadero y alejan al país del cumplimiento de sus metas.
Entre los principales cuestionamientos se encuentran las dificultades para monetizar las emisiones y las estrategias utilizadas por corporaciones para blanquear madera proveniente de la tala ilegal, acaparar tierras o plantar monocultivos forestales. Los mercados de carbono permiten asignar un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero, que en la Argentina provienen principalmente de los sectores energético y agropecuario. En la práctica, suele ser complejo comprobar que las emisiones realmente se hayan evitado o que el carbono haya sido capturado, y persiste el riesgo de que las empresas utilicen estos créditos para justificar que continúan contaminando.
Falta de institucionalidad y cuestionamientos técnicos
Juan Carlos Villalonga, asesor en energía y cambio climático del Círculo de Políticas Ambientales, planteó que el proyecto «refleja una incomprensión de los mercados de carbono» y destacó que «tanto el debate en comisión como en el plenario fueron casi nulos». Además, señaló que la iniciativa incorpora mercados voluntarios que por definición no están regulados por los Estados. Villalonga agregó que el Gobierno nacional carece actualmente de institucionalidad en materia de política climática: la Argentina ha tenido un desempeño cuestionado en las últimas cumbres del clima y continúa siendo uno de los pocos países que aún no ha actualizado sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtió que los mercados de carbono permiten a las empresas compensar emisiones sin reducirlas en origen y criticó que la conservación de los ecosistemas quede subordinada a su capacidad de generar créditos comercializables, señalando que el carbono almacenado en los bosques puede volver a la atmósfera debido a incendios, sequías o deforestación. «Para que un crédito de carbono sea real, tiene que poder probarse que la reducción de emisiones ocurrió efectivamente, que no hubiera sucedido sin el proyecto, que el problema no se trasladó a otro lugar y que la mejora perdure en el tiempo», explicó Villalonga.
El especialista advirtió que cumplir con estas condiciones es muy complejo cuando los proyectos involucran bosques, suelos o selvas, precisamente lo que más se propone en el país ante la presión de empresas y consultoras internacionales atraídas por la posibilidad de monetizar los recursos naturales. «El riesgo está en verificar que los controles fallen y, en tal caso, lo que se vende es humo: certificados que no representan ninguna reducción real de emisiones, pero que permiten a quien los compra seguir contaminando como si hubiera compensado».
Finalmente, Villalonga sostuvo que la meta climática presentada por el gobierno argentino ante las Naciones Unidas tiene poca ambición, ya que propone reducir menos de lo posible. «No es casualidad: una meta laxa genera créditos sobrantes que se pueden vender, y algunos estarían inflando la meta para tener más y comercializar, no para reducir emisiones de verdad», concluyó, a la espera de que el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados en las próximas semanas.
